El fiscal de Corte cree que es “muy difícil” que se apruebe reforma del proceso penal mientras su oficina dependa del Poder Ejecutivo

Díaz planteó su respaldo al cambio en el proceso penal la semana pasada en un seminario realizado en el aula magna de la Universidad Católica y organizado por la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, la Fiscalía de Corte y la fundación alemana Konrad Adenauer. Al comienzo de su intervención, el fiscal de Corte dijo que apoya “fervorosamente” el proyecto porque es fruto del “consenso”.

Por otra parte, se dispone la oralidad y la inmediatez de las actuaciones, es decir que el juez debe estar presente en todos los actos de instrucción. Actualmente, muchas de las declaraciones son tomadas por un receptor y el juez accede a ellas en forma escrita. Y quizás uno de los aspectos más importantes de la reforma es la distinción entre el magistrado que dicta el procesamiento y el que dicta la condena.

“El Ministerio Público puede depender del Poder Ejecutivo, puede ser algo autárquico como es en nuestro país la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o puede integrar el Poder Judicial, como sucede en algunos países”, expresó Díaz. “La posición de la Fiscalía de Corte es que el Ministerio Público no debe integrar el Poder Ejecutivo, debe estar lo más alejado posible del sistema político, no porque considere que el sistema político tiene alguna enfermedad ni mucho menos, sino porque entiendo que quien tiene la función de investigar los delitos, de descubrir los medios probatorios y de decidir iniciar el proceso penal, debe estar alejado de cualquier sospecha de influencia”.

En función de eso, señaló que apoya que el Ministerio Público se convierta en un servicio descentralizado o en un ente autónomo, porque eso puede hacerse sin modificar la Constitución.

Un minuto más tarde, Díaz vinculó esta idea con el éxito de la reforma del proceso penal. “¿Qué tiene que ver esto?”, preguntó. Y de inmediato contestó: “Yo creo que va a ser muy difícil que este proyecto definitivamente se apruebe si los fiscales siguen integrando el Poder Ejecutivo”.

“¿Por qué hay tanta resistencia a darles la facultad de investigar a los fiscales?”, inquirió. “Creo que la resistencia puede venir por la ubicación institucional. No dejemos que el órgano que se encarga de la investigación de los delitos dependa del Poder Ejecutivo. No porque haya una desconfianza natural al sistema político sino por la razón del artillero: la mujer del César debe serlo y parecerlo”.

Inseguridad.

Durante el seminario, el experto en Derecho Constitucional Martín Risso afirmó que si Uruguay es demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el alto porcentaje de prisión preventiva que aplica “seguramente pierda” esa demanda.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, estimó que con el sistema vigente “es inevitable” que haya una alta tasa de presos sin condena.

“Este es un sistema bastante esquizofrénico, bastante difícil de explicar —agregó—. Hay un número importante que rondaría los 5.000 ciudadanos que aparentemente no cometieron delito (porque no tienen condena firme), respecto a los cuales hubo elementos de prueba suficiente de esos delitos, que están privados de libertad sin condena. Pero tenemos un número de ciudadanos que tienen condena y que están en libertad vía los mecanismos de la libertad provisional y la libertad anticipada, ya que en algún que otro caso cuando se cumplen los dos tercios de la pena impuesta, con informes favorables pueden obtener la libertad”, relató.

A su juicio, uno de los mayores avances si se aprueba la reforma será transparentar toda esta situación. “Lo público es una de las mayores garantías que pueden tener los ciudadanos”, subrayó el ministro de la Corte.

Chediak, quien se definió como un impulsor del proyecto, dijo que es necesario aprobarlo y corregir sus errores en la práctica. No obstante, reconoció una serie de “problemas” que puede traer aparejado si se aprueba.

“No va a mejorar la sensación de inseguridad en la población uruguaya. No sabemos qué efecto va a tener sobre el hacinamiento carcelario, pero es probable que se neutralicen”, indicó.

“Los juicios sí van a ser más rápidos y van a bajar las prisiones preventivas, pero va a haber un mayor porcentaje de ciudadanos que van a cumplir sus condenas; entonces es muy probable que el número de ciudadanos privados de libertad pueda seguir estando en torno a los diez mil”, agregó el magistrado.

“El hacinamiento carcelario, en mi modesta opinión, se soluciona construyendo establecimientos carcelarios”, concluyó.