Agazzi es partidario de ir más allá de lo que se establece en dicho anteproyecto, que solo pone coto a las compras de tierras por parte de Estados. Consultado por Búsqueda, manifestó la “voluntad de regular esto para que Uruguay no sea una pista de aterrizaje infinita para el capital extranjero”.
Aclaró que aún no está tomada la “decisión política de qué herramienta utilizar” para regular la adquisición de campos productivos por parte de empresas extranjeras que no tengan participación de Estados como accionistas.
Ese senador consideró que “la tierra está suficientemente extranjerizada en Uruguay” y que “en algún momento habría que ponerle un parate a la inversión extranjera en la compra de campos”.
“Somos una excepción, tenemos los suelos abiertos a la inversión extranjera”, añadió, al comparar con otros países que establecieron límites a ese tipo de inversiones.
En opinión de Agazzi, hoy existe un escenario más favorable que años atrás en ámbitos ruralistas y de la oposición política para la aprobación de un limitación a la participación de foráneos en la propiedad de campos agropecuarios. “Cuando empezamos a analizar este tema parecía que la izquierda era la única que quería poner límites y cerrar el país, y entonces esa no era la manera adecuada de presentar una iniciativa legislativa”, indicó.
“Sería bueno que salga en este período de gobierno” una iniciativa de ese tipo, manifestó el senador.
Anteproyecto.
En el marco de la Expo Prado de 2010, Mujica manifestó a los directivos de la Asociación Rural su preocupación por el interés de gobiernos extranjeros en la compra de campos en Uruguay. “Mientras yo esté de presidente no habrá extranjerización de tierras”, dijo el presidente en esa oportunidad (ver Nº 1.578).
Y para eso encomendó la elaboración de propuestas legales a tres legisladores frenteamplistas: Agazzi, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) y Jorge Saravia, que luego pasó a filas del Partido Nacional y fue reemplazado en ese grupo por Yerú Pardiñas (Partido Socialista). Pero no llegaron a elaborar un proyecto concreto.
En cambio, sí lo hizo el denominado “grupo agro” del Partido Socialista, integrado por Toledo, Pardiñas y Martín Buxedas: su anteproyecto de ley prohíbe a los Estados extranjeros ser dueños de campos agropecuarios en el país. Tiene el propósito de “evitar el riesgo de que se vulnere la plena soberanía del Estado uruguayo frente a Estados extranjeros, los que en ausencia de una normativa adecuada podrían ocupar una posición significativa en la actividad agropecuaria”, fundamenta en su exposición de motivos (ver Nº 1.668).
El anteproyecto fue remitido a jerarcas del MGAP para conocer su opinión sobre el mismo. Días atrás, esa cartera de Estado, a través de su subsecretario, Enzo Benech, dio una respuesta favorable al proyecto, sin hacer mayores comentarios, informó Toledo.
Al analizar datos del MGAP vinculados a la compra de tierras en Uruguay, el senador del MPP Héctor Tajam señaló en un artículo publicado en octubre en su blog: “Las sociedades ahora nominativas, que no son otra cosa que monopolios capitalistas, transnacionales, estas formas de capital se están apropiando de nuestro principal recurso productivo, proceso en avance en los últimos años”. Y planteó: “¿Estamos en camino, aunque sea de largo plazo, de la liberación nacional y el socialismo? ¿Rompemos o recreamos lazos de dependencia?”.
Consultado ayer por periodistas sobre una idea que manifestaron algunos legisladores del MPP en “El País” el lunes 10, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que “no está planteado en este momento en el gobierno discutir la reforma agraria y mucho menos discutirla por una enunciación sin la formulación de un contenido”.
Colonización.
En tanto, más que el fenómeno de la extranjerización de la propiedad de la tierra, al presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Andrés Berterreche, le preocupa la concentración de la tenencia de ese recurso.
Esa situación quedó constatada en el último censo agropecuario, cuyos resultados preliminares fueron divulgados la semana pasada por el MGAP. Al comparar con datos del 2000, se produjo una reducción en la cantidad de explotaciones rurales, principalmente las de menos de 100 hectáreas, y un aumento de los predios mayores a 1.000 hectáreas.
Un 56% de productores de menos de 100 hectáreas acumulan 5% de la superficie productiva del país y 9% con más de 1.000 hectáreas acaparan 62% del área, según el censo 2011. A su vez, las explotaciones en propiedad de sociedades anónimas —muchas de ellas extranjeras—, en comandita y sin contrato o sucesión concentraban 43% del área (7 millones de hectáreas).
Frente a eso, Berterreche consideró necesario “aumentar la capacidad financiera del INC para poder adquirir más tierras y salir de la actual situación testimonial, y balancear el efecto de la concentración de la propiedad”.
Actualmente ese organismo posee 375.000 hectáreas de campos que cede en general a familias para que los exploten a cambio del pago de una renta.
“Si tuviera un financiamiento grande, esto lo damos vuelta”, dijo el jerarca.
Uno de los planes es la conformación de un “fideicomiso” de tierras en conjunto con la Corporación Nacional para el Desarrollo en 2013, señaló. Será con “recursos que ingresan anualmente y también las tierras de Colonización que a un precio promedio de U$S 4.000 la hectárea representan unos U$S 1.500 millones”, explicó.
El monto que se prevé obtener mediante la emisión de ese fideicomiso —a 25 años de plazo— es de U$S 100 millones y los inversores potenciales son las administradoras de fondos de ahorro previsional, dijo. La garantía serán los propios campos del INC.
“Directamente hipotecamos las tierras” del instituto, reafirmó.
Para Berterreche, “el problema del aumento de la concentración de las explotaciones agropecuarias en grandes propiedades es que se da a costa de los productores que se van” a las ciudades, lo que hace necesario invertir en viviendas, saneamiento y otros servicios.
Asimismo, las pequeñas producciones “son las más vinculadas a la soberanía alimentaria del país, porque producen para el mercado interno y generan más mano de obra que las grandes” explotaciones, argumentó.
Contó que recientemente “un empresario forestal fue al INC a manifestar su preocupación porque el proceso concentrador de la propiedad de la tierra” en su sector está generando “algo bastante parecido a lo que es un oligopsonio”, es decir un mercado con un muy reducido número de compradores de un producto o servicio.
Considerando esas “situaciones complicadas”, Berterreche planteó que “sería mejor apostar a un escenario más fragmentado” en el agro local.
