El gobierno sella el acuerdo con Multicanal pese a las críticas

La controversia con Multicanal, consideran las autoridades del gobierno, era una “herencia” del Frente Amplio y, en particular, de la “desprolija” e “irregular” gestión del entonces presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya.

Uno de los dos recursos “había desaparecido” hasta que la entonces directora de la Ursec por la oposición Silvana Olivera planteó el tema en el organismo. “El otro recurso ni siquiera se había digitalizado y estaba en la pila de expedientes de Cendoya”, dijo a Búsqueda una fuente del Poder Ejecutivo.

Cendoya fue denunciado por las actuales autoridades por presuntas irregularidades en su gestión al frente de la Ursec. Entre otras cosas, se cuestionaba que había documentos y expedientes que no habían sido digitalizados, lo que impedía su seguimiento.

La opinión del actual gobierno es que los recursos de Multicanal podrían haber tenido un efecto suspensivo de la subasta de la frecuencia, por lo que no haberlos tratado en tiempo y forma exponía al Estado a perder un juicio iniciado en 2020 por la empresa. “El gobierno pasado hizo la subasta contra viento y marea, sin tener en cuenta estos recursos”, cuestionó uno de los jerarcas consultados.

Movistar y Antel habían adquirido los espacios radioeléctricos subastados por US$ 28 millones cada una, pero cuando a comienzos del año pasado intentaron utilizarlos, provocaron interferencias en los servicios de Multicanal. Los intentos de evitarlas mediante la implementación de filtros fueron infructuosos.

En el gobierno aseguran que las negociaciones para transar con Multicanal demoraron meses porque la empresa reclamaba cerca de US$ 8 millones. Añadieron que los informes internos del gobierno valuaban la compañía en unos US$ 6 millones, aunque en un sector en crisis. Por eso, para el Poder Ejecutivo, los US$ 2,5 millones acordados es un “buen negocio” para Uruguay.

Las autoridades tenían interés en solucionar este tema rápido porque consideran que permitirá a las empresas proveer mejor servicio de 4G a sus clientes.

“Queríamos resolver el tema rápido y teníamos riesgos jurídicos notorios”, resumió un informante.

Una vez cerrado este capítulo, el gobierno espera abrir la licitación de la banda de 3,5 gigahertz, un espectro clave para el despliegue de la tecnología 5G.

Discrepancias

No todos están de acuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo. En agosto el Tribunal de Cuentas aprobó el acuerdo entre el gobierno y Multicanal, aunque los dos ministros en representación del Frente Amplio votaron en contra, según informó entonces la diaria.

Tras analizar los antecedentes, el ministro Enrique Cabrera sostuvo que parte de los problemas de interferencias eran producto de los sistemas de recepción de Multicanal y que no estaba probado que fuera por culpa de las telefónicas, motivo por el cual en 2020 la Ursec rechazó los recursos de la compañía. “De estos informes se desprende en forma rotunda que no le asiste razón a Multicanal S.A. en su demanda”, escribió en su fundamento.

“No se desprende del expediente a estudio que el cese de la actividad se origine en la demanda planteada, sino que es parte de una decisión empresarial que sí tiene en cuenta las falencias técnicas que son explicitadas en el informe de la Ursec y de la Dinatel (Dirección Nacional de Telecomunicaciones)”, añadió Cabrera.

El ministro Miguel Aumento, por su parte, dijo que compartía “en lo sustancial la argumentación” de Cabrera.

En julio de 2020 la Ursec aprobó una resolución en la que rechazó uno de los recursos de Multicanal y argumentó que la empresa no había “solicitado la suspensión de ejecución” de la subasta.

Cuando en setiembre se conoció la resolución del Tribunal de Cuentas, legisladores del Frente Amplio cuestionaron la decisión y solicitaron información complementaria al Poder Ejecutivo.