El financiamiento de la política

En la financiación de la vida política hay recursos propios que proveen los candidatos. Hay aportes efectuados por adherentes y simpatizantes que comparten las ideas e iniciativas enunciadas y cuya concreción esperan.

Los más de nueve millones de dólares en efectivo que el ex titular de la Secretaría de Obras Públicas pretendía esconder en un convento, o los más de cuatro millones y medio depositados en un cofre fort cuya titular era Florencia Kirchner, constituyen la evidencia más clara del latrocinio de los “gobiernos K” y del sentimiento de poder absoluto y de impunidad que caracterizó a la patota gobernante. Conociendo los códigos impuestos ya desde las primeras etapas del justicialismo, es obvio que no toda esa fortuna era para financiar una operación de regreso al poder. No por casualidad Argentina figuraba en el ranking de percepción de corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI) en la posición 107 sobre 168 países considerados.

Argentina y Brasil —donde la presidenta Dilma Rousseff está separada del cargo mientras el Congreso decide su futuro— han sido los casos más recientes, más impactantes y más notorios aquí, por su vecindad. Pero ni por asomo son los únicos casos en la región de acciones ilegales o reñidas con la ética pública.

Durante años hemos escuchado denuncias de campañas políticas financiadas por el narcotráfico para candidatos en Colombia y México. El gobierno de Bill Clinton llegó a retirar la visa de ingreso a Estados Unidos al entonces presidente colombiano Ernesto Samper, actual secretario general de la Unasur, por la escasa cooperación de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Informes difundidos por Washington denunciaron que dinero del narcotráfico financió su campaña presidencial en 1993 y que influía sobre miembros de su gabinete y sus acciones como presidente (1994-1998).

El año pasado, Chile (23º en el informe de TI, solo precedido en la región por Uruguay, 21º) enfrentó un terremoto político cuando la autoridad impositiva llevó adelante una investigación que puso de manifiesto un delito tributario y el financiamiento ilegal de campañas y candidatos por parte del grupo empresarial Penta, dos de cuyos directivos fueron a prisión, y de la minera SQM. Las empresas aportaban dinero a políticos oficialistas y de la oposición, mediante la contratación de “asesorías”, “conferencias” y otros “servicios” que documentaban mediante boletas “ideológicamente falsas” para evadir el pago de impuestos. Prominentes legisladores, dirigentes partidarios y hasta un ministro muy allegado a la presidenta Michelle Bachelet, “beneficiados” por tales “contribuciones”, debieron renunciar a las posiciones que ocupaban.

Aun en nuestra pequeñez, Uruguay no es un mundo aparte. En nuestra escala estas cosas también ocurren.

En 2009 fue sancionada una ley que obliga a los partidos a declarar ante la Corte Electoral el origen de sus recursos y establece ciertas limitaciones para los aportes. Fue un primer paso. Pero como lo declarara el presidente de la Corte, José Arocena, (“El Observador”, 26/4/2016) es un paso insuficiente porque la ley “tiene lagunas” y porque la Corte carece de personal técnico y de recursos para auditar las declaraciones de los partidos. A su juicio, habría que avanzar legislativamente para lograr mayor transparencia y dotar de mayor credibilidad al sistema.

Semanas atrás, el ex presidente Luis A. Lacalle abordó el tema de la financiación de los partidos en un artículo que publicó en “El País”, en el que efectuó algunas propuestas, un planteo en el que no se advierte la intención de sacar ventajas. Veamos sus ideas:

– Eliminar la propaganda en la televisión que es extremadamente costosa y que supone vender un candidato como producto comercial.

– Presentación ante la Corte Electoral de un “breve resumen” de las principales propuestas de cada candidato que serían publicadas para su comparación y apertura de debates. Los candidatos deberían explicar “en 10.000 caracteres” para qué quieren ejercer el gobierno. Para su difusión, se recurriría únicamente a las emisoras oficiales de radio y TV.

– Mantener la financiación del Estado (pago por voto obtenido), así como una ayuda permanente a los partidos.

– Volcar los aportes empresariales a un fondo común electoral, a ser distribuidos por la Corte Electoral entre los partidos en función de los resultados electorales.

– Colaboraciones personales “a través de cuentas intervenidas por la Corte” limitándolas “a cierta cantidad por persona”.

– Acortamiento de los períodos de publicidad autorizados durante la campaña.

– Elecciones internas sin propaganda en la TV, conveniencia de ayuda estatal, posibilitar las donaciones personales pero no las de las empresas.

Al fundamentar su planteo, Lacalle destacó el beneficio de “liberar a los partidos políticos de ataduras, obligaciones o compromisos eventuales con los centros de poder económico” de modo de “mantener a nuestro país libre de lo que en otras latitudes existe y tantos males acarrea”. Fundamento compartible, aun cuando algunas de sus ideas parecen un tanto voladas.

Su planteo incluye una cierta ingenuidad al pensar que los empresarios harán aportes a una cuenta sin que exista algún tipo de reconocimientos o agradecimientos del apoyo recibido.

Sin perjuicio de ello, sus aportes tienen la virtud de poner sobre la mesa una cuestión de enorme importancia para mantener vivo el ideal democrático. Sobre todo en medio de tanta noticia que refiere al abuso de poder, a la conjunción de interés público y privado, a la corrupción desembozada.

No es un tema menor, al que los gobernantes deberían prestar la máxima atención y destinar esfuerzos tanto para mejorar la legislación vigente como para dotar a la Corte de los recursos económicos y técnicos, como con razón lo reclama su presidente.