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El fiscal penal Gustavo Zubía dijo a Búsqueda que si bien pidió procesamientos por el delito de “atentado” para siete de los activistas que en febrero ocuparon la Suprema Corte de Justicia, esa figura “podría ser mutada por un delito de sedición” en función del material que se agregue a la causa.
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El diario “El País” informó ayer miércoles 6, que Zubía apelará la decisión de la jueza Gabriela Merialdo, quien el lunes 4 procesó sin prisión por el delito de “asonada” a los siete manifestantes, entre los que se encuentran la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el extupamaro Jorge Zabalza.
El fiscal afirmó a Búsqueda que para la apelación no descarta cambiar la figura del delito. “Un proceso es un ser vivo que se transforma permanentemente”, argumentó. “La sedición y el atentado son delitos primos hermanos si bien el primero es más severo en la sanción. Mientras la sedición protege el orden político interno del Estado, el atentado protege a la administración pública”, agregó.
“Como soy partidario del Derecho Penal liberal opté por pedir el delito de atentado, porque es más leve para los propios imputados, pero de acuerdo al material que se ha anexado a la causa no descarto pedir el de sedición en un futuro”, prosiguió el representante del Ministerio Público.
Según el Código Penal, los sediciosos pueden ser condenados de dos a seis años de penitenciaría. En los próximos días el fiscal Zubía presentará el escrito en el que deberá decidir qué delito solicita para los imputados.
Sin prisión.
El lunes pasado, la jueza Merialdo procesó a siete de los manifestantes que el 15 de febrero ocuparon la Suprema Corte de Justicia para protestar en contra del traslado de la Jueza Mariana Mota, que pasó de la órbita penal a la civil. Distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos habían repudiado este cambio con el argumento de que se trataba de una decisión contraria a avanzar en el enjuiciamiento a responsables de crímenes cometidos durante la dictadura. Mota tenía a su cargo unos 50 expedientes con causas de violaciones de Derechos Humanos durante ese proceso. En la manifestación en apoyo a Mota hubo un fuerte enfrentamiento con la Policía que derivó en algunos incidentes y en los recientes procesamientos. Merialdo, sin embargo, ignoró el pedido del fiscal Zubía, quien reclamaba el procesamiento con prisión de cuatro de los activistas —Leites, Zabalza, el ex preso político Álvaro Jaume y la docente Patricia Borda— a quienes responsabilizó como los “instigadores” de los incidentes. Los otros tres procesados fueron los hermanos Diego y Eduardo Jaume y el secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.
De acuerdo con el artículo 145 del Código Penal, el delito de asonada está tipificado para los que “se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito (...) o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”. El delito de sedición, en tanto, lo cometen “los que, sin desconocer el gobierno constituido, se alzan, pública y tumultuariamente para conseguir, por fuerza o violencia” una serie de objetivos, entre ellos: “deponer a alguno o algunos de los empleados de la Administración, o impedir que tomen posesión del destino los legítimamente nombrados o elegidos”.
Apoyo sindical y paro.
La central sindical PIT-CNT cuestionó la decisión judicial y salió a respaldar a los siete procesados por la jueza Merialdo. “No se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los siete manifestantes acusados”, señala el PIT en un comunicado difundido esta semana.
“Los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar pacíficamente en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo”, se agrega en la resolución, que puntualiza que “eso fue lo que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte de Justicia, en el marco de una ceremonia protocolar que, además, es pública”. Para el PIT-CNT los procesamientos suponen “un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”. En la misma línea, la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) sumó su respaldo, pero fue aún más allá al tomar la decisión de concretar un paro de actividades hoy jueves 7. Una de las procesadas, Borda, es dirigente de ese gremio. En un comunicado difundido ayer miércoles, los profesores sostienen que el hecho de individualizar a siete personas para procesarlas “se realiza con el objetivo de emitir una señal ejemplarizante y desmovilizadora al pueblo uruguayo, siguiendo los lineamientos de criminalización de la protesta social y utilizando la nefasta figura de asonada”.
Para los docentes, esto es “una muestra más de los intentos que la cara visible del poder realiza por controlar y vigilar a una sociedad que se expresa y reclama justicia y verdad”. Dicen que “estas acciones políticas” van en “consonancia” con los megaoperativos, desalojos de dependencias públicas, “represión en el Liceo 70, utilización de balas de goma en la marcha del 14 de febrero y, en las últimas horas, la muerte de un joven en Santa Catalina”.
Caceroleo.
En tanto, la agrupación Plenaria Memoria y Justicia realizó una convocatoria para “cacerolear” contra “la injusticia en rechazo a los procesamientos de los siete compañeros”. Según el afiche de la convocatoria, la manifestación está prevista para el próximo miércoles 13 frente a la sede de la Corte. “Tocan a uno, tocan a todos”, concluye el llamado.