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El Poder Ejecutivo presentará el lunes 16 a los senadores y diputados de los partidos que conforman la coalición de gobierno la versión final del proyecto de ley de urgente consideración. Tendrá menos artículos que el borrador difundido a fines de enero (con 457) e incluirá “ajustes notorios”, según adelantó a Búsqueda la vicepresidenta Beatriz Argimón.
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El 22 de enero, Luis Lacalle Pou y su equipo más cercano presentaron a los líderes de los partidos Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, un borrador del proyecto de ley de urgente consideración. La iniciativa está dividida en 10 secciones y abarca diversos temas: desde la inteligencia del Estado, pasando por la salud, la seguridad, funcionamiento de las empresas públicas, políticas sociales y agro.
Las leyes de urgente consideración tienen algunas particularidades. Se tendrán por sancionadas si dentro los plazos establecidos no son expresamente desechadas y si no se sanciona un proyecto sustitutivo. La Cámara que reciba en primer lugar el articulado tendrá un plazo de 45 días para analizarlo. En tanto, la segunda Cámara tendrá 30 días.
Los colorados plantearon varias modificaciones al proyecto. La postura de los legisladores colorados es que, si hay un tema en el que no están de acuerdo y no formó parte del compromiso programático firmado en noviembre de cara a la segunda vuelta, no darán sus votos para la aprobación.
La vicepresidenta Argimón dijo que el proyecto que se presentará el lunes tendrá “cambios” significativos. “Hay cambios que le han hecho mucho bien a la ley. Fue un ejercicio muy estimulante porque pudo haber quedado librado a los técnicos, sin embargo no fue así. Cada partido tuvo sus propuestas y trajo el trabajo final para la evaluación posterior pero hubo sindicatos y ciudadanos particulares aportando propuestas. Eso implicó la posibilidad de ver cuáles eran los temas donde realmente iba a estar el foco fundamental del debate”.
Argimón confirmó que los “ajustes” realizados al texto “son notorios” y destacó que el debate fue un “buen ejercicio para la coalición”, para ver “cómo se trabajan las diferencias. Más que ponernos a prueba, ejercitamos cómo va a ser nuestro relacionamiento”.
Luego de varias semanas de discusión, los partidos entregaron una serie de modificaciones al texto original. Por ejemplo, según informaron a Búsqueda fuentes políticas, algunos de los cambios están en el área de políticas sociales. Finalmente, no se eliminará el Instituto Nacional de las Personas Mayores como se planteó en el borrador. Este era uno de los temas que había ocasionado preocupación en el Frente Amplio, que veía un retroceso en las políticas sociales.
Los colorados plantearon varias modificaciones al proyecto. La postura de los legisladores colorados es que, si hay un tema en el que no están de acuerdo y no formó parte del compromiso programático firmado en noviembre de cara a la segunda vuelta, no darán sus votos para la aprobación.
Los colorados hicieron planteos en materia de seguridad, educación e inclusión financiera. Tampoco están de acuerdo con desmonopolizar la importación de combustibles, un punto que es reclamado desde el Partido Nacional. Cabildo Abierto tampoco comparte esa idea.
Además de las propuestas de los partidos, hubo advertencias de otros actores como el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que opinó que los cambios en materia de funcionamiento del sistema penal tendrán “graves consecuencias”. Un análisis sobre las modificaciones realizado por la Fiscalía a pedido de Díaz advierte además que algunas de las disposiciones son “inconstitucionales” y vulneran también la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El proyecto ingresará la semana próxima por el Senado, donde se conformará una comisión especial para analizar el articulado: integrada por ocho senadores por la coalición multicolor y siete por la oposición.
El Frente Amplio tiene una comisión propia para analizar y crear insumos para los legisladores que trabajarán en el Parlamento.
Un legislador opositor dijo que no se comparte “empaquetar una cantidad de leyes” en un solo texto. Explicó que el presidente hace esto porque “no sabe cuánto le dura la coalición, y mete todo junto”.
“Hay cosas urgentes y otras no urgentes que podrían desglosarse. Vamos a marcar esto con mucho claridad. Al Parlamento lo coloca en una situación incómoda. Esto si se aprueba o no igual queda aprobado. No es como un Presupuesto. Sobre la sustancia vamos a ver el texto definitivo. Vamos a pedir desglose de lo que no sea urgente”, puntualizó.
Además de las propuestas de los partidos, hubo advertencias de otros actores como el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que opinó que los cambios en materia de funcionamiento del sistema penal tendrán “graves consecuencias”.
El Frente Amplio pondrá énfasis en temas vinculados a economía, educación y seguridad, ya que no hay tiempo para “abordar todo”.
El Partido Nacional tendrá sobre sus hombros lograr que se apruebe la normativa. Además de coordinar con los otros partidos de la coalición, deberá tener alineados a sus dirigentes. A mediados de febrero de este año, algunos legisladores blancos plantearon sus preocupaciones en una reunión sobre el alcance del proyecto.
El senador Sergio Botana se mostró preocupado por el artículo 78 del borrador, que habla acerca de la organización de los espectáculos públicos. Botana planteó que las exigencias en seguridad, tal como están redactadas hoy, hacen peligrar a los pequeños emprendimientos, pues les es imposible acceder a la operativa que se les reclama.
El diputado por Maldonado, Diego Echeverría, advirtió que el artículo 25 del anteproyecto, que limita los casos que aplican para los juicios abreviados, puede provocar una saturación del sistema judicial. También pidió que en el artículo 69, que excluye a una serie de delitos de la posibilidad de acceder al régimen de salidas transitorias, se incorporen los delitos sexuales. Y alertó sobre una posible inconstitucionalidad del artículo 42, que permite llevar testigos a dependencias policiales aun cuando estos se nieguen.
En filas coloradas, en tanto, si bien valoran la instancia del lunes con Lacalle Pou, entienden que habría sido mejor tener el documento antes por si era necesario hacer algún nuevo planteo.
