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En el primer gobierno frenteamplista, por ley Nº 18.362 del 6 de octubre de 2008 se crearon los Juzgados Especializados en Crimen Organizado. Dichas sedes tienen como objetivo separar de la Justicia penal ordinaria determinados casos que resultaban de gran complejidad, como son las ya famosas asociaciones para delinquir. Narcotráfico, fraudes económicos, lavado de activos y todo tipo de estratagema que muchas veces la inteligencia humana pone al servicio del delito serían tratados en los mencionados juzgados, dándole un tratamiento a la causa más exhaustivo y no depender de los tiempos y la burocracia a que la Justicia ordinaria, en todas sus materias, nos tiene acostumbrados. Quizás el gobierno nunca imaginó que sobre dichos juzgados recaerían causas en las que en mayor o menor medida el Estado estaría implicado. A la fecha es de público conocimiento que en varias oportunidades el Estado fue investigado por maniobras de toda índole en los mencionados juzgados.
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El fiscal Juan Gómez tomó posesión de la Fiscalía de 2º turno en forma polémica. No por lo que atañe a su persona, sino por el traslado del fiscal Ricardo Perciballe, actualmente a cargo de la Fiscalía Civil de 1er. turno, quien había solicitado la citación del Dr. Gonzalo Fernández como indagado por presunta conjunción del interés personal y público cuando el mismo se desempeñaba como secretario de la Presidencia del Dr. Tabaré Vázquez. El fiscal de Corte Jorge Díaz resolvió su remoción de un día para otro y él propio fiscal Perciballe se desayunó con la noticia por los medios de prensa. La fiscal Mónica Ferrero, quien ocupaba en esa fecha el similar de 1er. turno, pidió el archivo del polémico expediente. Transcurridos estos hechos, el fiscal Juan Bautista Gómez aceptó por el periodo de dos años la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de 2º turno tomando posesión del cargo en mayo 2012.
Juan Gómez inició de oficio el primer expediente sobre el caso Pluna al que luego se le agregaron otras denuncias. Sorprendió al país el sábado 21 de diciembre de 2013 solicitando los procesamientos con prisión de los líderes de Leadgate SA por un delito continuado de estafa especialmente agravado, y los procesamientos sin prisión de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia por un delito innominado de abuso de funciones. Más anonadado quedó el oficialismo con la renuncia de su ministro de Economía y el pedido de procesamiento hacia él y al hasta hoy presidente del Brou que increíblemente mantiene su cargo. Una vez conocido el pedido fiscal y el fallo de la jueza Adriana de los Santos, se informó que una vez levantada la feria judicial mayor se iba a continuar con la causa y que el fiscal solicitaría más declaraciones tanto a funcionarios del gobierno como a empresarios. Muchas personas que han declarado en el expediente en calidad de testigos podrían ser citadas nuevamente en calidad de indagadas.
La actuación de los magistrados, y en lo que nos ocupa del fiscal Juan Gómez, ha despertado elogios y críticas, como es de esperar en una “caída libre” tan compleja, donde el gobierno tiene una cuantiosa parte de responsabilidad. Lo que no se puede negar es su tenacidad para investigar, su destreza, su competencia y por sobre todo la imparcialidad con la que llevó adelante la causa.
El 14 de enero del corriente año se conoció la noticia de que el fiscal abriría una nueva causa en la investigación luego de levantada la feria judicial.
Probablemente, para el fiscal, este sea el caso más importante de su vida o quizás no, ya que uno nunca sabe lo que depara el destino. Lo que sí es seguro es que este caso lo llevó a la boca de todos los ciudadanos por su destacada actuación. Para quienes eligen la carrera de la magistratura no es nada sencillo ocupar cargos como el que actualmente ocupa Gómez. El esfuerzo académico, el “derecho de piso” que hay que pagar, la presión de la opinión pública, el temor de proceder de forma inoportuna, etc., consume una gran parte de la vida.
Según informó el periódico “El Observador” en su edición del viernes 27 de diciembre de 2013, en mayo de 2014 se cumplirían los dos años de actuación del fiscal en crimen organizado y eso podría motivar su remoción. “Concluido ‘el caso Pluna’ es inminente un enroque entre los fiscales Juan Gómez y Luis Pacheco, quien ocupa el cargo de inspector de los fiscales, dijeron fuentes de las fiscalías”.
En octubre del año 2013, de acuerdo con noticias publicadas en medios de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz mantuvo una reunión con el fiscal Gómez y su similar de 1er. turno Mónica Ferrero con el fin de comunicarles que el cargo que ocupaban era “rotativo”, debido a la gran concentración de información que acumulaban y el estrés que dichos cargos conllevan. La primera “rotación” iba a ser lógicamente la de la fiscal Mónica Ferrero, quien se desempeñaba desde hacía cinco años en el cargo y luego se iba a proceder a la del fiscal Juan Gómez. Es acertado que los cargos sean rotativos, pero se debe tener un procedimiento y una especial congruencia en la forma en que se rota, se debe tener un respeto humano y profesional sobre el magistrado actuante en las causas que maneja, el trabajo invertido en su tramitación y el conocimiento ya adquirido sobre asuntos tan complejos. Hay que resaltar que en la fecha en que se dio la reunión, si bien la causa Pluna se encontraba en trámite, nada hacía suponer que dos meses después el oficialismo recibiría el peor revés judicial desde su llegada al gobierno.
Tuvimos un comienzo de 2013 muy polémico, con el traslado de la jueza Mariana Motta a una sede civil. La jurista más experimentada en derechos humanos y que tenía a su cargo más de cincuenta causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura fue trasladada de un día para otro, sin expresión de motivos, suscitando una polémica que perdura hasta la fecha.
En conclusión, dado los antecedentes de la remoción del fiscal Ricardo Perciballe en 2012 y de la jueza Mariana Motta en 2013, que fueron poco transparentes y no regladas a las normas del Derecho, esperemos que el 2014 no nos sorprenda con traslados sin una justificación funcional aparente y nos haga presumir que el móvil de los mismos obedece a fines ajenos a la administración de Justicia.
