“Es una señal fuerte”, reconoció Chediak. Pero se abstuvo de analizar las intenciones del gobierno. En cambio, marcó una y otra vez que la decisión del PE de ignorar todas las iniciativas del Poder Judicial es “atípica”.
El ministro advirtió que el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado está en problemas por falta de presupuesto y eso “no es bueno” para la salud democrática del país. “Estamos en dificultad de mantener el servicio como lo tenemos ahora”, aseguró. “La democracia uruguaya es una y depende del adecuado funcionamiento de los tres poderes”, afirmó. “Cuando los motores son fuertes, los frenos deben ser fuertes también”.
—El Poder Ejecutivo excluyó al Poder Judicial del proyecto de Presupuesto y no atendió ninguna de las propuestas que planteó la Suprema Corte de Justicia. ¿Lo recibieron como una señal política?
—No queremos hacer evaluaciones de la situación. Nuestro presupuesto no fue recogido en ninguno de sus artículos, ni siquiera en unos pocos que no tienen costo. Es la primera vez que en una ley de Presupuesto el inciso del Poder Judicial no figura con ningún artículo. Tenemos clarísimo las limitaciones que el Poder Legislativo tiene para redistribuir gastos. La reasignación hasta ahora, según la información de prensa, ha sido muy baja, pero pese a que se estarían redistribuyendo fondos de la Fiscalía General de la Nación, no hay entre las previsiones de Diputados una asignación por lo menos para los rubros prioritarios que marcó la Corte en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Prioridades que son directamente para la mejora del servicio.
—¿Cuáles son esas prioridades?
—La prioridad más importante es el Centro de Justicia de Maldonado. Es el edificio de mayor porte que el Poder Judicial ha construido en el interior. Son tres módulos que suman algo más de 12.000 metros cuadrados. Pedimos los fondos para la construcción de los tres edificios. Como no se nos contempló, vamos a hacer el primer módulo, que ya está en construcción, con los fondos para inversiones que tiene la Corte del presupuesto anterior. Pero eso nos significa dejar de hacer todo lo otro, paralizar las obras en el resto del interior y en Montevideo. También, terminar la instalación de los centros de mediación en el interior del país. Nos quedan ocho o diez departamentos donde todavía no hay. El mecanismo es barato y la tasa de éxito es de 98%. A su vez, están las condenas contra el Poder Judicial. La ley 19.310 estableció que en vez de pagar esas sentencias a través de Rentas Generales, debe pagarlas el propio Poder Judicial con sus fondos, que no tiene. La mayor parte de las condenas son por ciudadanos que fueron procesados con prisión y luego fueron absueltos. Son unos 20 millones de pesos por año. ¿Cómo se van a pagar? La Corte no las puede pagar porque no tiene rubros. Los ciudadanos tienen derecho a que el Estado les pague, y esa es una de nuestras prioridades. Además, tenemos pendiente el cumplimiento pleno de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que estableció que el Estado debía dar rubros para hacer cursos a jueces, y pedimos para eso 500.000 pesos por año. Luego proponemos crear la oficina vinculada a cuestiones de género. Finalmente, la Defensoría pública. Compartimos que se refuerce la Fiscalía, con 30 cargos nuevos de fiscales adjuntos, pero no se previó que ese refuerzo tuviera como contraparte cargos para la defensa. Planteamos una aspiración mínima de por lo menos 30 cargos de defensores y 5 jueces penales para el interior de la República. Son las prioridades mínimas para el funcionamiento del servicio, no para mejorar la situación personal de ninguno de los integrantes del Poder Judicial.
—Esta decisión del gobierno ocurre en un contexto de roces con el Poder Judicial. ¿Interpreta que el Poder Ejecutivo está dando una señal política con esta decisión?
—Comparto que es una señal. Y creo que es una señal fuerte. Pero me eximo de hacer un análisis de cuál es la intención de la señal. La señal está, pero no creo que debamos hacer un análisis público de qué significa. Los jueces de los jueces son los ciudadanos, así que dejamos a la interpretación de cada uno qué significa esta señal.
—Usted ha dicho que el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue de los más atentos con el Poder Judicial, pero ahora parece haber un cambio drástico de posición. ¿Eso puede explicarse porque el Frente Amplio lleva diez años de gobierno y no le gusta el control que ejerce el Poder Judicial ?
—No lo sabemos. El control constitucional en cualquier país significa un peligro potencial de rozamiento entre el poder controlado y el que controla, que es en última instancia el Poder Judicial. El controlar conlleva la posibilidad de que al Poder controlado no le gusten las decisiones. Eso es uno de los costos que tiene un poder de freno, ese peligro siempre está. Lo que las democracias han aprendido es que eso es el funcionamiento normal del sistema. Hay poderes que son un motor y hay un Poder, guardián de la Constitución, cuya función es frenar. Eso sí puede generar... es conocida la historia de Uruguay de los últimos años. No queremos hacer ningún análisis sobre eso. Solo señalamos que es atípico que no esté contemplado en ninguna norma el Poder Judicial. Además todos debemos defender todas las ramas del gobierno. La democracia uruguaya es una y depende del adecuado funcionamiento de los tres poderes.
—¿El funcionamiento de la justicia peligra?
—El Poder Judicial debe seguir apretándose mucho el cinturón para seguir funcionando. Este año tuvimos un defasaje de 81 millones de pesos en los gastos de funcionamiento, solicitamos un refuerzo y por suerte el equipo económico nos reforzó en 50 millones de pesos. Lo cual nos permitió seguir funcionando, porque si no, no nos hubiera dado para pagar las cuentas. Con esta línea de base tenemos que seguir funcionando al menos dos años en una situación donde los costos van en aumento.
