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La semana pasada una persona se acercó a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en 18 de julio y Barrios Amorín, y, sin mediar palabras, agredió a uno de los guardias de seguridad ubicados en la entrada. Hechos similares se habían repetido antes ya que el involucrado, en situación de calle, tiene problemas psicológicos y reacciones violentas que requieren de medicación para ser evitadas. Aunque finalmente entre dos funcionarios lograron controlarlo, cuando supo del altercado el ministro Pablo Bartol reforzó su preocupación y su posición de que ese tipo de casos necesitan de una internación compulsiva.
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Las nuevas autoridades de la cartera entienden que se debe retirar a la gente de la vía pública aplicando la Ley Nº 19.120, sobre faltas, que establece que quien ocupe espacios públicos acampando o pernoctando de forma permanente será castigado con una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario. Cuando se constate la infracción, la persona debe ser trasladada al Mides para que se les ofrezca una alternativa y se debe dar cuenta al juez de la situación.
En el marco de esta ley, durante la última gestión frenteamplista, el Ministerio del Interior tuvo la intención de derivar al Mides a personas en situación de calle, pero la práctica fue dejándose de lado ante el aumento de la problemática y la falta de soluciones definitivas. Algunos dirigentes del Frente Amplio incluso criticaron en la interna al exministro Eduardo Bonomi por entender que el accionar de la Policía no correspondía con principios de la izquierda.
Durante la última gestión frenteamplista, el Ministerio del Interior tuvo la intención de derivar al Mides a personas en situación de calle, pero la práctica fue dejándose de lado ante el aumento de la problemática y la falta de soluciones definitivas
A diferencia de la administración anterior, en la actual la postura del Mides y del gobierno en pleno está alineada con la del Ministerio del Interior, al punto que una de las primeras órdenes que recibió la Policía es ordenar la situación de indigencia en la vía pública, informaron a Búsqueda fuentes oficiales. Así se lo trasmitieron las autoridades del ministerio a los jefes de Policía de los 19 departamentos. La decisión de aplicar una política estricta respecto a las personas que viven en la calle ya había sido conversada durante el período de transición como prioridad por Bartol y el nuevo ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
“La situación de personas en situación de calle no es un derecho. Hay faltas en el sistema jurídico del país que perfectamente se pueden aplicar y que obviamente vamos a llevar adelante porque la gente en situación de calle también afecta la propia convivencia en la sociedad. Eso es lo que habilita hoy el marco jurídico legal”, sostuvo Larrañaga en enero tras reunirse con su par de Desarrollo Social.
Al tomar el cargo el lunes 2 Larrañaga hizo hincapié en este y otros objetivos generales que exigen una respuesta inmediata ante la ciudadanía. “Frente al fracaso de políticas sociales y de políticas de seguridad estamos ante una situación extremadamente compleja en materia de convivencia en donde hay una necesidad de acciones contundentes en materia de seguridad pública”, dijo en su discurso de asunción en la Torre Ejecutiva.
“Es necesario establecer un punto de partida. Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia. Quiero que cada uruguayo sepa que este Ministerio del Interior va a estar del lado de la ley. El Estado debe asumir su rol protector de derechos con autoridad: la autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce. Hay que mostrar resultados porque eso es lo que demanda la sociedad y no hay que perder el tiempo”, añadió.
A diferencia de la administración anterior, en la actual la postura del Mides y del gobierno en pleno está alineada con la del Ministerio del Interior, al punto que una de las primeras órdenes que recibió la Policía es ordenar la situación de indigencia en la vía pública.
El lunes circuló en redes sociales un video de dos minutos en donde se ve a la Policía desalojar a cuatro personas de una calle del Centro de Montevideo. “Ustedes están casi todos los días sentados acá de mañana ¿no?”, pregunta uno de los efectivos. “Entonces nosotros vamos a pasar todas las mañanas. Quieren estar acá, bueno, limpio. Mugre acá, negativo. Limpiamos todo eso”, indica un efectivo a las personas, a quienes obligan a retirar de la vereda cajas, cartones, papeles, botellas, mochilas, ropa y otras pertenencias.
Fuentes de la Policía señalaron que, más allá de que la solución a largo plazo corresponde al Mides, la intención inicial es que la Policía durante sus patrullajes exija “la limpieza y el desalojo” a las personas que están dificultando el normal funcionamiento en la vía pública.
Asimismo, Bartol dijo a Búsqueda que quiere analizar la posibilidad de aplicar la internación compulsiva de las personas que están en la calle y se niegan a concurrir a un refugio. Al menos de quienes tienen problemas de salud mental o adicciones.
En abril del año pasado el Mides y diversas agencias de las Naciones Unidas realizaron el último relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo, que arrojó para ese momento un total de 2.038 personas en esa condición, de las cuales 1.043 se encontraban a la intemperie y 995 en refugios del ministerio. Del total, nueve de cada 10 son varones, el promedio de edad es de 38 años y tres de cada 10 son afrodescendientes. Considerando a la población en situación de calle como aquellas personas que pernoctan a la intemperie o en refugios, en comparación con los datos obtenidos en 2016, se observó un aumento del 18,4%, lo que corresponde a 304 personas más.
