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El Poder Ejecutivo envió el viernes 19 un proyecto de ley al Parlamento en el que propone un cambio en la ubicación institucional del Ministerio Público, para que deje de depender del Ministerio de Educación y Cultura a se constituya en un servicio descentralizado.
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Esta era una de las mayores exigencias de los operadores judiciales de cara a una eventual reforma del Código del Proceso Penal en el que los fiscales tendrán un rol mucho más activo.
De hecho, el propio fiscal de Corte, Jorge Díaz, expresó en un evento académico celebrado en la Universidad Católica a comienzos de junio, que difícilmente se apruebe esa reforma mientras los fiscales sigan dependiendo del Poder Ejecutivo.
Con el proyecto, el Poder Ejecutivo señala que pretende actualizar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que “ha sido superada conceptualmente”. Según la exposición de motivos, con esta reforma se recogen “las tendencias seguidas en las leyes orgánicas más modernas a nivel internacional”.
La propuesta incluye la posibilidad de impartir directivas generales por parte del fiscal de Corte, aunque subraya que las mismas no pueden en ningún caso violentar la independencia técnica de los fiscales.
Al respecto, el artículo 7 del proyecto expresa: “El fiscal de Corte elaborará criterios generales de actuación de sus integrantes, los que deben ser públicos y comunicados por escrito a cada uno de ellos y simultáneamente a la Asamblea General”.
El proyecto también recoge criterios modernos de acceso a la información pública y de libertad de expresión de los fiscales con limitaciones vinculadas a la seguridad de las personas, entre otros aspectos.
Asimismo el proyecto define las competencias de la Fiscalía Letrada de Inspección, cargo creado en la Rendición de Cuentas, que se encargará de “controlar la regularidad de las oficinas de la Fiscalía nacional”.