Con el objetivo de revertir las “creencias y hábitos” de la población que legitiman el “consumo nocivo” de alcohol, la Junta Nacional de Drogas (JND) elaboró un proyecto de ley que aumenta la carga impositiva sobre esas bebidas, prohíbe su consumo en la calle, los “happy hour” y la “canilla libre”, exige licencias especiales para su venta y limita su publicidad.
Para fiscalizar el cumplimiento de la nueva normativa, el articulado prevé la creación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA) y le otorga capacidad de inspeccionar y aplicar sanciones que van desde el apercibimiento hasta la clausura de locales.
El proyecto de ley, al que accedió Búsqueda, será analizado en los próximos días por el Poder Ejecutivo para después enviarlo al Parlamento.
“Hábitos”.
En la exposición de motivos, la JND explica que en Uruguay hay 260.000 personas “afectadas por el uso abusivo de alcohol”, son quienes ya presentan problemas por el consumo, “aunque no tienen síntomas de dependencia”.
El consumo extendido de alcohol es “especialmente grave entre los jóvenes, donde uno de cada tres tiene episodios de intoxicación los fines de semana”, según el proyecto. Eso ocurre, al menos en parte, por “la débil fiscalización de la venta a menores, el nulo control sobre los locales de venta, la gran cantidad de pautas y auspicios de estas bebidas y otros factores de contexto”.
Ante esa situación, el proyecto se propone “modificar una cultura de consumo sin afectar las ventajas y beneficios de la actividad económica que lo sustente”, lo que supone “intervenir en creencias y hábitos de prácticamente la totalidad de la población”.
Licencias e impuestos.
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, la URBA, que estará en la órbita de la Presidencia de la República, tendrá la potestad de “otorgar, autorizar y registrar las licencias” para la distribución y “expendio al público de bebidas alcohólicas”. Habrá siete categorías de licencia, que tendrán un costo anual de entre 10 y 50 Unidades Reajustables (el equivalente a $ 6525,2 y $ 32.626, respectivamente).
No solo bares, pubs, supermercados, almacenes y casas de fiestas tendrán que gestionar su licencia, sino también “aquellas personas que, en forma ocasional, sea para un evento especial, o por un período de tiempo determinado, deseen expender u ofrecer bebidas alcohólicas”.
Los requisitos que deberá cumplir un local para obtener la licencia quedarán sujetos a reglamentación, sin embargo, se tendrá en cuenta “la cercanía de centros educativos públicos y privados” y el acceso de menores.
Además de obtener ingresos por el pago de las licencias, la URBA se financiará a través de una tasa sobre la venta de bebidas, que será de entre 1,24% y 9,15%, dependiendo del producto. Los porcentajes fueron establecidos luego de su discusión con el Ministerio de Economía.
Vía pública.
El proyecto incluye la prohibición de venta de alcohol entre las 22 y las 8 horas (hoy la restricción comienza a las 0 horas) y de “expendio, ofrecimiento y consumo” en “la vía pública o espacios públicos” y en los centros educativos.
Con la redacción actual del proyecto, quienes violen la ley y consuman en la vía pública “podrán ser sancionadas con las medidas curativas y/o educativas que correspondiera” de acuerdo a su gravedad.
Tampoco estará permitida la venta en “locales, instalaciones o recintos donde se desarrollen eventos deportivos y/o espectáculos culturales, musicales o diversiones públicas, salvo cuando los mismos se desarrollen en predios delimitados y dentro de los cuales se hubiere autorizado la instalación de establecimientos comerciales destinados a expender u ofrecer bebidas alcohólicas. Dicha prohibición podrá abarcar la zona de influencia que comprende un radio de 500 metros, dos horas antes y dos horas después del desarrollo de los respectivos eventos”.
Las superficies comerciales mayores a 100 metros cuadrados deberán tener separadas las bebidas alcohólicas de las otras, la situación de los locales con una superficie inferior quedará sujeta a reglamentación posterior.
El artículo 23 del proyecto prohíbe las “modalidades” conocidas como “happy hour” (dos por uno), la entrega de más de una consumición a cambio de una entrada y la “canilla libre”. Explica que por “canilla libre” se entiende “a la entrega ilimitada, ya sea en forma gratuita o mediante el pago de un precio fijo previamente concertado”.
Para quienes incumplan la propuesta se prevén tres niveles de infracción: “leves, graves y muy graves”. Su aplicación dependerá, entre otras cosas, de “la existencia de menores involucrados; riesgo para la salud de la población; la posición en el mercado y capacidad económica del infractor”.
La URBA tendrá la posibilidad de apercibir al incumplidor, aplicarle una multa de hasta 200 Unidades Reajustables ($ 134.504), incautar la bebida, suspenderle la licencia y hasta clausurarlo.
Si se aprueba el proyecto, se modificará el numeral 4º del artículo 46 del Código Penal para que deje de ser un atenuante “la embriaguez voluntaria que no fuere premeditada para cometer el delito, y la culpable plena”.
Publicidad engañosa.
El proyecto establece que toda la publicidad o promoción de una bebida alcohólica deberá incluir en un lugar visible una “leyenda de advertencia preventiva sobre los perjuicios del consumo excesivo” que será redactada por la URBA y otro texto que diga: “Prohibida su venta a menores de 18 años”.
A su vez, la iniciativa incluye varios artículos dirigidos a regular la publicidad sobre bebidas alcohólicas. Se prohíbe la “publicidad engañosa”, la que vaya “dirigida a menores”, que estén dentro del horario de protección al menor y aquellas que “utilicen a figuras de deportistas, intelectuales, científicos u otras personalidades reconocidas que asocien su éxito o reconocimiento al consumo de bebidas alcohólicas”.
Educación y salud.
Una vez sancionada, los organismos correspondientes están obligados a tomar medidas para que en Primaria y Secundaria se incluyan contenidos curriculares destinados a “la prevención del consumo problemático de bebidas alcohólicas”.
Además, en la “Red de Atención Primaria de Salud” se implementarán “servicios de asesoramiento y tratamiento dirigidos a bebedores problemáticos y en riesgo de dependencia o dependientes de todas las edades”, los que intervendrán “particularmente en aquellas personas en las que se detecte o diagnostique un consumo problemático de riesgo moderado”.
Según el proyecto, “estos dispositivos incluirán programas ambulatorios, de hospital de día, residenciales, residencias de mediana-larga estadía y residenciales para patología dual”.
