A nadie sorprende que los dirigentes frentistas, principiando por Tabaré Vázquez, quieran cargarle la responsabilidad por el rotundo fracaso de su gestión en las áreas de la seguridad pública, la educación, la salud, la política internacional y las inexistentes obras públicas, a los gobiernos que los antecedieron y a sus supuestas políticas “neoliberales”.
Las cuales, por otra parte, han sido seguidas por sus sucesivos ministros de Economía, con dos excepciones. La de un gran aumento del gasto público, determinante de un censurable y peligroso déficit fiscal, algo superior al 3% del PBI.
Y la de un señalado crecimiento de la carga impositiva, descargada desde el año 2007 por el entonces ministro Astori, creador de un mal llamado impuesto a la renta, que, en rigor, es un impuesto a los ingresos. O sea, a los sueldos y las jubilaciones.
Respecto de estas, el IRPF pasó a llamarse IASS luego que la Suprema Corte lo declarara inconstitucional respecto de las pasividades. Impuesto tremendamente injusto, que será derogado por el gobierno nacionalista de Luis Lacalle Pou, si, como es cada vez más probable, este gane el balotaje. ¡A no olvidarlo, señores jubilados!
La apelación al mito de “la herencia maldita”, ridícula tras ininterrumpidos diez años de gobierno “cívico sindical” del FA, resulta más infundada cuando la refieren al gobierno de Lacalle, finiquitado hace casi dos décadas.
Así lo hizo, por ejemplo, un ministro que afirmó que si la pobreza infantil no bajó lo suficiente, ello, entre otras causas, es “resultado del sesgo antiniño y adolescente de la política social de Lacalle”. Ante esta zoncera, parafraseando a los franceses, cabe replicar que los micrófonos —y no solo el papel— “todo lo soportan”.
Pero el propósito de esta carta no es demostrar el sinsentido de esta táctica electoral defensiva, que tiene más agujeros que un queso. Es restablecer la verdad histórica respecto al brillante gobierno de Luis Alberto Lacalle. Solo gente amnésica puede negarle tal calificativo.
¿O alguien se atreve a negar que, respecto a la mayoría de los problemas que los gobiernos deben enfrentar, existe un antes y un después de la Presidencia de Lacalle? Así, en estas materias:
1º) Las privatizaciones dejaron de ser mala palabra, porque se comprendió que el Estado debe desembarazarse de aquellas actividades deficitarias que no forman parte de sus cometidos propios y que deben ser exclusivamente atendidas por los empresarios privados. Caso típico, la pesca.
2º) El estatismo expansivo o, por lo menos, irreductible en su dimensión, dejó de ser un axioma.
3º) Los monopolios estatales dejaron de ser intocables, aunque cierto es que algunos de ellos han resistido con éxito su extinción o reducción. No obstante, los monopolios estatales del correo y de los seguros de automóviles cayeron, para bien de la población. Lo propio ocurrió con el que de hecho ostentaba la ONDA en el transporte interdepartamental. El gobierno de Lacalle no utilizó los dineros públicos en un salvataje de la empresa fundida, que fue sustituida por una pluralidad de nuevas, pujantes y eficientes empresas.
4º) Ley de puertos mediante, el puerto de Montevideo dejó de ser un puerto sucio, donde dejaron de mandar sindicatos corruptos e ineficientes; se inauguró una excelente terminal de contenedores y aparecieron varias grúas de última tecnología. Todo ello, con señalados beneficios económicos para los distintos agentes y empresas vinculadas al tráfico portuario. Y a la propia ANP, creo.
5º) La drástica reducción del déficit fiscal dejó de ser una meta inalcanzable, al punto que en el penúltimo año de gobierno de Lacalle —1993, con Ignacio Posadas de ministro de Economía— el défifcit fue mínimo.
Dejando de lado otras áreas de la gestión del gobierno de Lacalle, donde este siempre hizo honor al carácter ejecutivo del Poder que le tocó presidir, dejando en todo huellas visibles y harto positivas de su quehacer gubernativo, tales como decenas de miles de viviendas, decenas de nuevas escuelas y liceos, el hospital de Las Piedras —si mal no recuerdo— “e ainda mais”, justo y necesario es destacar lo actuado por su ministro de Ganadería y Agricultura, el Ing. Agr. Álvaro Ramos, junto a un equipo de destacados técnicos encabezados por los Ing. Juan Peyrou y Julio Preve Folle, entre otros.Se erradicó la aftosa, logro considerado imposible hasta entonces, con lo que se obtuvo la apertura del mercado de Estados Unidos. Se autorizaron, desde una óptica liberalizadora del comercio exterior, las exportaciones de ganado en pie y la de cueros crudos, antes prohibidas —ambas— en razón de una anacrónica mentalidad proteccionista de la industria nacional.
Recuérdese que esta llegaba al extremo de no permitir la libre circulación y venta, dentro del país, de la producción cárnica de los distintos frigoríficos, al punto que, por ejemplo, a la carne producida en Tacuarembó no se la podía comercializar en San José y Colonia. A este mamarracho también se le puso fin.
Y aún sobró tiempo para llevar a la práctica la ley forestal, sancionada y proyectada por el primer gobierno del Dr. Sanguinetti, pero que requería de una ejecución en la que aquel Ministerio de Álvaro Ramos — sucedido, en su titularidad, por el Dr. Pedro Saravia— no fue lerdo ni perezoso. Todo lo contrario.
Bastantes más fueron sus logros, pero el espacio se termina. No sin antes recordar y destacar, como es justo, la espléndida gestión que en la Cancillería realizaron el Dr. Gros Espiell primero y, luego, Sergio Abreu.
Más amplia y siempre de signo positivo y empuje realizador fue la gestión del gobierno de Luis Alberto Lacalle. Que así conste, para restablecer la verdad histórica.
Gonzalo Aguirre Ramírez
Ex vicepresidente de la República
