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A pocas semanas de la llegada de los fríos intensos, el Poder Ejecutivo tomó una decisión clara: retirará de manera compulsiva a las personas que viven en la calle. “La libertad va después de la vida”, afirmó el presidente José Mujica el lunes 7 durante la reunión del Consejo de Ministros. Pero el gobierno resolvió sacar a los que viven en la calle no solo porque esté en riesgo su vida sino también para respetar el derecho de los demás a utilizar los espacios públicos y se propone establecer “mecanismos punitivos” para que no insistan en su actitud de habitar la vía pública.
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Los ministerios de Interior y Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y las intendencias de Montevideo y Canelones, son los principales organismos que llevarán adelante una política para evitar que haya personas viviendo en la calle.
En este tema, el gobierno ha ido modificando su postura. El año pasado, la principal discusión pasó por asegurar la vida de las personas que viven en la calle y que podían morir por las bajas temperaturas. En 2011 se aprobó una ley que permite sacar compulsivamente a personas viviendo en la calle en caso de que esté en riesgo su vida. En ese momento, se generó un debate respecto a si de esta forma no se violaba la “libertad” de las personas afectadas.
Para el gobierno este punto ya está saldado y ahora analiza qué normativa aplicará para retirar a la gente. En tal sentido se tomará en cuenta la “ley de vagancia” y, en especial, ordenanzas que se aplicaron en ciudades como Barcelona o Budapest.
Además de evitar la muerte de personas por frío, la otra gran preocupación del Poder Ejecutivo es el uso del espacio público.
“Hay gente que vive en la calle o en plazas de deportes, que hace sus necesidades allí, dejan sus cosas tiradas, y eso causa que el resto de la gente no pueda acceder a los lugares debidamente”, afirmó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi (Búsqueda Nº 1.657).
Hoy jueves 10, varias de las instituciones involucradas en el tema participarán de un foro sobre “La convivencia ciudadana en los espacios públicos”.
En el gobierno trabajan en la normativa a aplicar y en el diseño operacional de cómo se llevará adelante la tarea.
En la reunión de hoy jueves, el Ministerio del Interior presentará un documento, elaborado por el sociólogo Gustavo Leal, donde se plantea “impulsar un nuevo pacto social para tener derecho a la ciudad”.
“La actualización normativa es un elemento clave en la estrategia. En primer lugar porque permite instalar en la opinión pública el tema y en segundo lugar porque ubica la discusión en el terreno de los derechos y obligaciones. Y esto es importante ya que es necesario asociar esta iniciativa a una decisión del gobierno de ampliar derechos ciudadanos y no de restringir las libertades y el libre albedrío”, sostiene el documento del ministerio.
El autor del trabajo plantea no focalizar el tema únicamente en las consecuencias del frío porque “no soluciona el problema. Incluso se podría estar potenciando o consolidando el mismo”.
“Por eso el foco debe ser otro. Si definimos que el problema es favorecer y garantizar el uso intensivo de los espacios públicos por parte de la ciudadanía, entonces en ese contexto debemos atender la problemática de las personas que se han apropiado de él, tanto en invierno como en verano. Se debe pensar en un dispositivo permanente que tenga como uno de sus eslabones un espacio de alta flexibilidad para derivar a las personas que se movilicen de los espacios públicos”.
Además se plantea que deben existir “mecanismos punitivos para quienes en forma reiterada ocupan el espacio público”.
“En este aspecto hay que ser creativos pero firmes”, se señala en el texto.
Renuncia.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también apoyó la decisión del resto del gobierno. Esto provocó el viernes 4 la renuncia del director nacional de Integración Social, Sebastián Pereyra. “Cuando asumí había una situación crítica y él ya había presentado su discrepancia con el enfoque, pero le pedí que se quedara. Pasada la situación y en la medida que se consolida esta estrategia entendió que no era compatible su visión con su cargo y renunció”, explicó a Búsqueda el ministro Daniel Olesker.
El jerarca señaló que hay dos objetivos en el planteo del gobierno: por un lado “proteger a las personas que están en situación de calle, mejorando su calidad de vida” y por otro “favorecer el uso de los espacios públicos”.
Olesker consideró un “error” pensar que “la gente tiene derecho a poner en riesgo su vida”.
“En el Ministerio de Salud decidimos implementar una guía para la prevención del suicidio por ejemplo, y en este caso el Estado tiene la responsabilidad social de proteger a la gente. No es verdad que están ejerciendo un derecho de libertad”, dijo.
Olesker explicó que este tipo de programas no involucran a una sola institución del Estado. “Hay una respuesta de política social, que es el rol del Mides, hay una respuesta sanitaria, que es Asse, hay una respuesta de responsabilidad por el orden y la convivencia en la ciudad y ahí están los gobiernos departamentales, y todo esto tiene que ver con la participación del Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con el mantenimiento del orden público”, afirmó.
