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A partir de mediados del 2017, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, se sumó a las reuniones de la comisión que coordina el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su presencia no estaba prevista en las normas, pero las autoridades no querían esperar hasta que se aprobara la nueva ley antilavado, en la que se establecía su integración formal a la comisión.
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El gobierno había recibido los resultados de la última evaluación de riesgos del sistema antilavado y en ella se identificaba la corrupción como una de las “amenazas más grandes” que enfrenta Uruguay, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Después de recibir la evaluación de riesgos, el Poder Ejecutivo aprobó en diciembre una nueva estrategia nacional para desarrollar entre 2017 y 2020. En ese marco, el combate a la corrupción pasó a ser uno de los “objetivos principales”, declaró el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, el martes 17, durante una conferencia organizada por el estudio Brum Costa.
Espinosa subrayó que es uno de los objetivos “más importantes” y que por eso habían incorporado a la Jutep a la comisión coordinadora antes de aprobar la ley.
Como la corrupción es uno de los delitos precedentes del lavado de activos, “no tenía sentido que la Jutep no estuviera en la comisión que coordina” su combate, dijo Espinosa a Búsqueda. “¿Para qué tener organismos paralelos trabajando sobre el mismo tema? Se trata de mejorar el uso de los recursos y el sistema”.
Además de sumar a la Junta Anticorrupción a la comisión, la Estrategia Nacional Antilavado incluye otras medidas que, de concretarse, permitirán que tenga más herramientas para trabajar en el tema, explicó.
El gobierno impulsará en el Parlamento los cambios normativos para que la Jutep pueda ser “proactiva” en las investigaciones. El titular de la Secretaría Antilavado recordó que los legisladores tienen a estudio un proyecto que modifica el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
El objetivo es, entre otras cosas, permitir que la Junta analice una cantidad determinada de declaraciones juradas sin necesidad de una orden judicial.
Espinosa dijo que el gobierno fortalecerá los recursos humanos y tecnológicos de la Jutep. También aspira a que tenga la posibilidad de solicitar información a otros organismos públicos, aunque para eso, aclaró, se necesitan cambios legales.
El gobierno impulsará en el Parlamento los cambios normativos para que la Jutep pueda ser “proactiva” en las investigaciones.
La estrategia nacional prevé “incluir” a la “sociedad civil” en el combate a la corrupción. En ese marco, el Poder Ejecutivo estudia desarrollar “campañas de sensibilización” sobre el tema, explicó Espinosa.
Desde que asumió al frente de la Jutep, en febrero del 2017, Gil dio un impulso al trabajo que desarrolla el organismo en el combate a la corrupción. Antes de su llegada, la Jutep era conocida como la “Junta Anticorrupción”, pero en la práctica casi no participaba en la represión de ese delito.
Gil, exsecretario antilavado, fue quien propuso al directorio de la Jutep actuar de oficio en el caso de las tarjetas de crédito de Ancap y el uso irregular que hizo Raúl Sendic cuando era presidente de la petrolera. A partir de ahí, la Junta comenzó a recibir decenas de denuncias semanales de presuntas irregularidades en la administración pública. La Justicia especializada en Crimen Organizado, por su parte, incrementó en los últimos meses sus solicitudes de colaboración al organismo.
