El gobierno estudia 11 proyectos de inversión sobre cannabis

Hay proyectos que apuntan al estudio de variedades de cannabis para la formulación de compuestos, extractos y aceites, explicó Vitale. Esto implicará la instalación de cultivos de cannabis, de laboratorios para procesar el producto y la investigación clínica, todo lo que requiere autorización estatal de acuerdo con la ley de marihuana.

Para aceitar los mecanismos de evaluación y aprobación de los proyectos, el Ircca aprobará esta semana un protocolo de actuación que incluirá los requisitos y pasos a seguir que se les exigen a los interesados en invertir.

“Se apunta a protocolizar la aprobación de los proyectos de investigación y desarrollo en cannabis medicinal y cáñamo industrial”, declaró a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera. La idea es que el Ircca “no concentre todo” sino que aproveche los recursos técnicos que hay en los otros Ministerios. “Hay un sector de la economía nuevo que se dinamiza a partir de la regulación del cannabis y lo que se pretende es agilizar el estudio de esos proyectos”, dijo. “Hay que ser muy cautelosos pero no queremos que se generen tantas demoras que dilaten la concreción de un emprendimiento o, en caso extremo, que se pierda”.

Vitale dijo que en el Poder Ejecutivo “hay un nivel de sensibilización especial” para facilitar la llegada de las inversiones en esa área. “Se está atento a que no tengan dificultades, porque varios de estos emprendimientos van a pasar por la Secretaría Antilavado y en la medida en que no tengan ninguna observación, que esas empresas puedan operar”.

El tema del financiamiento de los proyectos es un dolor de cabeza para el gobierno. El martes 25 “La Diaria” informó que “al menos tres proyectos vinculados­ a la investigación y desarrollo del cáñamo” han tenido dificultades para conseguir servicios financieros “al momento de operar con bancos locales, incluyendo el Banco República (BROU), a pesar de contar con las autorizaciones correspondientes” del Ircca.

Algunos importantes bancos privados de plaza han puesto reparos a la hora de aceptar como clientes a las empresas vinculadas con la ley de regulación del mercado de marihuana, ya que consideran existen “riesgos altos” tanto en aprobarles líneas de crédito como en permitirles la apertura de cuentas bancarias. 

Una fuente del sector explicó a Búsqueda que, a diferencia de otros sectores de la producción, la industria en la que se mueven estas empresas tiene “riesgos adicionales” que superan los controles que por normativa las instituciones deben hacer para evitar lavado de activos y operaciones ilícitas. 

“Cuando doy crédito al agro conozco el negocio, el tipo de producción, los riesgos, la cadena de valor y tengo cientos de productores. Acá es un mercado de uno o dos, donde no conozco las características, los riesgos, la cadena de funcionamiento, la superficie que van a tener. Si producen tres toneladas o cinco, no lo sé”, estimó. 

En el sector financiero se trabaja bajo la norma de no asumir riesgos que no pueden ser medidos. En algunos casos se opta por pedir tantas garantías que se dificulta al cliente el acceso a la institución. Pero en la cadena de cannabis, los bancos no tienen claro qué garantías podrían pedir, ya que la producción de marihuana no puede ser fácilmente exportada en caso de embargo (y tampoco está claro si podría ser embargable).

Ya que las instituciones privadas que operan en plaza son firmas internacionales, la mayoría tiene además sectores de la actividad restringidos para impedir por ejemplo tener a clientes involucrados con el tráfico de armas o la contaminación ambiental. Aunque en Uruguay la marihuana es una droga legal, aún se encuentra entre la lista de estupefacientes considerados peligrosos por las Naciones Unidas o incluso el gobierno federal de Estados Unidos (EEUU). 

La industria cannábica “está entre los sectores restringidos o de alto riesgo”, agregó la fuente.

Consultado sobre estas dificultades, Vitale dijo que el Poder Ejecutivo está trabajando para revertir la situación. Recordó que en 2014 el gobierno de EEUU aprobó una guía para que los bancos abrieran cuentas y líneas de crédito a las empresas vinculadas al negocio del cannabis.

Los bancos tienen que diferenciar las cosas, opinó Vitale. “Acá lo clave es bloquear lo que sea actividad ilícita, fondos ilícitos y origen ilícito, pero no los que tienen permisos y son un operador registrado que pasó por la Secretaría Antilavado”, añadió.

El secretario general de la JND explicó al respecto que el Ministerio de Economía está buscando alternativas para que las empresas puedan recibir servicios financieros. Ante la negativa del sector privado, una posibilidad es que el BROU lidere el proceso, aunque eso está en etapa de “evaluación”.

La institución estatal quiere “analizar” las posibilidades y los riesgos de otorgar esos servicios a un sector de la economía que maneja un producto que es ilegal en otros países. Que una empresa “tenga una cuenta puede ser un problema y estamos evaluando la reacción y las condiciones que tendrían los bancos con los que actualmente trabajamos”, declaró a Búsqueda el presidente del BROU, Jorge Polgar.