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Las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) iniciaron un proceso de “racionalización” de la jornada laboral de los funcionarios municipales. Entienden que en algunos casos la extensión horaria de cuatro y seis horas que tienen la mayoría de los trabajadores del Palacio Municipal es “extremadamente corta”, y que por ese motivo se ha institucionalizado el uso excesivo de horas extras.
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La Secretaría General recortó 20% la jornada laboral de los funcionarios del Servicio Central Inspección General tras constatar que, a través de ese mecanismo, había sueldos excesivos. Algunos de sus funcionarios ganaban arriba de los $ 128.000 mensuales, lo que equivalía a un salario superior a los de los directores de la comuna.
La medida de recortar la jornada laboral en Inspección General fue aplicada a fines de julio por el prosecretario de la comuna, Christian Di Candia. Por esa decisión se estima que el dinero destinado a sueldos bajará en el entorno de $ 1,4 millones por mes.
El salario promedio líquido de los funcionarios del Servicio de Inspección General, tomando como referencia las cifras de junio de este año —que incluyen las horas extras—, fue de $ 50.000. En ese mes, de los 200 funcionarios que trabajan en el departamento, 15 recibieron un sueldo superior a $ 128.000, según datos de la IMM.
El trabajo de Inspección General es “esencial para la administración” y tiene un “rol fundamental” para lograr una convivencia entre los ciudadanos basada en el “respeto”, valoró Di Candia en diálogo con Búsqueda. Agregó que el gobierno estudia hacer una “reestructura” de los cuerpos de inspectores, lo que implica la posibilidad de instalar un horario laboral “normal” de ocho horas. Con los cambios se intenta que los trabajadores de esa repartición de la IMM brinden sus servicios de “forma adecuada”, con un salario “coherente a su función”, añadió el jerarca.
El director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta, dijo a Búsqueda que hay que tener mayor “control” sobre las horas extras que realizan los funcionarios y una mirada “criteriosa” sobre la extensión de la jornada laboral en algunos servicios. La idea es “revisar” los mecanismos por los cuales los funcionarios terminan por trabajar más tiempo que el régimen laboral de cuatro y seis horas fijado para los municipales —en la mayoría de los casos— y que generan “una inercia de hacerlo porque simplemente se puede”.
Con el objetivo de reducir costos, el gobierno departamental analizará esta situación en los distintos departamentos. “No hay una política de recorte sino de racionalización”, insistió Brenta. En “algunos casos” la carga horaria es “insuficiente” e incluso podrá haber nuevos ingresos de funcionarios en distintas áreas. Fue por esa razón que las administraciones anteriores recurrieron a ofrecer a sus funcionarios la extensión su jornada laboral a través de horas extras, comentó.
Para realizar algunas tareas la extensión de cuatro y seis horas es “extremadamente breve”. En su momento, cuando se tomó la decisión de reducir la jornada laboral en 1990, durante el gobierno departamental de Tabaré Vázquez, la medida tenía sus “fundamentos” porque los municipales tenían ingresos “francamente miserables” y esa era una manera de “compensar”. Pero ahora la institución está en otra situación y los salarios han “mejorado”. En la actualidad se encuentran en la “mitad de tabla” del Estado. No son una “elite”, pero las remuneraciones tampoco son “bajas”, valoró Brenta.
Vehículos.
Con el mismo objetivo de bajar los gastos, las autoridades decidieron reducir de 200 a 160 las horas asignadas a los vehículos afectados al Servicio Central de Inspección General, lo que supone un ahorro estimado en $ 2 millones por mes.
Eso incluye el servicio de Zona Limpia, que pasará de la órbita de Inspección General a la división de Limpieza del departamento de Desarrollo Ambiental. El servicio consiste en limpiar los alrededores de los contenedores de basura con un camión que recorre ciertos puntos de la ciudad.
Para esa tarea, Inspección General destinaba un operador ambiental, dos peones de la cooperativa social “Vos con voz”, un chofer y un policía. Esos funcionarios ahora serán reubicados para que realicen otra actividad y Desarrollo Ambiental se hará cargo de que se cumpla el servicio.
Además, la IMM prescindirá de los servicios que ofrece la cooperativa “Vos con voz”, lo que implica un ahorro de más de $ 1 millón mensuales.
