El gobierno y centro privado ven restricciones para financiar obras bajo el régimen de PPP

Tanto la Unidad de PPP del Ministerio de Economía (MEF) como el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) visualizan restricciones para el financiamiento de ese tipo de obras.

Su estudio identifica una serie de “desafíos” y “restricciones” en materia de financiamiento de PPP, como las normas que topean el riesgo que los bancos locales pueden asumir al otorgar créditos a un mismo grupo económico. Estima que, a marzo, todo el sistema bancario podía prestar unos U$S 300 millones.

Los autores —Alfonso Capurro, Federigo Fraga, Sofía Harguindeguy y Gabriel Oddone— parten de la base de un estudio anterior del Ceeic según el cual Uruguay requiere de un “shock de inversión” de U$S 2.527 millones a precios del 2013 (4,5% del Producto Bruto Interno) para “cubrir el rezago acumulado” en la red vial desde el 2000 (ver Búsqueda Nº 1.794).

El 29 de mayo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció que se lanzarán ocho paquetes de obra bajo el régimen PPP con el fin de rehabilitar las rutas que “tienen una exigencia mayor”. Esos proyectos abarcan 1.630 kilómetros (130 kilómetros de obra nueva) y el monto de inversión estimado es de U$S 663 millones para el quinquenio.

Desafíos.

“Una estructura de financiamiento para PPP que hoy se presenta como factible en Uruguay combina crédito puente bancario durante la etapa de construcción con la emisión de bono de infraestructura operativo durante la etapa de explotación”, plantea el MEF en un documento al que accedió Búsqueda. Alega que “ese tipo de estructuración parece no darse en forma tan automática en Uruguay, al menos durante el incipiente proceso del programa PPP”.

En su análisis, el Ceeic analiza los desafíos en materia de financiamiento de infraestructura en Uruguay surgidos a partir de las primeras experiencias en marcha de PPP. El proyecto de las rutas 21-24 implica una inversión inicial estimada de entre U$S 64 y U$S 92 millones, y la de la cárcel de Punta de Rieles asciende a U$S 72 millones.

El centro identifica restricciones tanto en las fuentes de fondos (equity y deuda) como en las distintas etapas de los proyectos (pre-operativa y operativa).

En cuanto a las fuentes de financiamiento iniciales, afirma que un “volumen importante de inversiones en infraestructura bajo el régimen PPP requeriría aportes de fondos propios que podrían ser elevados en comparación con el patrimonio actual de los jugadores del sector”. Plantea que eso demandaría la participación de “jugadores internacionales” con más capacidad.

Añade que atraer empresas internacionales o fondos de inversión equity “requiere definir paquetes de proyectos de una escala atractiva y estructurar proyectos financiables”. En ese sentido, para el Ceeic los primeros llamados de PPP “serán instancias clave en la consolidación del régimen para jugadores internacionales”.

Afirma que los bancos son las entidades idóneas para financiar PPP durante la etapa de construcción, pero advierte que la regulación es una limitante importante para que las empresas inversoras puedan obtener préstamos suficientes a nivel doméstico. El Ceeic estima que el crédito disponible de los bancos a un grupo económico ascendía a U$S 294 millones a marzo. Tal restricción puede agravarse, por ejemplo, si las licitaciones de los proyectos se solapan, es decir si se concreta un llamado a precios de obra nueva mientras otra está en curso, o bien si el gobierno resuelve lanzar varios planes en “paquetes” de mayor escala, señala.

Para la fase operativa de los PPP, el centro indica que las administradoras de fondos previsionales (AFAP) son las que tienen la capacidad y perfil más adecuados como financiadores. Para facilitar su participación, sugiere que se promueva un “sistema de avales y garantías por parte de agencias multilaterales e instituciones bancarias” para aumentar la “calidad crediticia de los proyectos y mejorar el soporte de los riesgos del sector privado”. La ausencia de estos instrumentos podría aumentar innecesariamente los costos de financiamiento e incluso amenazar su factibilidad, advierte.

En tanto, el MEF plantea que las AFAP pueden emitir una “carta de intención en el momento cero del proyecto y la integración de fondos en tramos”. Evalúa que eso “abriría la posibilidad a los adjudicatarios PPP de asegurarse la emisión de un bono de infraestructura que sería adquirido por este tipo de inversores institucionales a una fecha futura de operación y con una tasa de interés fija en el largo plazo, lo que contribuye a mitigar parte del riesgo financiero asociado a la volatilidad de tasas de interés”.

El Ceeic señala que la estructuración del fondo de infraestructura en el que trabajan el gobierno y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina permitiría “mitigar” la falta de fondos disponibles para financiar la construcción y la operación de los proyectos que se liciten. “Una herramienta de esta clase permitiría en Uruguay superar una importante restricción con la que contarían los grupos económicos locales y eventuales promotores de proyectos de PPP”, como es la ausencia del apoyo económico de socios internaciones, apunta.

El desarrollo del mercado de capitales es una “piedra angular” para el financiamiento de este tipo de proyectos, en particular en la fase operativa, sostiene.

Asimismo, indica que resulta “clave” definir un inventario de necesidades de infraestructura, y que se debe “mejorar la coordinación institucional en el proceso de contratación vía PPP y desarrollar una agenda formal” de proyectos en función de dicho inventario.