El gobierno defendió sus políticas sociales ante las críticas por “clientelismo” de la oposición

Según Olesker, en la interpelación se enfrentaron dos modelos: el de la década de los 1990 con un Estado “prescindente” con políticas “neoliberales”, y el que apuesta a las políticas sociales para integrar a las personas más pobres.

Según Piñeyrúa, las “políticas del Mides son un fracaso” y con sus medidas se crea un “ejército de pobres” que se “convertirá en un electorado cautivo” del Frente Amplio. En esa línea aseguró que el “apoyo electoral ha sido medido”, y puso como ejemplo un estudio académico realizado por Marco Manacorda, Edward Miguel y Andrea Vigorito, que “refleja los efectos” del Plan de Emergencia (Panes) “en el electorado”. “Entre los beneficiarios (del Panes) el apoyo al gobierno del Frente Amplio era entre 11 y 13% mayor de los que no eran beneficiarios”, dijo.

Piñeyrúa sostuvo que “los programas” del Mides “han fomentado la marginalidad” y que “no existe un mecanismo para hacer un seguimiento de las personas que reciben los beneficios”. Estos programas, añadió, están “acostumbrando a la gente a vivir de subsidios públicos”.

Luego preguntó: “Si la indigencia y la pobreza caen constantemente, ¿cómo puede ser que el número de hogares beneficiarios de las asignaciones familiares del Plan de Equidad aumentan sin parar? ¿Quieren mantener la clientela electoral?”.

Reclamó, asimismo, que se controlen las contraprestaciones que tienen las personas que reciben beneficios del Mides, porque de lo contrario, advirtió, se está ante una situación de “clientelismo”.

Sostuvo que en cuanto a las asignaciones familiares “no hay definición de quiénes deben recibir el beneficio”, “no está definido el concepto de vulnerabilidad socioeconómica” y “no hay medición de impacto”.

Luego señaló que hay un 26% de hogares con al menos un hijo menor de edad que, “teniendo derecho, no poseen” la tarjeta Uruguay Social. Además indicó que dentro de los 15.000 beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social “hay gente a quien no le corresponde recibir el beneficio”.

“No hay un sistema de seguimiento de la evolución de la condición socioeconómica de cada uno de los hogares que tiene la tarjeta, por lo que no se puede saber si quien la recibe ha salido de la indigencia o la pobreza”, cuestionó. Piñeyrúa preguntó si el ministro “piensa cambiar el enfoque” de las políticas sociales y señaló que en el país hay en la actualidad una “creciente pérdida de valores”.

Clientelismo.

Olesker rechazó “abiertamente” la idea de que el Mides hace “clientelismo” con sus programas sociales. Al respecto leyó una carta de Andrea Vigorito en la cual sostiene que en el documento al que hizo mención Piñeyrúa “nunca” se planteó que el objetivo de los programas “haya sido la compra de votos”.

Asimismo, entregó una resolución del gabinete del Mides, respaldada por el Consejo de Ministros, en la cual se “reafirma” el modelo de gestión que ha desarrollado la secretaría de Estado y la “cristalinidad de los procesos de selección” de los directores departamentales. “En todo caso habrá opiniones de personas que puedan discrepar”, dijo en alusión a las críticas que realizó la ex ministra Marina Arismendi sobre el proceso de selección de los nuevos directores.

Sobre los dichos de Piñey­rúa en cuanto a que en la década de los 1990 “se dio el mayor crecimiento del gasto público social del siglo XX, y el máximo se registró en 1994”, Olesker respondió que eso fue “superado por todos y cada uno de los gobiernos siguientes. Incluso bajo los efectos de la crisis del 2002 el gasto público social fue mayor que en 1994”.

Como explicación de la reducción de la indigencia, “las investigaciones realizadas han dado cuenta del importante rol que han cumplido las políticas sociales de transferencias realizadas desde 2005, en particular el Plan de Emergencia”. En tal sentido indicó que el 40% de la reducción de la indigencia se explica por el ingreso ciudadano.

Luego se refirió al programa de la tarjeta alimentaria, por la que las personas pobres reciben dinero para comprar alimentos y productos higiénicos. Olesker presentó un informe en el que se señala que casi el 6% se gastó en productos que “no corresponden ni a alimentos ni a artículos de higiene”. Informó además, que las asignaciones familiares han tenido un “impacto positivo” en la permanencia en los centros educativos.

Acerca de las contrapartidas, señaló que se está apostando a la tecnificación de los mecanismos de verificación de su cumplimiento y que en agosto de este año se iniciarán controles.

El ministro también dijo que la “fuerte caída de la pobreza “de 33,9% en 2006 a 14,3% en 2011, estuvo acompañada por una importante presencia de las transferencias entre los hogares del primer quintil, pero también por un crecimiento de sus niveles de ocupación, sus ingresos laborales, su asistencia educativa y una reducción de su tasa de desempleo”.

Por esa razón —remarcó— “cuando se pretende poner a las transferencias como principal causa del socavamiento de las bases morales de la sociedad uruguaya, la generación de personas sin hábitos de trabajo y un desestímulo a la formación, todo ello es notoriamente falso”.

Después, Piñeyrúa afirmó que se iba con las mismas “dudas” con las que entró a sala y reiteró que el gobierno utiliza las políticas sociales con “fines electorales”.