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El sector público uruguayo gasta más de los ingresos con que cuenta: en los 12 meses cerrados en setiembre el “rojo” en su caja fue de U$S 1.975 millones, lo que representa 3,4% del Producto Bruto Interno.
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Si bien estos números divulgados el 30 de octubre por el Ministerio de Economía y Finanzas mostraron una mejora (el déficit anual a agosto equivalía a 3,6% del Producto), determinan una fuerte restricción fiscal para atender las necesidades en materia de infraestructura física en el país. Por ello el Poder Ejecutivo está pisando el acelerador con los proyectos de Participación Público-privada (PPP).
El martes 3, tras una reunión del Consejo de Ministros, el titular interino de Economía, Pablo Ferreri, anunció la adjudicación provisoria al consorcio formado por la uruguaya Grinor y la española Sacyr, de obras en las rutas 21 y 24 que requerirán una inversión total de U$S 400 millones. Se trata del principal acceso al puerto de Nueva Palmira, por donde embarca buena parte de la producción agrícola del litoral del país.
“Es un hito importante que marca un nuevo mojón en la construcción de obra pública” en Uruguay, se congratuló Ferreri ante la prensa.
Los llamados para otros siete proyectos viales para PPP serán lanzados sobre fin de este año o comienzos de 2016, dijo a Búsqueda el jerarca. Además se espera utilizar esta modalidad para desarrollar la infraestructura de la enseñanza pública y en el área de la salud con planes que se anunciarían el próximo año, agregó.
“El régimen va a despegar”, subrayó.
Hasta ahora solo había sido adjudicada una PPP, para construir y operar una cárcel en Punta de Rieles.
Más interesados.
A las puertas de la Unidad de PPP, en el tercer piso del Ministerio de Economía, están llegando más interesados en utilizar el régimen. Se observa un “punto de inflexión en el interés privado en este año 2015. Miran para acá y vienen a interesarse en conocer el programa, el portafolio de proyectos”, dijo Silvina Panizza, directora de esa oficina encargada de aprobar este tipo de contratos y darles su seguimiento.
El régimen, aprobado por ley en julio de 2011 y reglamentado al año siguiente, prevé contratos a través de los cuales la administración pública encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación. El contratista recibe un pago que es abonado por los usuarios, por el Estado o por ambos, según el caso.
Panizza explicó en la última edición de la revista “Construcción” editada por la cámara del sector, que el mayor interés de los privados responde a dos motivos. Por un lado, al hecho de que “es la primera vez que está el mecanismo instaurado cuando se presenta el (proyecto de ley de) Presupuesto”. En infraestructura educativa, el monto de inversión inicial que se ejecutaría por PPP es de alrededor de U$S 450 millones y otros U$S 50 millones en centros CAIF, detalló.
Por otro lado estimó que “tuvo que ver el anuncio del presidente de la República cuando asumió. La clara prioridad que le dio esta administración a la infraestructura”. En julio, el mandatario Tabaré Vázquez anunció en una conferencia de prensa un plan en infraestructura por U$S 12.370 millones que se prevé ejecutar hasta 2019. Se espera que una tercera parte de las obras sea financiada por privados.
Buscando darle impulso al régimen, el Ejecutivo aprobó en setiembre varios ajustes que, entre otras cosas, acortan los plazos del proceso de análisis y aprobación de los proyectos.
En este marco, Panizza opina que se requiere explicar más el alcance de las PPP a la población. “Desde el Estado tenemos esta responsabilidad, vamos a tener que pensar cómo difundir y dejar claras las diferencias con las privatizaciones. Lo relevante es que el Estado siempre tiene el control, más allá de que gestione un privado, las funciones centrales están a cargo del Estado por ley”, afirmó. A su entender, la “clave es la información, no solo con la sociedad sino con los principales actores involucrados”.
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