El gobierno plantea reformas mientras se estrecha su “ventana de oportunidad”

El proyecto presupuestal que llevará hoy al Palacio Legislativo la titular de Economía, Azucena Arbeleche, terminó de ser definido políticamente en un Consejo de Ministros el lunes 27, si bien los detalles relacionados con montos presupuestales se negociaron hasta último momento. Las demandas son diversas, pero el foco, según se anunció, estará en reforzar los recursos para la seguridad pública —con mejoras de sueldos, creación de cargos policiales y obras en cárceles—, apuntalar la reforma educativa, la ciencia y cumplir con la recuperación salarial de los funcionarios públicos. Hasta último momento Arbeleche ha manejado con reserva la comunicación de las cifras del gasto adicional, que según reconocieron a Búsqueda dirigentes del oficialismo pueden ser motivo de polémica incluso entre socios de la coalición.

La reforma previsional está en un “proceso de aterrizaje fino” que implica convertir el documento de recomendaciones de la comisión técnica que trabajó en el tema en un anteproyecto de ley, informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al disertar ayer miércoles en un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Resta definir algunos asuntos que se incluirán en el texto. Cuando se cierre “la parte jurídica” llegará la “discusión política y legislativa”, indicó el jerarca. Fuentes del oficialismo aseguraron que se tomó la definición de aprobar esta reforma sea cual sea la postura —a priori contraria— del Frente Amplio.

La redacción del articulado estará pronta para mediados de julio, estimó una fuente de esa cartera consultada por Búsqueda. La iniciativa referirá al régimen general, mientras, en paralelo, las cajas paraestatales definen sus ideas de reforma, que podrían ser proyectos aparte.

En el Parlamento hay otros dos proyectos vinculados al Ministerio de Trabajo. Según Mieres, el que refiere a la personería jurídica de las organizaciones gremiales tendrá sanción definitiva en el Senado el mes que viene. La cartera también envió una iniciativa con cambios en la ley de negociación colectiva y en las próximas semanas el ministerio convocará al Consejo Superior Tripartito para tratar un “proceso de descuelgue” de las empresas. También está en agenda un proyecto para regular el trabajo en las plataformas digitales.

Tiempo electoral

La marcha de algunas de estas reformas en particular son motivo de atención por parte de las calificadoras de riesgo y otros analistas del exterior. Ayer miércoles, al confirmar la nota “BBB–” a la deuda pública de Uruguay y su perspectiva “estable”, la agencia Fitch Ratings aludió a esas cuestiones deslizando dudas acerca del grado de éxito que podrá lograrse. Esa calificación “está restringida por perspectivas de crecimiento económico moderadas a mediano plazo, afectadas por desafíos de competitividad, una carga de deuda pública superior a la calificación de sus pares y sensible a los movimientos del tipo de cambio, inflación persistentemente alta y flexibilidad política restringida por la dolarización, la indexación y la poca profundidad financiera. El gobierno está comprometido con políticas para mejorar estas debilidades crediticias, pero enfrenta desafíos” para avanzar y “queda por ver cuánto progreso puede lograr antes de las elecciones de 2024”, comentó la agencia.

Añadió que el resultado del referéndum de marzo por la Ley de Urgente Consideración mostró que el oficialismo mantuvo su apoyo entre el electorado, aunque con un margen pequeño que “presagia unas elecciones competitivas” y “no deja claro si la administración podrá reunir el consenso dentro de la coalición para avanzar” en reformas pendientes que podrían ser “políticamente impopulares”. Para Fitch, hay “una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para estas reformas” antes de que comience el proceso de campaña para el 2024.