—Pero uno puede ajustarse el cinturón hasta cierto punto. ¿El Poder Judicial puede detenerse si no consigue refuerzos presupuestales?
—El servicio no se puede dejar de prestar. Las opciones son obtener refuerzos puntuales para poder culminar el año o suspender determinados servicios. Pero en las 400 sedes hay gastos que no se puede suspender, como luz y agua. Sería bastante complicado dejar de pagar determinadas cuentas y dejar de brindar determinados servicios. Estamos esperanzados en que aunque sea por la vía del refuerzo puntual año a año podamos conseguir los rubros para seguir funcionando, dado que de otra manera una de las tres ramas del gobierno tendría problemas de funcionamiento concreto.
—¿Qué implica para la democracia uruguaya que el Poder Judicial corra riesgos de no funcionar?
—No es bueno. Y cuando hacemos los comparativos históricos, uno se lleva algunas sorpresas. Hoy significamos en el porcentaje de ejecución presupuestal el 1,17%. Está cerca de la media histórica, que es 1,20%. Si se mantuviera en el quinquenio esta situación en la que el presupuesto del Estado crece, pero no el del Poder Judicial, estaríamos al final del quinquenio en el peor porcentaje de ejecución presupuestal, por debajo de lo ocurrido en 2003 después de la crisis. Por primera vez en décadas podríamos ser menos que el 1% de la ejecución presupuestal.
—¿Que uno de los tres poderes esté en situación de debilidad afecta el funcionamiento del sistema?
—La idea de los constituyentes es que los tres poderes sean fuertes. El Poder Ejecutivo es fuerte, el Poder Legislativo es fuerte y el Poder Judicial también. La idea es mantener esos tres poderes fuertes, porque cuando los motores son fuertes, los frenos deben ser fuertes también. Así que no es bueno desde el diseño teórico como desde la práctica, que se retaceen fondos, ya no digo vinculados a la mejora personal de los integrantes del Poder Judicial, sino al buen funcionamiento del Poder Judicial.
—¿Si uno de los poderes retacea fondos al poder de control, se afecta la salud democrática?
—Nosotros apoyamos, y en su momento el Frente Amplio también, la reforma constitucional que planteaba mayor autonomía financiera para el Poder Judicial. Claro que el Frente Amplio antes no era gobierno. Si se puede decir qué le falta para asegurar aún más su independencia al Poder Judicial, es la independencia económica, no depender de la buena voluntad de los otros dos poderes del Estado. También está el pacto implícito de toda democracia de colaborar todos para el buen funcionamiento del sistema. Todos los integrantes del gobierno tenemos que cuidar las tres ramas del gobierno, porque la democracia es una sola.
—¿Ese pacto implícito se rompió?
—Esperemos que no, estamos seguros de que no. Lo que señalamos es que el Poder Judicial, en el último período de gobierno, no tuvo una situación de vacas gordas. Venimos de una situación de estar con el cinto apretado y ahora tenemos que seguir igual.
—¿Tienen la expectativa de que no se llegue a un ahogo presupuestal?
—Tenemos la expectativa y hemos dicho que no se nos ha dejado caer en una situación de ahogo privándonos de fondos de gastos de funcionamiento. No podemos elevar una bandera roja y decir que no nos están dejando funcionar. Cuando se planteó puntualmente la situación del déficit, en marzo, durante la única reunión que tuvimos hasta ahora con Vázquez, la respuesta fue absolutamente favorable y se dispuso 50 millones de pesos de refuerzo presupuestal. No es que estemos en una situación de asfixia, pero sí estamos en dificultad de mantener el servicio como lo tenemos ahora.
—¿Cómo se llega de un comienzo auspicioso, como fue la reunión de marzo entre la Corte y Vázquez en la residencia de Suárez, a la situación de hoy?
—Es notorio que los cinco ministros pedimos una segunda reunión al presidente Vázquez, y él entendió que no correspondía. Incluso cuando señalamos que era para hablar de un tema tan importante como la implementación del Código del Proceso Penal. No hemos tenido una segunda reunión desde marzo y tampoco hemos tenido una comunicación directa con el presidente. Las comunicaciones han sido a través del secretario de la Presidencia. Pedimos una entrevista y el presidente entendió que no era el momento de concederla. Nosotros algunas señales sabemos leer y no hemos vuelto a pedir. Ahora la decisión de promover una instancia de reunión con la Corte está en el presidente de la República y no hemos recibido ninguna invitación.
—¿La pelota está en la cancha del presidente?
—Exactamente.
—¿Les preocupa que el presidente no conceda una reunión a la SCJ?
—No hacemos análisis, decimos cuál es la situación. No hemos podido tener en este caso concreto lo que es el diálogo normal entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Eso sí es atípico y no es lo que estábamos acostumbrado a tener. Yo estuve en dos instancias presupuestales, y me consta que en ambas hubo diálogo de la Corte con el equipo económico, previo a que se presentaran los mensajes presupuestales. En 2015 no hubo diálogo con el equipo económico previo a la presentación del proyecto de Presupuesto. Ha sido un año bastante atípico. Nos enteramos de que no había ninguna aspiración del Poder Judicial contemplada por el Ejecutivo cuando envió el mensaje. El mismo día, no teníamos noticia previa ninguna.
Contratapa
2015-10-08T00:00:00
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