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Tras alcanzar un acuerdo de conciliación con su ex pareja, el dirigente Walter Morel iniciará acciones penales y civiles contra el Partido Socialista (PS) y varias de sus principales figuras, porque esa colectividad política lo expulsó por presuntos “brutales actos de violencia física” en el ámbito doméstico.
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Morel, ex dirigente y funcionario socialista en Montevideo, dijo a Búsqueda que quienes adoptaron la medida de sacarlo del PS “deberán pagar hasta las últimas consecuencias el daño realizado” a él y a sus “seres queridos”. Entre los políticos que están en su mira se encuentran Yerú Pardiñas, Hyara Rodríguez, Daniel Martínez, Julio Bango, Gustavo Bernini y María Elena Laurnaga.
Morel dijo que consultó a un abogado penalista antes de tomar la decisión de iniciar acciones penales y civiles contra los dirigentes del PS, una de las organizaciones fundacionales de la izquierda, por la decisión que tomó la colectividad a fines del 2014.
El 21 de diciembre el Comité Central (CC) del PS resolvió por 55 votos en 63 la expulsión de Morel. Votaron en contra de la expulsión el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato, y los dirigentes Rosa Quintana, secretaria de Equidad y Género capitalino, Alba Coco, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila y Nicolás Lasa.
Esa decisión se tomó después de que Adriana Fariña denunció ante la Secretaría Nacional de Equidad y Género del PS que Morel la golpeaba.
El Comité Central partidario discutió tres horas el tema antes de llegar a la resolución dividida. Durante el debate, Pardiñas, secretario general del PS, dijo que el partido no tiene por qué esperar un dictamen de la Justicia para expedirse, porque en el CC lo que se valora son “comportamientos políticos, éticos y morales” ante el propio partido “y ante la ciudadanía”.
El diputado Gonzalo Civila, en tanto, planteó que “la denuncia por violencia doméstica a nivel judicial la presentó él (Morel)” y luego hubo “un testimonio de su ex compañera diciendo que ella fue la víctima”.
Giro.
El episodio tomó un nuevo giro en estos días, cuando Morel y Fariña resolvieron sellar un acuerdo de conciliación ante la Justicia, dado que las agresiones fueron “mutuas”, aseguraron ambos a Búsqueda.
“Obviamente que se vivieron situaciones complicadas, que no quiero repetir, que se dieron en el marco de una situación absolutamente anormal, incluso con heridas autoinfligidas. Pero afortunadamente adoptamos el camino del acuerdo para establecer la conciliación judicial y cada uno, con sus mochilas, reiniciará la vida por su lado”, señaló Morel.
Fariña, que tras superar un tratamiento oncológico está en tratamiento psiquiátrico y psicológico, acusó a la secretaria de Equidad y Genero del PS, Noelia Millán, de abusar de su “estado de vulnerabilidad y depresión” con el “único objetivo de destruir a Walter”.
“En el partido me hicieron una cama, me usaron para destruir y enchastrar a Walter Morel y nunca me dieron contención real”, añadió en declaraciones a Búsqueda.
Denunciante original de las agresiones de Morel (llegó a publicarlas en su página de Facebook), Fariña señaló que desde el 5 de noviembre, y tras reunirse con Millán, solo tuvo un encuentro con el abogado que le ofreció el PS, Miguel Migliónico. Millán “manejó esto pura y exclusivamente con fines políticos hacia la interna del Partido”, dijo.
Indicó que en la resolución de la secretaría que tiene a su cargo Millán, se planteó que la apoyarían “para que sostenga un proceso de salida de la situación de violencia doméstica” y que esto incluía “el apoyo en patrocinio jurídico y la búsqueda de una salida laboral”. Pero nada de esto ocurrió, aseveró Fariña.
Protocolo socialista.
El episodio por el que Morel llevará al PS a la Justicia fue el detonante para que, en enero, el Comité Central partidario aprobara el “Protocolo de actuación sobre responsabilidad política ante situaciones de violencia basada en género, particularmente violencia doméstica y acoso sexual en el ámbito laboral o político”.
El documento tiene como objetivo “ser una guía de actuación para el Partido Socialista de Uruguay ante los casos de violencias basadas en las asimetrías de género, particularmente en lo que refiere a la responsabilidad política de agresores”.
El PS se plantea, según el documento, “tomar las medidas necesarias de protección hacia las víctimas” así como promover “la creación de una comisión a nivel nacional que actúe sobre los casos de discriminación particularmente en casos de violencia”.
