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Con solo dos artículos y menos de 100 palabras, el último proyecto de ley de Rendición de Cuentas de la administración de Tabaré Vázquez entró al Parlamento casi al filo del plazo constitucional, en la noche del 28 de junio. Fue un trámite discreto, en medio de la distracción de los uruguayos por el partido de cuartos de final del combinado nacional en la Copa América y en vísperas de las elecciones internas del domingo 30.
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La rendición de este año electoral, que por disposición constitucional no puede proponer modificaciones presupuestales o impositivas, provocaba expectativa por el contenido del análisis macroeconómico: hasta ahora el equipo liderado por el ministro Danilo Astori hablaba de proyecciones que fueron quedando desactualizadas ante un progresivo deterioro en diversos frentes de la economía. Así, la exposición de motivos que acompañó el proyecto de ley (con los artículos que indican el “apruébese” de un déficit de $ 69.100 millones y un superávit por operaciones extrapresupuestales por $ 15.382 millones, además del “comuníquese”) fue un aterrizaje de las estimaciones oficiales a la realidad. La actividad económica este año crecerá solo 0,7% y retomaría algo de impulso el que viene, por algunas obras de infraestructura y bajo el supuesto de que UPM concretará su inversión en la segunda planta en el país. Y en ese marco, el Poder Ejecutivo reconoció un “desvío significativo” de la meta fiscal, así como el hecho de que hay una “ventana acotada de tiempo” para encauzar los números.
Un día antes de que entrara el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, la agencia Fitch había mantenido abierta esa ventana ratificando la nota de la deuda pública uruguaya en “BBB—”, el escalón más bajo dentro del rango de investment grade. También confirmó la perspectiva “negativa”, que indica una posible reducción de la calificación en el futuro. La calificadora está a la espera de señales claras del gobierno que resulte electo: “El alcance, la naturaleza y el calendario de las posibles medidas para abordar estas tendencias fiscales y macroeconómicas negativas siguen siendo inciertos, pero podrían aclararse después de las elecciones de octubre de 2019”.
Coyuntura compleja
El Poder Ejecutivo destacó que desde el segundo semestre de 2018 la economía uruguaya mostró una “marcada desaceleración”, aunque en el promedio del año creció y estiró el ciclo de expansión más largo desde que hay registros. Espera que repunte algo en estos meses que vienen de 2019 y que tome dinamismo en 2020, como consecuencia, fundamentalmente, de las obras asociadas a la eventual instalación de la tercera planta de fabricación de pulpa de celulosa en el centro del país. Eso en un contexto externo “más desafiante y volátil”, caracterizado por la “incertidumbre a escala global, un acelerado cambio tecnológico y, a escala regional, fuertes tensiones macroeconómicas en los grandes vecinos, Argentina y Brasil”.
Ahora el equipo económico estima que el Producto Bruto Interno —PBI— registrará este año un crecimiento “moderado”, de 0,7%, y de 2,6% el próximo, por lo que se alejará de los US$ 60.000 millones (ver cuadro). “En el corto plazo se requiere de impulsos domésticos para sostener la demanda y sentar las bases para un repunte de la actividad”, señala en el mensaje. Y, en este sentido, considera que las obras de infraestructura “brindarán fuentes internas de crecimiento económico y creación de empleo”. Al cierre del año pasado se llevaban ejecutados US$ 8.911 millones del Plan Nacional de Infraestructura 2015-2019 (el 72% del total previsto); los proyectos bajo el esquema de participación público-privada ascenderían a unos US$ 240 millones en 2019 y a casi US$ 630 millones en 2020.
“Desvío” fiscal
En el plano fiscal, el gobierno admitió que se produjo un “desvío significativo del resultado de las cuentas públicas con respecto a la trayectoria” trazada en la pasada Rendición de Cuentas, el que atribuyó al menor crecimiento económico y a “la dinámica del gasto endógeno”, en especial el incremento de las jubilaciones al amparo de la última ley de flexibilización.
Mientras que el déficit fiscal cerrará este año en el equivalente a 4,6% del PBI —si se dejan de lado los ingresos extraordinarios por el pasaje al Banco de Previsión Social de los llamados “cincuentones”—, para el 2020 habría una “mejora moderada del resultado fiscal” (–3,8%) al retomar algo de dinamismo la economía. El Poder Ejecutivo resaltó que los ingresos de dinero por los “cincuentones” que dejan las AFAP y volvieron al régimen de solidaridad intergeneracional, así como “los niveles manejables de deuda, implican que el país dispone de una ventana acotada de tiempo para encauzar los desvíos existentes en las cuentas fiscales”.
Se espera que las empresas públicas colaboren con la mejora en estos números, “ganando eficiencia” y bajando el peso de las remuneraciones, al cubrir solo dos de cada tres vacantes producidas. En el caso de Ancap, el Ejecutivo indicó que prevé que recomponga su caja hacia 2020, luego de que en los últimos dos años las tarifas de los combustibles estuvieron “desalineadas respecto a los costos de producción”.
Por otro lado, el informe alude a una situación financiera relativamente cómoda desde el punto de vista del endeudamiento. Aproximadamente el 46% de la deuda estaba nominada en pesos al final del primer trimestre de 2019, el 95% era a tasa fija —lo que mitiga la exposición al riesgo de alza en la tasa de interés internacional— y vencía, en promedio, en torno a los 14 años.
