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La perspectiva fiscal de Uruguay mejoró, debido a los “esfuerzos” para abatir el déficit —si bien las “rigideces del gasto” persisten como un “desafío” a mediano plazo— y los cambios institucionales al marco presupuestario introducidos con la Ley de Urgente Consideración (LUC). Además, la eliminación gradual de los programas de apoyo frente al Covid-19 el próximo año debería “ayudar a colocar las finanzas públicas en una posición más sostenible”.
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Esos y otros aspectos fueron valorados por la calificadora de riesgo canadiense DBRS Morningstar para ratificar la nota de la deuda uruguaya en “BBB(low)”, pero mejorar su perspectiva de “estable” a “positiva”. Eso proyecta una eventual suba de la calificación más adelante, lo que la consolidaría dentro de la escala de grado de inversión no especulativa o investment grade.
El Ministerio de Economía destacó la decisión de DBRS con una cita que difundió atribuida a su directora de Política Económica, Marcela Bensión: “Uruguay se encamina a un punto de inflexión en el combate a la pandemia, y la economía muestra indicios claros de recuperación de la actividad. Ello, en el marco de un manejo responsable de las finanzas públicas y la implementación de una regla fiscal que cuida el dinero de todos los uruguayos. La mejora en la perspectiva de calificación confirma esta visión auspiciosa”.
El comunicado ministerial recogió un par de párrafos de un informe de DBRS de unas 10 páginas y que alude, también, a un “entorno político” como “fortaleza crediticia clave”.
La actual administración “está bien situada para llevar a cabo su agenda política” y está en condiciones de “establecer en gran medida el rumbo de la política durante los próximos tres años”, analizó.
“Sin embargo —acotó—, el gobierno enfrenta algunos riesgos políticos” ante el referéndum promovido por organizaciones sociales y partidos de oposición para derogar 135 artículos de la LUC, “que incluye el nuevo marco fiscal”. Si la derogación se concreta, para DBRS es “probable que el gobierno continúe aplicando la política fiscal dentro del nuevo marco incluso si ya no está escrito en la ley. Por otro lado, si el referéndum no se aprueba, el gobierno puede tener mayor capital político para perseguir sus otras prioridades políticas, como la reforma de las pensiones, antes de las elecciones generales de 2024”.