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El puerto de aguas profundas y Aratirí son “los dos proyectos esenciales para los próximos años del país”. La frase la dijo en julio de 2012 el entonces gerente general de la minera, Fernando Puntigliano, pronosticando un futuro auspicioso. Cinco años después, ninguno de los dos se concretó, él abandonó su puesto en Aratirí y encabeza la Limpieza de la Intendencia de Montevideo, y lo único que une al puerto de aguas profundas con la minera es un juicio internacional contra el Estado uruguayo.
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Los socios de Aratirí notificaron el miércoles 19 al presidente Tabaré Vázquez del inicio de una demanda millonaria, comparada con el juicio con la tabacalera Philip Morris, contra el Estado uruguayo por “dañar” su inversión (Búsqueda Nº 1.927).
Si bien no la esperaban, la demanda tampoco fue demasiado sorprendente para el gobierno. Ese escenario había sido barajado más de una vez por los principales actores encargados de las negociaciones en torno al proyecto. La posible demanda contra el Estado fue analizado durante el gobierno pasado por el entonces presidente José Mujica y sus ministros, sobre todo hacia el final del mandato cuando la posibilidad de que Aratirí concretara su inversión se volvía cada vez más difusa.
En la empresa Aratirí el juicio era un escenario que se manejaba desde hacía varios años y cobró un mayor impulso cuando la firma del contrato de inversión se postergó por primera vez en noviembre de 2013. Por aquel entonces se daba por hecho la firma, pero la falta de la autorización ambiental y otras habilitaciones fueron el argumento para postergarla. De fondo, según dijeron fuentes vinculadas a la negociación, “el problema siempre fue que la empresa no tenía las garantías”.
En el gobierno, la primera postergación para concretar el contrato de inversión fue la señal. Los meses pasaron y a mediados de 2014 Mujica, viendo que el proyecto se complicaba, consideró la demanda como una posibilidad que manejarían los inversores para recuperar el dinero gastado, dijeron fuentes del gobierno anterior a Búsqueda. En “conversaciones informales” con el entonces ministro de Industria, Roberto Kreimerman y el presidente de la Comisión Interministerial para el Puerto de Aguas Profundas, Pedro Bonomo, el entonces presidente manejó el escenario.
En su análisis, los argumentos que podía utilizar Aratirí eran la aprobación de la ley de megaminería, que modificó el marco jurídico para esa actividad económica, y el cambio de ubicación para la terminal portuaria. Pero para ambas hipótesis el gobierno evaluó que “no hay razones para una demanda”, ya que “no puede considerarse que se cambiaron las reglas porque la empresa aún no tenía firmado ningún permiso para explotar”.
“Si ya estuviera explotando y se le exigiera que pague más de lo que se acordó antes, ahí sí se podría decir que le cambiamos las reglas, pero sin nada firmado, no”, dijo una de las fuentes.
Este gobierno comparte esa lectura. Una fuente ministerial dijo a Búsqueda que no hay preocupación ya que se cree que hay argumentos para hacer una defensa “sólida”.
La demanda.
Los socios Ritika Mehta, Prenay y Vinita Agarwal fueron los encargados de iniciar el arbitraje internacional por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uruguay, según el comunicado divulgado por la empresa el mismo jueves que Búsqueda divulgó la información sobre la demanda.
El argumento de Aratirí es que el gobierno “incentivó desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto”, pero luego “implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto y de forma retroactiva”. Y resaltó puntualmente la modificación de la terminal portuaria por donde exportaría el hierro, pasando su ubicación desde La Angostura, donde según la empresa se gastaron “decenas de millones de dólares en estudios”, para el lugar previsto para el puerto de aguas profundas en el Palenque y luego un nuevo cambio para La Angostura.
El socio de King & Spalding, que lidera el caso, Ken Fleuriet, dijo que el reclamo “es muy sólido” y que “la conducta del Estado en este caso fue claramente violatoria del tratado”.
Sin embargo, para las fuentes consultadas, el Estado tiene un argumento contundente para refutar la demanda. En términos jurídicos se llama “teoría de los actos propios” y consiste en que Aratirí no reclamó en el momento de los cambios, sino que siguió negociando con el gobierno, tanto cuando se aprobó la ley de megaminería como cuando se modificó la ubicación de la terminal portuaria.
El procedimiento en esta etapa previa del caso establece que el Estado debe responder en los próximos 30 días después de notificado, con un resumen su posición. Entre las partes se acordará la designación del tercer árbitro que presidirá el tribunal. De abrirse el caso, el tribunal, de acuerdo con las partes, fijará un cronograma con plazos para las presentaciones. Normalmente, se fijan una o dos sesiones con la presentación de testigos de ambas partes.
Cayó por el precio.
Aratirí pasó de ser el proyecto que se convertiría en la inversión privada más grande de la historia uruguaya, a terminar en un remate de sus bienes el próximo 9 de agosto.
En 2007 el empresario indio Agarwal, presidente de la minera Zamin Ferrous, anunció que invertiría US$ 3.000 millones para extraer el hierro de la zona de Valentines y les daría trabajo a 6.000 personas entre la construcción y funcionamiento del emprendimiento. Uruguay, según sus proyecciones, pasaría a ser uno de los mayores exportadores mundiales del mineral.
Las etapas de prospección y exploración fueron meteóricas, y hasta se construyó un hotel cuatro estrellas por la demanda que se preveía para cuando estuviera en explotación la mina. Pero finalmente la empresa abandonó el proyecto, según señaló, debido a la ley que fijó nuevos topes al negocio minero, además de sucesivos cambios para la localización de la que sería su terminal portuaria.
Más allá de eso, la inversión se frustró porque se produjo una caída del precio internacional del hierro mientras el proyecto se demoraba ante los cambios impuestos por el gobierno y la lentitud de Aratirí en presentar los estudios medioambientales. La empresa dijo que para que sea rentable, la tonelada de hierro debía valer al menos US$ 100 y pasó de pagarse US$ 135 en diciembre de 2013 a US$ 60 en febrero de 2015, y desde ese momento no volvió a los valores necesarios.
