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El gobierno aplica la LUC con “flexibilidad y cautela” por efecto del referéndum, dice la corriente sindical Articulación
La línea de perfil más moderado en la interna del PIT-CNT sostiene en un documento de balance y perspectiva que el “principal objetivo de la etapa” es “contribuir a desplazar” del poder al “bloque de derecha conservadora y neoliberal”
imagen de El gobierno aplica la LUC con “flexibilidad y cautela” por efecto del referéndum, dice la corriente sindical Articulación
Unos 80 dirigentes de la corriente sindical Articulación se reunieron el pasado jueves 29 de diciembre para dar cierre al año y empezar a proyectar el 2023. En ese encuentro decidieron comenzar a divulgar como material “en construcción” un documento de “balance y perspectiva” que refleja parte de un intercambio que ya venían desarrollando y que ampliarán en las próximas semanas.
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En el capítulo Introducción, definen al 2022 como un año “bisagra” del gobierno, luego del 2020 y el 2021 marcados por la pandemia. Allí señalan que si bien la economía “se recuperó” –principalmente por “el empuje del sector agroexportador” que “obtuvo enormes ganancias”– no pasó lo mismo con el “salario perdido” y los datos de “pobreza son más dramáticos” que los que había en 2019.
La política económica y social del gobierno, sumada al articulado de la Ley de Urgente Consideración (LUC), afirman en el documento, son “expresión de un modelo que minimiza el papel del Estado y privilegia el crecimiento frente a la distribución, favoreciendo la concentración de la riqueza y, por ende, la desigualdad social”.
Articulación y el Partido Comunista, mediante una alianza, tienen la mayoría en los órganos de decisión del PIT-CNT, la Mesa Representativa y el Secretariado Ejecutivo. La corriente, tras la salida de Fernando Pereira que pasó a presidir el Frente Amplio, tiene como principal referente a Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y también del PIT-CNT.
Los otros sindicatos de peso en los que Articulación tiene mayoría en la dirigencia son la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio (Fuecys).
Mitigó
El capítulo de balance se concentra principalmente en el proceso de referéndum que intentó derogar sin éxito 135 artículos de la LUC. Como primer punto, la corriente reconoce esa instancia como “una derrota” que traerá “sufrimiento” y no soluciones a la población. Sin embargo, señalan algunos “frutos” que entienden que la consulta popular dejó pese a la derrota.
Según su análisis, el gobierno está aplicando con “cierta flexibilidad y cautela” algunas normas de la LUC, principalmente aquellas sobre las que se “alertó” durante la campaña un posible impacto negativo. Aluden en concreto a “la discrecionalidad de los directores de escuelas y liceos para cooptar docentes, los aumentos del combustible ajustados al precio de paridad de importación, el grado de exposición de Antel ante la portabilidad numérica y los desalojos de viviendas en plazos perentorios”.
“La decisión del movimiento sindical de utilizar el mecanismo de referéndum (...) tuvo un valor sustancial para mitigar las consecuencias de la LUC y profundizar el sentido participativo de la democracia uruguaya”, afirman.
Sobre el camino que recorrieron antes de la votación, Articulación destaca que se dio “un diálogo con la ciudadanía que hacía años que el movimiento sindical no experimentaba”.
En paralelo a la aplicación de la LUC definida como cautelosa, el documento dice que el gobierno “aceleró su agenda de carácter conservador”. Dentro de ese marco incluyen como principales focos la “reforma del régimen de jubilaciones” y la “transformación educativa”. Además de promover estos cambios, señalan, el gobierno mantuvo “la orientación de recortar el gasto” en la ley de Rendición de Cuentas.
Desplazar
“El principal objetivo de la etapa es contribuir a desplazar del gobierno al bloque de derecha conservadora y neoliberal, resistir una orientación concentradora de la riqueza nacional y mitigar los costos laborales y sociales de esas políticas”, dice el primer párrafo del capítulo que se concentra en analizar los objetivos.
Unas líneas más adelante, argumentan el porqué de esa consideración electoral. “Si bien las elecciones nacionales, departamentales o locales no son el campo de batalla del movimiento sindical, su resultado y los efectos le inciden de manera determinante”, escribieron.
Como principal desafío aparece “la elaboración de un programa nacional para el desarrollo democrático, social, productivo, tecnológico y cultural que beneficie a las grandes mayorías”. Esa meta se consolidará en la realización de un nuevo Congreso del Pueblo. Sobre esa instancia planificada para este año, Articulación subraya que es fundamental “que sea un ámbito amplio de propuestas y no un evento de militantes”.
En ese sentido, dicen que el PIT-CNT deberá “sortear sus dificultades para dialogar con otros sectores sociales que lo miran con desconfianza”, como los “cuentapropistas, los pequeños empresarios y trabajadores informales, los trabajadores y productores del campo”, entre otros.
En el capítulo de desafíos ensayan también una autocrítica sobre el relacionamiento con las organizaciones feministas, que consideran que es necesario mejorar. “Es necesario reconocer que hace ya varios años que el PIT-CNT no ha podido resolver adecuadamente su participación en estos reclamos y muy especialmente en el Día Internacional de la Mujer”, afirma el documento.
En uno de los últimos puntos abordan un asunto de estrategia. Según el análisis, el PIT-CNT debe “ser muy cuidadoso en la adopción de medidas de lucha”.
“Medidas de lucha que sean incomprendidas por la mayoría de la ciudadanía irían en dirección opuesta al objetivo del momento de que debe ser construir un amplio movimiento social” que “favorezca al desplazamiento de la coalición gobernante”.
