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Cada día se conocen más casos de violencia doméstica y varios de ellos terminan con la muerte de una mujer. A esto se suman situaciones de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes y violencia contra homosexuales, discapacitados o adultos. En el gobierno consideran que muchas de estas situaciones no están contempladas en las leyes y sostienen que llegó el momento de pensar un nuevo marco normativo.
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“Necesitamos leyes que den cuenta de fenómenos sociales que, si bien estaban, ahora los visualizamos y tenemos que tener los instrumentos necesarios para cambiarlos”, dijo a Búsqueda María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
El director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Dardo Rodríguez, dijo que están pensando en reunir y actualizar “todas” las normas vinculadas al tema de la violencia pero aclaró que aún no hay un documento para llevar al Parlamento.
Rodríguez explicó que hoy la “prioridad” para el INAU es unificar los servicios que tratan temas de violencia en el organismo, como el Sipiav o el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Señaló que observan cierta “descoordinación” entre los servicios y por eso quieren implementar algunos cambios. Eso incluirá los hechos de violencia interna en el organismo.
Mizrahi dijo que una de las ideas en las que trabajan es actualizar la ley de 2002 que refiere a la violencia doméstica. “Estuvo bien en su momento, no había nada, pero ahora necesitamos una ley más integral que tome otros aspectos y otras formas de violencia”, afirmó.
“Se está planteando una ley para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Es un problema social complejo e importante. Hay que insistir porque la sociedad lo consume. Nos pasa que muchas veces las niñas empiezan con situaciones de abuso sexual que después llevan también a la explotación. Igual tiene sus particularidades porque hay redes y necesitamos una protección mayor”, agregó.
La ley de violencia doméstica contempla la situación que viven las mujeres pero no la de los niños, explicó Mizrahi. “Y eso hace a la forma en que se encara el tema desde lo judicial. Es necesario tener una ley integral que englobe las respuestas y no solo la policial. No podemos trabajar solo con el niño y no con la familia”.
“No todos los casos de maltrato infantil terminan en la Justicia. Hay que preparar a los niños para enfrentarla porque sufren revictimización. A veces pasan por todo eso y no hay prueba y el agresor queda libre. Los jueces nos explican que no hay prueba. Muchas veces estos casos se dan mucho tiempo después de la violación, por ejemplo. ¿Será que el testimonio del niño tiene que ser suficiente, como pasa en otros países?”.
Para Mizrahi, la “protección de los niños contra la violencia debe ser una prioridad en la agenda de desarrollo sostenible y eso es lo que plantea Naciones Unidas para el milenio”.
Recomendaciones.
En el Sipiav elaboraron propuestas para trabajar en una ley integral de violencia. En el marco del fondo fiduciario llevado adelante por el Sipiav y el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, las doctoras Diana González y Alicia Deus hicieron recomendaciones a partir de un estudio que compara marcos normativos de otros países.
“Varios países de la región han aprobado leyes integrales. La principal virtud de estas leyes consiste en regular la temática como un asunto público del que el Estado debe hacerse cargo. (…) Estas leyes buscan incidir en todos los ámbitos en que ocurre la violencia: intrafamiliar, comunitaria, institucional, mediática, explicitando exhaustivamente las distintas formas en que la misma se expresa”, escribieron las autoras.
Recomiendan incorporar medidas para la protección de las víctimas de violencia y para la atención de personas adultas mayores, personas trans y con discapacidad, e introducir una norma sobre el combate al bullying (acoso), entre otras propuestas.
Más violencia.
El último informe de gestión del Sipiav (2014) dice que es necesario revisar la normativa vigente sobre maltrato y abuso. “Esto surge fundamentalmente de la experiencia de trabajo de quienes operan en la temática y constatan cotidianamente los efectos revictimizantes de su aplicación, sus fallas a la hora de concretar una efectiva protección a niños, niñas y adolescentes”.
Según el informe, en 2014 se registraron 1.728 situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo que representa un incremento de 31% respecto a 2013.
En cuanto al tipo de violencia registrada, en el 50% de los casos se trata de maltrato emocional, el 22% es abuso sexual, el 16% maltrato físico y el 12% negligencia.
El 76% de las denuncias por abuso sexual son presentadas por mujeres. Más del 50% de las denuncias por maltrato emocional, físico o negligencia son de niños y adolescentes varones.
En el 75% de los casos las situaciones son recurrentes: en abuso sexual el 60%, en maltrato emocional el 73%, en maltrato físico el 89% y en negligencia el 88%.
El informe también da cuenta del perfil de quienes agreden. “En más de tres de cada cuatro situaciones, quien agrede es familiar directo” del menor de edad. En casi cuatro de cada diez situaciones se trata del padre; en el 27% de los casos es la madre, en el 15% la pareja de la madre y en el 7% una persona que no integra la familia.
“Estos datos son semejantes a los de 2013, con un leve aumento relativo del protagonismo de la madre y un descenso del paterno”, dice el informe. “Esto parece reforzar la idea presente en el imaginario social de la potencial violencia relativa del ámbito familiar para niños, niñas y adolescentes, o, al menos, reiterar la mayor captación de situaciones dentro de este ámbito”.
