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El proyecto de ley que prepara el Poder Ejecutivo para regular el funcionamiento de aplicaciones digitales como Uber prevé la congelación de las cuentas bancarias de aquellos que infrinjan las leyes uruguayas, dijeron a Búsqueda fuentes gubernamentales.
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La nueva norma, que está siendo ajustada en la Secretaría de la Presidencia y será enviada al Parlamento en poco tiempo para su discusión, habilitaría a agentes del Ministerio de Trabajo, del Banco de Previsión Social (BPS) y de la Dirección General Impositiva (DGI) a realizar tareas de inspección sobre toda aplicación digital o tecnología nueva que involucre la creación de trabajo en Uruguay o la realización de transacciones económicas y/o comerciales.
Los inspectores verificarían si, por ejemplo, los choferes de Uber cumplen con los requisitos legales. Si no lo hacen, informarían al Banco Central del Uruguay (BCU) sobre la existencia de una actividad “ilícita”. En ese caso, el BCU quedaría habilitado por la ley a congelar las cuentas bancarias de aquellos que estuvieran en infracción. También la empresa Uber debería pagar impuestos por su condición de “intermediaria” en un negocio entre particulares.
Las fuentes precisaron que el proyecto en elaboración se fundamentaría en dos disposiciones constitucionales, que suponen, por un lado, la no prohibición de la aplicación Uber y, por otro, la reglamentación de su uso.
El artículo 10 de la Carta dice que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. En esto se basa la idea de no prohibir Uber.
Sin embargo, el artículo 36 sostiene que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”. En esta salvedad se fundamentaría la reglamentación.
El martes 22, el propio presidente Tabaré Vázquez anunció durante la reunión del Consejo de Ministros realizada en Piedras Coloradas (Paysandú), que su gobierno preparaba un proyecto de ley para regular Uber y otras aplicaciones.
Vázquez opinó que Uber “irrumpió intempestivamente en el mercado uruguayo de transporte de pasajeros infringiendo todas las normas, sin tener en cuenta que Uruguay es un país serio y responsable”.
El presidente dijo que en la nueva norma se respetaría “la libertad de trabajo”.
“El camino no pasa por prohibir sino que pasa porque haya una ley que establezca claramente que cualquier tipo de aplicación para ofrecer los servicios dentro del país debe cumplir con las normas y las leyes (...) y para ello hay que darle la potestad a las autoridades de controlar”, añadió.
A su vez, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma —encargado por Vázquez para preparar el proyecto— precisó que la norma “tendría carácter de orden público, por lo que por más que quieran llegar a acuerdos privados deberán respetar las disposiciones de forma tal, que más que prohibir deberán cumplir con la normativa vigente”.
La futura ley, indicó, habilitaría “instrumentos a los organismos para que puedan realizar su labor de control mediante el ejercicio de policía administrativa para que sea realmente eficiente”. Toma insistió en que el proyecto se aplicará a “cualquier aplicación que utilice mano de obra”.
“Una falta de respeto”.
En una entrevista con radio Montecarlo el domingo 21, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que está dispuesto a negociar con los representantes de Uber si la multinacional acepta dejar de ofrecer los servicios mientras se desarrollan las negociaciones.
“No nos negamos a discutir, pero hay reglas de juego. El transporte público está regulado para asegurar un servicio”, dijo y agregó: “Nos sentamos a discutir y vemos cualquier cosa. Pero mientras esté funcionando este sistema, sin respetar a los propios uruguayos y uruguayas, no vamos a hablar”, enfatizó Martínez.
El intendente ya mantuvo reuniones con los representantes uruguayos de Uber. Una de las primeras reuniones fue con el militante socialista Enrique Rivero, quien asistió al encuentro presentándose como el “representante de Uber en Uruguay” (ver recuadro).
En la entrevista radial, Martínez dijo que esa reunión fue poco seria. “Habían venido unas personas hace unos meses y lo que nos presentaron fue una carpeta con fotocopias de prensa: una falta de respeto”, opinó acerca de los documentos que le presentó Rivero en nombre de la multinacional.
Martínez ha sido muy crítico sobre la llegada de Uber y ha afirmado que su accionar para operar en Montevideo ha sido “patotero”.
El jueves 18, dos días después de haber mantenido un encuentro con los diputados Felipe Carballo (frentista) y Adrián Peña (colorado), el gerente de Políticas Públicas de Uber para América del Sur, el norteamericano Carl Meacham, conversó con el secretario general de la Intendencia, el socialista Fernando Nopitsch. En el encuentro, dijeron fuentes de la comuna, el ejecutivo le entregó material en el que detalló las distintas normas diseñadas en las ciudades donde la actividad de Uber fue regulada, y por lo tanto, es legal. Nopitsch le trasmitió que la IMM está dispuesta a regular la actividad de Uber en la capital, pero que para sentarse a hablar, primero tienen que dejar de funcionar, porque según las normas actuales, la empresa norteamericana es “ilegal”.
Ese día, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, anunció que el Congreso de Intendentes creó una comisión para estudiar el tema. El martes 16, Botana se había reunido por este asunto con el presidente Vázquez.
