El gobierno usa como “botín de guerra” al Instituto de Empleo y Formación, recorta y no aporta al fondo para capacitaciones

Además, tras el cambio de autoridades, el nuevo director general del instituto, Pablo Darscht, anunció recortes de gasto y un “rediseño” de la gestión, en particular de la administración y finanzas de modo de mostrar “al país entero que el instituto es serio, austero y útil”. En ese marco, en las últimas semanas se resolvió por mayoría (con el voto en contra de los representantes del PIT-CNT) el recorte de viáticos por clase asistida a los cursos y la supresión de algunas gerencias del organigrama institucional, readecuando su estructura entre otras medidas de ajuste.

Agregó que es “contradictorio” que el gobierno pretenda hacer ver al instituto como “desfinanciado” para justificar que Rentas Generales no aporte al Fondo de Reconversión Laboral (FRL) y a su vez haya dispuesto “a dos meses de asumir” que la entidad le vertiera US$ 6 millones al Fondo Coronavirus.

Cuestionó que se “mida” al instituto en términos de “pérdida o ganancia”, porque a su juicio “no es cualquier empresa”. Aseguró que no está en riesgo que deje de financiar capacitaciones, como se sugirió desde la dirección general, porque el Inefop “no está desfinanciando” dado que tiene US$ 20 millones de reservas, aún sin haber recibido los aportes de Rentas Generales durante los últimos ocho años. Dijo, citando un informe financiero, que el Estado arrastra una deuda con el FRL desde 2011 y que actualmente llega a US$ 45 millones. “Hay un desinterés en aportar al FRL. ¿El gobierno qué papel juega en la formación? ¿Simplemente participa en el organismo? ¿No le parece importante contribuir para que más personas se capaciten? Porque no es sobre la base del ahorro que se tiene que plantear eso, sino cómo hacer crecer el fondo para llegar con cursos a más personas”, reclamó.

“Convengamos que el Inefop aportó para cosas por solidaridad, pasó con el tornado de Dolores, una granizada en Salto, ahora el Fondo Coronavirus. Vemos que se contradicen las políticas de los gobiernos sobre lo que quieren del Inefop sin aportar, porque el anterior gobierno y éste hicieron lo mismo, no aportaron al FRL, le sacaron”, agregó Perdigón.

El “rico del pueblo”

Acerca de si el Inefop se utilizó “para cubrir necesidades políticas”, como afirmó Darscht, Fuentes tomó distancia de esa valoración: “El problema entre el gobierno actual y el anterior es entre ellos. Nuestra función es representar a los trabajadores para que puedan integrarse al mercado de trabajo. (…) En el caso de Dolores y de Salto se actuó en función de una situación, se pretendía tanto y dimos cuánto. No sé si es el cometido del Inefop hacerlo, pero en definitiva se trató de ayudar a gente que tenía comprometido su trabajo”.

Reconoció que en los últimos años el instituto era “como el rico del pueblo: todo el mundo hacía cola para pedir plata para algo, y a muchos había que decirle que no”.

Perdigón complementó: “Creo que todos los gobiernos van a intentar resolver algunas cosas con los fondos del Inefop. El anterior utilizó parte y este también, porque a los dos meses sacó US$ 6 millones (para el Fondo Coronavirus), y quizás el que venga también va a querer porque antes de pelearse con el Ministerio de Economía es más fácil pelearse con nosotros”.

El Inefop es una persona pública regida por el derecho privado, que está dirigido por un Consejo Directivo tripartito integrado por tres directores en representación del Poder Ejecutivo, dos del PIT-CNT y otros dos del sector empresarial.  Sin derecho a voto, también participa un representante de la economía social.

Auditoría “política”

Hacia delante, a ambos representantes de los trabajadores en el Inefop les preocupa que se pretendan “sacar” los aportes del denominado “literal Ñ”, puesto que se está haciendo una auditoría y son transferencias que han estado cuestionadas públicamente.

Defendieron como “imprescindible” mantener las partidas destinadas a la formación en negociación colectiva (literal Ñ), aunque dijeron que se podrían llegar a “ajustar los números” que hoy reciben las instituciones. Por otro lado, afirmaron que “no parecería sensato ni ético plantear que los demás recorten, si vos (Estado) no aportás estando obligado por ley”.

En esa línea, reclaman que el gobierno priorice dónde recortar, y plantean que se debió comenzar por el subsidio previsto en la ley de empleo juvenil que se lleva el 20% de los recursos del instituto (unos US$ 7 millones al año) con “dudoso resultado” y no por los viáticos por clase asistida, que a partir de octubre pasarán de $ 223 a $ 90. “Eso, en comparación, es un ahorro insignificante y a su vez es como decirle a la gente: ‘te doy el curso pero no los materiales’”.

La primer etapa de la auditoría del instituto que está terminada es precisamente la de la ley de empleo juvenil. Perdigón dijo que en virtud del informe final, la AIN “está haciendo apreciaciones políticas y no técnicas, porque, —por ejemplo— la ley de Inefop dice que tiene que llevar adelante las políticas públicas que determine el Poder Ejecutivo, como la ley de empleo juvenil, que está en la órbita del Ministerio de Trabajo (MTSS). Ahí, lo único que hace el Inefop es subsidiar las inserciones (de los trabajadores), pero el que da las autorizaciones  y las excepciones es el MTSS, no pasan por el instituto.  Sin embargo, la auditoría dice que también somos responsables”.

“Nos preocupa que se utilice al instituto de esta manera para cuestionar la herramienta, porque problemas de gestión van a haber siempre”, alegó.

Además, Perdigón y Fuentes rechazan que se diga que no existe evaluación de los programas que el instituto tiene en marcha, si bien, afirman, “siempre hay cosas para mejorar” y advierten que en muchos casos resulta difícil de realizar porque es necesario coordinar con las entidades de capacitación que contrata el Inefop para dar capacitación. “Hay un principio que se da en cada cambio de gobierno: ‘Yo vengo y soy mejor que el que estuvo porque hizo todo mal y yo voy a hacer todo perfecto. Después la realidad es cruel”, dijo Fuentes.

Por otro lado, especularon con la posibilidad de que se pretenda reducir la participación de los directores en el organismo que actúan por el PIT-CNT y por los empresarios.

• Recuadro de la nota

El Inefop aprobó reestructura; en 2019 volvió a aumentar su balance negativo