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A 20 días de que el gobierno decretara la esencialidad de los servicios de salud pública y obligara a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) a desocupar los hospitales, el Poder Ejecutivo busca un acuerdo formal a una negociación trancada. Mientras tanto, la FFSP lanza una nueva ofensiva mediática y critica a ASSE por contratar empresas que luego incumplen con sus obligaciones y generan tensiones entre la Federación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
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En las últimas reuniones que mantuvieron las autoridades sanitarias con la FFSP no hubo avances porque, según fuentes de gobierno consultadas por Búsqueda, la Federación no se ha comprometido a bajar la amenaza de huelga y por este motivo el Poder Ejecutivo no retira la esencialidad decretada.
Pablo Cabrera, dirigente de FFSP criticó al gobierno por “golpearle a los públicos” mientras las empresas contratadas por ASSE están incumpliendo los contratos “y nadie dice nada”. Los incumplimientos de las empresas contratadas por ASSE en el sector limpieza revelan “la necesidad de contratación directa” de los trabajadores porque, salvo excepciones, los intermediarios “han demostrado ser incapaces” en el manejo de fondos y el personal, señaló a Búsqueda.
Cabrera denunció que la empresa Duranil SA, que presta servicios en el Hospital Piñeiro del Campo —donde se atienden cerca de 300 pacientes de la tercera edad— y también en el Hospital de Salto, “no tiene solvencia” y “llegó un momento en que no pagaba los salarios” de los cerca de 90 funcionarios que allí trabajan.
El dirigente afirmó que la empresa “hacía retenciones particulares, como de ANDA, y no los volcaba después a quien correspondía”, lo que generó que los trabajadores “no pudieran acceder a créditos por estar en deuda”. ASSE es quien ahora le descuenta el pago que le corresponde a Duranil y le paga a los empleados. “Es todo una cosa muy irregular del movimiento de los recursos por ASSE”, opinó Cabrera.
Además criticó que con Duranil —denunciada por la FFSP ante el Ministerio de Trabajo— “en el servicio de limpieza donde tenía que haber cuatro funcionarios había solo uno”, lo que “de mantenerse podría generar un riesgo sanitario” en los centros de salud, pero no ha sucedido aún “por voluntad” de los funcionarios presupuestados de ASSE, que “sacan medianamente el trabajo adelante”.
En el Hospital de Salto ocurre lo mismo con los servicios de limpieza y seguridad, que son los que están tercerizados, donde “no se paga la nocturnidad de los trabajadores”, “no se les da las condiciones de vestimenta” y “en algunos casos faltan los artículos para la limpieza”, denunció el sindicalista.
En este sentido, Cabrera indicó que “en estos casos, el intermediario en la mayoría de los lugares ha demostrado ser incapaz tanto a nivel del manejo de los fondos como del manejo del personal”. Además aseguró que “ASSE es el que termina pagando el trabajo de los funcionarios porque la empresa no se puede hacer cargo”.
“Lo que hay que hacer es revisar cómo se hacen las licitaciones y las compras del Estado, ese es el punto grave. ASSE termina siendo un emergente y se está demostrando cuál es la realidad”, sostuvo.
En el Hospital Pasteur se contrató a tres empresas para que brinden los servicios de limpieza y vigilancia: Ona Médica, Trabajo Sano y APEX.
Según Cabrera, en las tres “se dan los mismos problemas” que con Duranil SA “pero con el agravante” de que APEX “obligaba a los funcionarios a realizar trabajos para los que no estaban preparados”.
“Es negligencia, porque no podés mandar a una persona a cumplir con una tarea para la que dentro del hospital tenés que tener formación porque si no, el servicio se resiente. El hospital lo tiene que limpiar un auxiliar de servicio preparado con curso. No es lo mismo que limpiar una casa, porque se puede generar la contaminación de un block quirúrgico y generarle a un paciente operado una infección”, indicó.
Además indicó que se denunció a la empresa ante el Ministerio de Trabajo porque les pagaba a los funcionarios fuera de fecha. “Esto demuestra que no hay controles firmes sobre la solvencia de las empresas”, dijo Cabrera.
Otra de las involucradas es La Proa SA, encargada de brindar los servicios de limpieza y vigilancia a la red de atención primaria, que abarca todos los centros de atención de Montevideo, y por otro lado al Hospital Saint Bois. Cabrera reconoció las mismas dificultades con esta empresa ya que trabaja con menos personal del requerido y los funcionarios “no tienen las condiciones mínimas” de trabajo.
Por último, Cabrera hizo énfasis en que la empresa San Jorge, que presta servicios en el Hospital de Pando, fue denunciada por la FFSP ante el Ministerio de Trabajo por “acoso laboral” y “persecución con dejo de discriminación por destratos a una funcionaria”. El expediente aún continúa abierto.
“¿Quién deteriora más al Estado, nosotros los funcionarios públicos? Porque resulta que de las empresas que están jodiendo al Estado nadie opina, siempre lo miramos desde el lado más práctico que es tirarle a los funcionarios con toda la basura. Si las cosas salen hoy es porque nosotros estamos”, concluyó.
El dirigente destacó que “una de las pocas que ha dado cumplimiento” a los servicios es la ONG Plemu, encargada del Hospital Pereira Rossell. “Es el único lugar de contrarreferencia positivo”, aseguró.
Por último resaltó el buen desempeño de la empresa española Eulen en el Hospital Maciel.
