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Durante el último fin de semana de enero y en buena parte de la jornada del lunes 31, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo un diálogo fluido y constante con dos miembros de su gabinete: la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini. El tema excluyente en esas conversaciones fue la posibilidad incómoda para el gobierno de tener que anunciar una suba de los combustibles en medio de un escenario político salpicado por el debate sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC).
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El precio se mantenía estático desde setiembre de 2021. Aun cuando el Precio de Paridad de Importación (PPI), impulsada como herramienta de referencia por esta administración e incluida en uno de los artículos de la LUC que la oposición pretende derogar, indicó en al menos tres meses consecutivos que correspondía un aumento en los surtidores con venta al público. “La información que yo tengo hasta el momento es que hay espalda todavía para no tener que aumentar los combustibles”, dijo el presidente Lacalle Pou el 25 de enero durante una rueda de prensa.
Pero en la tarde del lunes 31, después de las largas consultas con los dos ministros del área, el mandatario firmó el decreto que estableció las subas que van desde 4,15% a 6% en las naftas y el gasoil. “No es todo lo que debería ser, debería ser más importante”, dijo Paganini al anunciar los nuevos precios. Y aclaró que la suba marcada por el PPI era “el doble” de la que finalmente decidió el gobierno. “Se hizo el aumento menor posible, tomando en cuenta también las finanzas de Ancap”, agregó.
Una fuente de la Torre Ejecutiva en diálogo con Búsqueda argumentó que se “utilizará todo lo que se pueda la caja extraordinaria de Ancap” para “amortiguar” futuras subas. E ironizó sobre los planteos de la oposición, que salió a reclamar el uso político del precio de los combustibles. “Se quejan cuando no le damos pelota al PPI y se quejan cuando le damos pelota. Es difícil de entender”.
Según explicó un informante del Ministerio de Industria, el aumento en los combustibles responde a una situación internacional que tiene al petróleo 18% más caro de lo que estaba cuando se ajustaron las tarifas por última vez, y más de 50% por encima de los valores de hace un año. “El último ajuste se había dado con un petróleo a 71 dólares; el promedio de enero fue 84 y hoy está casi en 90 dólares”, señaló.
“El gobierno hizo todos los esfuerzos para minimizar el impacto de esta situación en el bolsillo de los consumidores, y por eso se trasladó una suba significativamente menor a la que se debería aplicar. Para ello se sopesó, por un lado, la evolución de los costos internacionales y, por otro, el resultado de Ancap, que recibió ganancias extraordinarias por las ventas de gasoil a UTE”, añadió el informante. Dijo que el hecho de que la decisión se tome dos meses antes del referéndum “ratifica que responde a una evaluación responsable y no a una mera utilización política, como se quiere hacer ver desde la oposición”.
Sede Ancap. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La oposición
“Ni la prometida baja de los combustibles ni la aplicación del criterio que fundamentó la LUC. Los combustibles subieron alrededor de un 30% en un año (cinco veces más salarios y pasividades). Y nuevamente la especulación política desnudando el temor al Sí”, escribió en su cuenta de Twitter el senador frenteamplista Mario Bergara.
El director del Frente Amplio en Ancap, Vicente Iglesias, declaró a Búsqueda que el gobierno podría haber “mantenido o incluso reducido” los precios en el surtidor a la luz de la reducción del déficit fiscal alcanzada en 2021 y del aumento que en enero definió para el Imesi. “Hoy por hoy el que está poniendo todo el esfuerzo arriba de la mesa, con un sacrificio muy grande, es Ancap. Y en el precio final de los combustibles Ancap participa en poco más de $ 30, de los más de $ 70 que vale la nafta. El resto de la cadena, (…) debería hacer un esfuerzo adicional. Hubo una promesa hacia la población de bajar los impuestos a los combustibles para que sean más baratos, es hora de cumplirla”, indicó.
Iglesias cuestionó la “transparencia” de la regla para ajustar el valor de los combustibles definida por esta administración y alegó que la refinería de La Teja está mostrando que “el discurso de decir que vale más la pena importar que refinar se dio vuelta”.'
