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    El discurso de Lacalle Pou en la Celac y en la ONU I

    Sr. Director:

    He dejado pasar muchos días luego que el señor presidente de Uruguay se pronunciara, en el seno de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamerica­nos y Caribeños) y de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), sobre las situaciones antidemocráticas de países de nuestra región: Cuba, Nicara­gua y Venezuela. En la Celac mencionó a esos países, en la ONU se refirió a las situaciones sin nombrarlos.

    Muchas voces de la oposición de nuestro país se alzaron contra esos pronun­ciamientos. Algunos de esos voceros fueron muy torpes en sus dichos, otros fueron prudentes e hicieron hincapié en el ámbito, pero no en la esencia de lo expresado por el señor presidente. En estos renglones pretendo realizar algunos comentarios jurídicos sobre las diferentes expresiones de la oposición.

    No me comprenden las “generales de la ley”. Soy una persona que está en la 3ª edad. Ejercí la abogacía durante 32 años. En mi primera juventud, fui militante libertario de la primera línea de fuego en diferentes ciudades del mundo, conservo gran parte de mis viejas utopías y mis coincidencias con el gobierno son parciales.

    Expresó el señor presidente en la Celac: “Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.”

    El representante nacional Daniel Caggiani (MPP), confrontando al presidente expresó: “hace muy mal el presidente Lacalle en confundir su posición per­sonal o partidaria con la posición de nuestro país en un foro regional como la Cumbre CELAC 2021” (www.montevideo.com.uy 18/09/21). El señor dipu­tado, desconoce entonces el artículo 159 de la Constitución de la República que dispone: “El Presidente de la República tendrá la representa­ción del Estado en el interior y en el exterior”. Quiere decir que, un presidente elegido democráticamente, cuando habla, expresa la posición del país.

    El senador Danilo Astori dijo al respecto: “No es su tarea (del presidente) ponerse a señalar los grados de democracia que hay en determinados países. No creo que sea un tema del presidente”.

    Por su parte el intendente del departamento de Canelones Yamandú Orsi expresó: “… me parece que en esos ámbitos internacionales debemos pelear mucho por las libertades, por la democracia, pero no interviniendo o plan­teando cuestiones que tienen que ver con la vida de otros países porque como dije recién rompemos una tradición de mucha prudencia que ha tenido Uruguay”.

    Es cierto que existen grados de democracia como dice el senador Astori. También es cierto que existen grados en casi todos los aspectos de la vida personal, social y hasta culinaria. Las personas tienen diferentes grados de compromiso con sus adhesiones políticas o religiosas, las sociedades tienen diferentes grados de desarrollo económico y cultural y los postres pueden tener diferente grado de dulzura. Cada uno hace la evaluación de los grados.

    En los países en donde impera la “dictadura del proletariado” (como expresó el Sr. Intendente Yamandú Orsi), en los que se proscribe y encarcela a la oposición, en los que hay presos políticos, en los que no existe una justicia independiente del poder ejecutivo, en los que existe censura a la expresión del pensamiento, en los que se tortura a los disidentes, el grado de democracia es cero. Esa es la situación de Cuba, Ni­caragua y Venezuela internacionalmente reconocida.

    Las preguntas entonces son dos. 1ª: ¿Es correcto que un presidente señale los grados de democracia de determinados países sin romper el principio de no intervención? 2ª: ¿la cumbre de la Celac es un lugar inapropiado para expresarse sobre el grado de democracia de los países que la integran?

    Mi opinión jurídica al respecto, es que sí a las dos pre­guntas, y explicaré porqué, comenzando por la 2ª pregunta.

    El artículo 11 del acta fundacional de la CELAC dice: “Conscientes de la aspi­ración común de construir sociedades justas, democráticas y libres y, con­vencidos de que cada uno de nuestros pueblos escogerá las vías y medios que, basados en el pleno respeto de los valores democráticos de la región, del Estado de derecho, sus instituciones y procedimientos y de los derechos humanos, les permita perseguir dichos ideales”.

    Parece obvio entonces que los estados miembros de la Celac crearon dicha organización teniendo en cuenta su “aspiración común de construir socieda­des justas, democráticas y libres… basados en el pleno respeto de los valores democráticos de la región, del Estado de derecho…”. Entonces, si uno o varios miembros de la Celac dejan de lado esa aspiración común deben corregir su actitud o dejar la organización creada. Es algo muy elemental, no requiere otra explicación ni se trata de la “no intervención”. Cualquiera de los miem­bros puede y debe poner de manifiesto el apartamiento a esa as­piración porque implica un cese de los compromisos y finalidades perseguidas.

    Corresponde entonces decir dónde y cuándo decirlo. Debe hacerse en el seno de la organización (Celac) y en el momento de la reunión de su máximo órgano, no puede decirse fuera de la misma ni por Twitter.

    En lo estrictamente personal quisiera que esos países volvieran a niveles adecuados de democracia, en su defecto nuestro país debería reconsiderar su pertenencia a dicha organización.

    Lo expuesto no significa dejar de lado las terribles inconsistencias demo­cráticas de otros países en los que se constatan asesinatos de referentes socia­les, ecologistas o sindicalistas. Pero debe considerarse si en esos países existe la posibilidad de elec­ciones sin proscritos, sin presos políticos, sin tor­tura, con una oposición severa y con la posibilidad de libre expresión del pensamiento. Tampoco niego que existen demasiados países en los que los principios democráticos no existen y con varios de ellos mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales. La diferencia jurídica y sustancial es que Cuba, Nicaragua y Venezuela pertenecen a la región y nos unen numerosos tratados internacionales en los cuales se han comprometido al respeto de la democracia y el “estado de derecho”, que hoy no respetan.

    Para concluir, entiendo que las expresiones del señor presidente del Uruguay ante la Celac y la ONU sobre situaciones antidemocráticas de países de nuestra región han sido “justas y perfectas” en su contenido y en el lugar donde se emitieron. Por el contrario, las manifestaciones de disconformidad con las mismas, por parte de la oposición política de nuestro país, son producto de afinidades ideológicas más o menos fuertes, pero resultan jurídicamente deleznables (DRAE: adj. poco, inconsisten­tes, de poca resistencia).

    Ariel Callorda Salvo

    CI 1.206.841-4