El gobierno toma medidas para enfrentar una eventual demanda de Aratirí si no se concreta la firma del contrato de inversión

Por ello, y con los días contados, el Poder Ejecutivo consultó a sus asesores jurídicos qué consecuencias traería no llegar a acordar la firma del contrato, informaron a Búsqueda fuentes de gobierno. Uno de los escenarios planteados es una demanda de la empresa, afectada por los cambios del gobierno.

“Es posible”.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, está a menos de tres meses de culminar su gestión. El contrato con Aratirí es su prioridad para el final del período y, según indicó a Búsqueda, allí “están colocados los esfuerzos para que se firme”.

“Depende de información de la empresa que falta en las distintas áreas, de nuestro lado resolver el esquema del puerto, pero creo que es posible el contrato”, dijo.

Pase lo que pase, Kreimerman asegura que “la posibilidad de extracción de hierro a grandes volúmenes ya generó grandes avances a Uruguay”.

Por un lado, “se fortalecieron las capacidades de conocimiento y contralor del Estado, que se trasladarán a las empresas chicas para su control minero y ambiental”. En segundo lugar destacó la ley de Minería de Gran Porte, a la que considera “buena y moderna, aun por fuera de los ciclos económicos”. Y mencionó la realización de un mapa aerogeofísico del país sobre el territorio con posibilidad minera, que “va a posibilitar al futuro gobierno trazar una política minera”.

Impacto Aratirí.

Una reciente investigación realizada para el Centro de Estudios Fiscales por los investigadores Marcelo Perera, Cecilia Llambí, Flavia Rovira y Carmen Estrades analiza el impacto macroeconómico del proyecto minero en Uruguay. Pone el foco en los efectos del eventual boom minero, canalizados a través de la evolución del tipo de cambio real y de la productividad global de la economía (o productividad total de los factores productivos), así como qué tan razonable es esperar una incidencia negativa con características de “síndrome holandés”.

El estudio concluye que la economía aceleraría su crecimiento en la próxima década en unas 3-4 décimas de punto porcentual por año, y las exportaciones totales incrementarían su ritmo de aumento entre 7-8 décimas por año.

Se produciría una ligera moderación del crecimiento de la actividad y las exportaciones de los sectores transables tradicionales, fundamentalmente la agroindustria y el agro. “Por lo tanto, la magnitud de los impactos en la estructura sectorial de la producción en ningún caso pueden catalogarse como un fenómeno de ‘enfermedad holandesa’”, dicen los autores.

Sostienen que el fondo soberano intergeneracional de inversión asociado a la megaminería es una herramienta eficaz para atenuar el impacto del auge minero sobre el sector transable tradicional. Una mayor proporción de activos externos en la cartera del fondo permitirá, al menos parcialmente, esterilizar el ingreso de divisas y atenuar el impacto del boom sobre la demanda interna. De este modo se modera la apreciación real de la moneda, que afecta la competitividad de los transables tradicionales.

Sin contrato.

De no alcanzarse un acuerdo, se abre un nuevo escenario. La ley de Minería de Gran Porte estableció que la minera, en este caso Aratirí, tiene 90 días para presentar otro interesado, más 120 días luego para negociar un contrato de inversión.

Por su parte, el Estado tendrá la “preferencia de compra” de los datos del proyecto, “incluso aquellos declarados reservados o confidenciales”, durante 180 días, según el artículo 37.

En tanto, la norma establece que “en caso de no otorgar la concesión para explotar o de rescisión o de extinción del contrato” las minas y áreas mineras implicadas en el proyecto serán inscriptas en el “registro de vacancias”. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo “podrá otorgar nuevos permisos” o “constituir un ente público o persona jurídica de propiedad estatal para continuar realizando la actividad minera”.