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El gobierno busca bajar los costos del proyecto Neptuno a partir de recomendaciones de una empresa israelí contratada por OSE
Estudio de la compañía Mekorot sugiere sustituir la reserva de agua dulce prevista como respaldo ante eventos de salinidad por reservorios de agua potable y propone alternativas más económicas para las tuberías
A contrarreloj, con el objetivo de llamar a licitación a fines de junio, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, analizan el modelo de financiamiento que tendrá el proyecto Neptuno. La iniciativa privada, que tiene un costo estimado de US$ 288,7 millones, prevé la construcción de una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí en el departamento de San José.
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Tras más de un año de discusión, las características técnicas del proyecto fueron aprobadas por la mayoría oficialista del Directorio de OSE a principios de mayo, pero la decisión financiera fue trasladada al Poder Ejecutivo por considerar que está enmarcada en la estrategia global de las empresas públicas. Por estos días, las autoridades analizan cómo disminuir los costos de la inversión —que consideran demasiado altos— a partir de un informe elaborado por Mekorot, la compañía nacional de aguas de Israel.
La empresa fue contratada por OSE en marzo de este año. Dos de sus expertos, Hilel Mossak y Diego Berger, visitaron Uruguay entre el 16 y el 23 de mayo y elaboraron un informe, al que accedió Búsqueda, en el que plantean una serie de modificaciones al proyecto.
Los técnicos israelíes entienden que “no es necesario” construir la reserva de agua dulce (pólder) prevista en el proyecto del consorcio promotor. Esa obra tiene el objetivo de funcionar como garantía para el servicio en los días en que la salinidad del río sea mayor a los límites autorizados y su costo asciende a US$ 23 millones. En su lugar, Mekorot sugirió tener reservorios de agua potable, que pueden construirse después de la planta y permiten mezclar el agua para bajar la cantidad de sal.
Actualmente, OSE tiene reservas de agua potable de 100.000 metros cúbicos para el área metropolitana, un volumen considerado muy bajo en comparación con el consumo diario, que oscila entre los 500.000 y 650.000 metros cúbicos. Los especialistas entienden que las reservas deberían representar al menos el equivalente a un día de consumo.
“En los eventos en los que la salinidad sea tan alta y la mezcla no sea suficiente para abastecer agua dentro de la norma, la planta de Arazatí no trabajará”, dice el documento.
En caso de que el gobierno se incline por la opción en la que el privado opera la planta (BOT), Mekorot recomendó definir un “volumen mínimo de abastecimiento diario” con las “desviaciones permitidas” en los diferentes períodos considerando la salinidad del agua.
Los especialistas también señalaron que la ubicación de la planta de tratamiento de lodos en Arazatí “puede ser optimizada”, ya que no debe estar cerca del pólder, y manifestaron que el material de las tuberías, que en la propuesta original es de acero dúctil, también se puede “optimizar” incorporando protección catódica y fibras ópticas. “Al haber una mayor cantidad de proveedores, se podría reducir el costo de las tuberías, lo que representa casi un 70% del costo de la obra”, concluye el informe sobre el Neptuno.
Mekorot incluyó en su consultoría algunas sugerencias para mejorar el abastecimiento en el área metropolitana. Señaló que era “riesgoso” tener una sola toma (el río Santa Lucía) y una planta (Aguas Corrientes) y que esta última no podía trabajar las 24 horas los 365 días del año. En este sentido, recomendó que cada una de las plantas sea capaz de abastecer un 70% del consumo diario de la zona, lo que provocaría que la planta de Neptuno tenga que ser más grande. Está proyectada para generar 229.000 mil metros cúbicos diarios y si se sigue esta indicación debería producir 364.000.
El director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, solicitó ayer miércoles 8 a las gerencias técnicas de OSE que envíen su opinión sobre la propuesta de la empresa israelí, que supondría “cambios importantes” al proyecto. “Se afectaría la calidad y la utilidad de la inversión planteada, porque el cambio de la tubería aductora a una de menor calidad, distinta a la utilizada por OSE en sus quinta y sexta línea de bombeo, reduciría su vida útil a la mitad”, dijo a Búsqueda.
También manifestó que sin el pólder “se elimina la capacidad de aporte de agua potable los 365 días del año” y por tanto no asegura el abastecimiento de la demanda a 2045. Ese, recordó, fue el argumento por el que el gobierno decidió priorizar el proyecto Neptuno como solución sobre la alternativa de construir una represa en el arroyo Casupá. En el mismo sentido, agregó que el nuevo escenario le suma al problema de la “privatización” —que entiende que implica conceder la operación de la plata a un privado— “el de falta de solidez del diseño técnico y su utilidad”.
“No se justifica una gran inversión si no aporta a la necesidad real de abastecimiento de agua potable por décadas y solo se aporta un plan de contingencia ante una catástrofe importante”, señaló. Luego concluyó: “Sería como ponerle rejas a la ventana del living a una casa sin baño ni cocina”.
Más allá de las consideraciones técnicas de Mekorot, la construcción del pólder sumó en los últimos días un nuevo escollo. Los productores a los que se les prevé expropiar los campos para construir esa reserva manifestaron su rechazo a autoridades de la Intendencia de San José y del Ministerio de Ambiente.
Los vecinos se reunieron con Peña a instancias de Ana Bentaberri y le trasladaron su preocupación. Uno de ellos, contó el ministro a Búsqueda, dijo que la obra volvería inviable su tambo.
“Me transmitieron que es una zona con mucha productividad y que para ellos sería un pecado perder hectáreas que son buenas para producir alimentos”, relató.
El Ejecutivo tiene cinco opciones de financiamiento sobre la mesa, que van de menos a más en cuanto a la gestión por parte del privado. La mayoría oficialista prefiere la última opción, un contrato BOT que habilita a los privados a construir la planta, operarla y mantenerla, bajo el argumento de que genera un menor endeudamiento, aunque reconocen que es más caro.
Mientras el Ejecutivo procesa su decisión, el PIT-CNT y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) profundizan sus críticas al proyecto bajo el argumento de que se “privatiza” la producción de agua y viola el artículo 47 de la Constitución.
