El gobierno investiga la situación de los menores que dejaron de cobrar la asignación familiar porque no asisten a la enseñanza

El sistema de asignaciones familiares, que consiste en que el Estado dé a la familia una partida de dinero por hijo, comenzó a implementarse en 1943 como un complemento para los trabajadores. El sistema fue modificado varias veces y en 2008 se amplió a los hogares en situación de “vulnerabilidad socioeconómica”. Este último se denomina Asignaciones Familiares Plan de Equidad.

Luego de un trabajo entre la ANEP y el Banco de Previsión Social (BPS), articulado por el Mides a través del Sistema Integrado de Información del Área Social, las autoridades anunciaron el martes 11 que se suspendió el pago de 32.558 asignaciones familiares (6% del total) porque los niños y adolescentes de esos hogares no se inscribieron en ningún centro educativo. De esta cifra, 23.498 asignaciones familiares son del Plan de Equidad.

Por el antiguo sistema, el hogar recibe entre $300 y $400 por mes, mientras que en el régimen de Plan de Equidad el promedio de cada prestación es de unos $1.200. En el gobierno estiman que con estas suspensiones no se pagarán alrededor de U$S 1.800.000 por mes.

El departamento con el mayor número de pagos suspendidos es Montevideo (10.859). Le siguen Canelones con 4.873 y Maldonado con 2.133. En tanto, el departamento con menos suspensiones es Flores con 177 casos.

El presidente José Mujica dijo ayer miércoles 12, que “no alcanza con el control” de que se cumplan las contraprestaciones establecidas. “Tenemos que lograr que (los padres) manden a los chiquilines a la escuela y no nos ahorremos esa plata, que esa plata la gastemos bien, pero que los gurises vayan a la enseñanza”, afirmó.

“Cuando una sociedad está fracturada, usted le lleva una ayuda y lo ven como un gil y tratan de currarlo, no en todos, pero eso pasa”, agregó.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo a Búsqueda que ahora trabajarán para saber el perfil de los hogares de esos menores de edad que no se inscribieron y para que cumplan con ese requisito y se mantengan dentro del sistema educativo.

Olesker explicó que la suspensión del pago se levantará una vez que regularicen la inscripción.

Además, dijo que los controles de inscripción se dejaron de hacer en el año 2000, durante la administración de Jorge Batlle.

Fuentes del BPS informaron que desde esa época hasta ahora se dieron de baja algunas asignaciones.

La suspensión de los pagos se hará efectiva en julio y los afectados tendrán un mes para inscribirse en algún centro de estudio.

El presidente del BPS, Ernesto Murro, anunció que el 31 de julio se hará un nuevo cruzamiento de datos. En base a ese nuevo corte, se suspenderá la asignación a aquellos que tengan 10% de inasistencias injustificadas en Primaria y 20% de faltas en Secundaria.

Desafío.

Murro dijo que el 71% de las suspensiones, esto es 23.212, afecta a jóvenes que tienen entre 14 y 17 años.

Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, afirmó que los jóvenes que deban cursar enseñanza secundaria tendrán un mes de plazo para inscribirse en algún curso semestral de la UTU. Respecto a los escolares, dijo que se realizará un estudio para saber las razones que provocaron que no se hayan inscripto. “Es un desafío que tenemos como sociedad y la administración tiene una alta responsabilidad”, afirmó.

Por su parte, Daniel Corbo, consejero por el Partido Nacional en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo a Búsqueda que ese órgano está muy preocupado por la decisión del BPS.

“La medida está bien. Es bueno que se aplique la ley, pero no en junio y de esta manera imprevista”, agregó.

Según Corbo, la decisión de solicitar la contraprestación “debería haberse anunciado en febrero o marzo y no a mitad de año”. Sostuvo que el Codicen “habilitó una preinscripción” en Secundaria, pero que el sistema “no está preparado” ni en logística ni con los docentes necesarios para recibir este contingente de estudiantes si deciden regularizarse.