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Uruguay se transformó en uno de los países más desarrollados de la región en gobierno digital, comercio electrónico, así como en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por ejemplo, el 95% de los trámites con oficinas gubernamentales pueden ser iniciados en línea; se expide la cédula de identidad con chip e información biométrica, y está implementándose la historia clínica electrónica. El costado negativo de esa fuerte penetración es el aumento de los riesgos potenciales. De hecho, “los esfuerzos por proteger el espacio digital no han avanzado al mismo ritmo que el proceso de digitalización, lo cual deja el espacio cibernético uruguayo vulnerable a posibles ataques”, advierte un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) preparatorio de un préstamo que buscará acotar dichas amenazas.
Este crédito —por US$ 8 millones— es el primero dedicado íntegramente a ciberseguridad apoyado por el organismo multilateral, que lo visualiza como una “valiosa oportunidad de aprendizaje, generación de método y replicabilidad” en otros países de la región. Será ejecutado en cuatro años, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic). Se estima que permitirá fortalecer la capacidad para detectar tempranamente y responder a los ataques cibernéticos; los principales beneficiarios serán las instituciones gubernamentales (que tendrán más protegida su infraestructura TIC), el sector académico (al disponer de una mayor oferta formativa en ciberseguridad) y el empresarial (que accederá más fácilmente a profesionales calificados); también los ciudadanos en general.
En su documento, el BID advierte sobre el impacto económico que, a escala mundial, tiene este tipo de incidentes informáticos. Cita estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales para señalar que los ataques cibernéticos “se han convertido en el riesgo que más preocupa a los hombres de negocios”, por encima del terrorismo, las “burbujas financieras o las crisis fiscales”, y están costando en promedio el equivalente a 0,5% del Producto Bruto Interno global.
Debilidades
Los últimos datos sobre incidentes informáticos en Uruguay publicados por la Agesic son del primer semestre de 2018: hubo 786 (78% más que en igual período del año anterior), de los cuales 37% fueron descriptos como spam/phishing, 30% “compromiso de sistemas” y 20% “indisponibilidad de sistemas”, por mencionar los más relevantes.
“Uruguay ha llevado a cabo numerosas iniciativas para proteger su ciberespacio que lo posicionan como uno de los países más avanzados de América Latina y el Caribe” en ese aspecto, aunque, como refleja un informe sobre seguridad informática publicado por el BID en 2016, “presenta algunas debilidades importantes”, consigna el organismo. En ese sentido, señala que el país no alcanzaba la mitad de la puntuación del modelo de madurez que representa una adecuada política de ciberseguridad para países con un desarrollo digital comparable. En concreto, Uruguay puntuaba 149 en un máximo de 245, mientras que Israel obtenía 200.
La capacidad técnica y el equipamiento tecnológico del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERT.uy) —que desde hace unos 10 años opera en la órbita de la Agesic— “no han sido actualizados al ritmo que demandan los rápidos cambios que se producen en el mundo digital”, advierte. Y el GSOC (Government Security Operation Center), lanzado en 2017, no fue equipado “con todos los recursos que precisa para cumplir adecuadamente su función. Sin embargo, el gobierno está comprometido con la seguridad de su entorno digital como se refleja en la Agenda Uruguay Digital y la Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y sus guías de implementación, añade.
Préstamo
El programa de Fortalecimiento de la Ciberseguridad en Uruguay se encuentra en una fase adelantada de tramitación; de hecho, está previsto que el Directorio del BID lo tenga aprobado para el próximo 15 de mayo.
El problema general es el “bajo nivel de implantación” de la política se seguridad, lo que supone una “vulnerabilidad” para el país ante un eventual ciberataque.
Una de las debilidades es que “no se detectan o se detectan en forma tardía” los incidentes informáticos que se producen y, por ende, “no es posible responder en forma oportuna. (…) El hecho de detectar en forma temprana los incidentes permitirá manejarlos de una manera más eficiente, lo que resultará en menores daños y en menor costo de respuesta, ya que los ataques se detectarán en estado menos avanzado”.
Según el organismo, este problema está relacionado con el hecho de que actualmente el GSOC solo cuenta con un monitoreo perimetral para los organismos de la administración pública, lo que deja fuera del control los sistemas internos de cada institución. Además, “existen limitadas capacidades en el GSOC de analizar las alertas”, a la vez que no hay un “mecanismo seguro y confidencial para compartir información con el sector privado relativo a ataques e incidentes”.
Otra debilidad es que el “rápido crecimiento en la necesidad de profesionales en ciberseguridad produjo una brecha entre la oferta y la demanda” de estos expertos, generando una “importante escasez”. Se estima que en los próximos dos años Uruguay precisará duplicar el número actual de especialistas en seguridad informática, desde los 650 con que cuenta hoy. Por detrás de este problema está la oferta formativa “escasa”, “poco variada” y que se reduce al ámbito presencial; de las cuatro universidades uruguayas, solo la estatal cuenta con un curso de especialización.
El programa con el BID se integra con tres componentes: US$ 4.275.000 (más US$ 950.000 aportados por el gobierno) destinados a mejoras de las capacidades operativas y herramientas del CERT.uy; US$ 1.900.000 para potenciar el uso de tecnología avanzada —básicamente plataformas de simulación de ataques cibernéticos— para la formación de recursos humanos; y US$ 1.425.000 (US$ 950.000 del gobierno) orientados a desarrollar una currícula en ciberseguridad, así como la formación de docentes y la creación de una red local de expertos.
Según el documento preparatorio del crédito, todo esto colaborará con la implementación de la iniciativa Trámites 100% en Línea que impulsa el gobierno. El BID señala que el programa también es consistente con una estrategia orientada a contribuir ante el reto de “bajos niveles de productividad e innovación”.
