Mientras algunos de sus colegas, taquígrafos y ujieres se miraban asombrados, Domenech carraspeó, se tiró hacia atrás en su butaca y polemizó con Cotelo sin nombrarlo: “Se ha dicho que garchan entre hermanos, diciendo que la gente del interior y particularmente los riverenses hacen prácticas sexuales aberrantes, cuando sabemos que, en todo el interior, y así se formó la patria, se practica la endogamia, pero nunca el incesto”.
El lunes, Rafael Cotelo había leído al aire un pedido de disculpas a los riverenses y a otras personas que se hubieran sentido ofendidas por el cuplé que se emitió el viernes 29 en el programa La Mesa de los Galanes de Del Sol FM, que circuló luego en las redes sociales y fue denunciado en la Fiscalía Penal de Rivera por el exdiputado blanco Fernando Araujo por presunta incitación al odio y apología del delito.
“No pretendo que quienes detestan al personaje o a mí mismo cambien de opinión, pero siento que es bueno aclarar que lo que dice Edison Campiglia no es representativo de ningún pensamiento mío ni de ninguno de los que participamos en el programa” dijo el comunicador, pero eso no desanimó a Álvarez para seguir con la demanda ante la fiscalía.
La mayoría de los abogados consultados esta semana opinaron que, debido al contexto humorístico, el asunto no debería tener entidad penal. La excepción fue Pablo Schiavi, quien declaró a El País: “Si alguien se sintió agraviado, tiene derecho de ponerlo a consideración de un juez. Sería interesante que se analicen los límites entre el humor y la ofensa”.
Más allá de lo que decida la Justicia, el contenido del cuplé despertó polémica entre los que consideran necesaria una libertad de expresión irrestricta y quienes opinan que se deben poner ciertos límites, sobre todo cuando los mensajes tienen un contenido xenófobo o que afecta a los derechos individuales.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, consultado por Búsqueda, señaló que “el caso no tiene mérito para ser considerado penalmente” porque “los discursos sobre temas de interés público, incluidos los que bajo el humor o la sátira pueden ofender, no deben ser sujeto de respuesta penal y así se estableció en 2008 en la ley uruguaya”.
Lanza, un uruguayo que tiene su oficina en Washington, opinó que “la sociedad democrática no puede temer o censurar el humor”. No obstante, advirtió que “la discusión sobre los discursos de personas de alto perfil público como funcionarios o comunicadores, basados en estereotipos discriminatorios de determinados grupos deben ser discutidos y formar parte del debate público”.
Según Lanza, se deberían producir “más debate y no menos” porque “el principio de no discriminación también forma parte de todas las cartas de derechos humanos y los comunicadores deberían darse cuenta de cómo manejar sus expresiones sin caer en estereotipos que refuerzan la discriminación”. Para el relator de la OEA, “libertad de expresión e igualdad no son términos contrapuestos, pero para ello la sociedad debe asumir mecanismos de debate y discusión franca sobre estos temas”.
“Campaña sucia”.
El caso del personaje Campiglia, que quizás sea levantado de su espacio de los viernes a las 15:30 en Del Sol FM, no fue el único que en estos días encendió las alarmas sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión, un asunto sensible desde que asumió el nuevo gobierno.
La candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo, se presentó el 24 de mayo ante la Policía para denunciar penalmente a quienes habían difundido su imagen en las redes junto a Ariel Pffefer, uno de los 20 formalizados en la llamada Operación Océano, que investiga la explotación y el pago a menores a cambio de sexo.
Según la candidata, se trató de “una campaña sucia” para perjudicarla. La denuncia de Raffo, que actuó a nivel gerencial en la promotora de emprendedores Endeavor con el imputado, despertó críticas y adhesiones. El exdiputado astorista Alfredo Asti, por ejemplo, escribió en Twitter: “Además de aclarar correctamente que no es pareja de ninguno de los implicados y denunciar esa falsedad, debería aclarar su tipo de vinculación conocida con algunos de ellos y fundamentalmente rechazar públicamente su accionar”.
La intervención de los peritos informáticos forenses para investigar el caso por orden del fiscal Rodrigo Morosoli provocó la protesta de una de las siete personas indagadas en relación a la denuncia de Raffo, la cineasta de Maldonado Lucía Nieto.
Fuentes de la Fiscalía dijeron a Búsqueda que el caso aún está a estudio y que el procedimiento aplicado para investigar la denuncia de Raffo —que incluyó el pedido de las claves y el acceso a los perfiles de Facebook de las personas denunciadas— fue el mismo que se hace con todos los presuntos delitos de difamación e injurias a través de las redes. Por ejemplo, explicaron, fue el empleado el año pasado con el senador Óscar Andrade cuando se difundió una foto en la que su hija aparecía con un quepis de guerrillero y empuñando un fusil automático.
Retrocesos.
Las amenazas a las libertades también son un tema sensible en relación a algunos artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que cuenta con media sanción del Senado.
El propio relator Lanza había advertido que varios artículos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo vulneran libertades fundamentales y envió una nota a la Cancillería sobre el tema.
Uno de ellos, que permitía a la Policía realizar una georreferenciación de los usuarios de telefonía móvil sin autorización judicial, fue eliminado del texto.
Otros tres artículos, sin embargo, fueron votados a pesar de los cuestionamientos, aunque con algunas modificaciones.
Uno refiere a la libre circulación. Se trata de un asunto que ya despertó polémica en los gobiernos del Frente Amplio, que dictó un decreto al respecto, aunque nunca lo aplicó. En el texto aprobado por el Senado se dispone el uso de la fuerza pública para reprimir los piquetes (artículos 465 y 466). El relator de la OEA y otros organismos internacionales advirtieron que podría limitar la posibilidad de manifestar a sindicatos, partidos, asociaciones religiosas o simples vecinos que quieran expresar demandas y eso “no parece compatible con una sociedad en democracia”.
El miércoles 10, tres relatores especiales de Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que instan a que se reconsidere la legislación de acuerdo con las normas de derechos humanos. Los relatores Clement Nyaletsossi Voule, Agnes Callamard y David Kaye advirtieron acerca de la incompatibilidad de las normas que habilitan a la Policía a usar la fuerza contra manifestaciones pacíficas.
Otra parte polémica es la inmunidad especial para la Policía, porque se introduce el desacato por agravio (penado con hasta 18 meses de penitenciaría). El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) con sede en Miami (Estados Unidos) se expresó contra este artículo que en teoría está pensando para amparar a los policías durante su actuación, pero que podría limitar la libertad de expresión.
“La disposición que establece sanciones penales por ofender a los funcionarios policiales (…) no es congruente con el derecho a la libertad de expresión, y pudiera tener un efecto inhibidor sobre los periodistas que cubren los actos de la Policía”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Lanza llamó la atención de que, mientras en Estados Unidos, a raíz de los casos de abuso, se discute la inmunidad especial dada a la Policía, en Uruguay se refuerza, en contra de los tratados internacionales que suscribió el país.
Secretos presidenciales.
La LUC también recibió críticas relacionadas con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE). Si bien se introdujeron cambios respecto al proyecto original y quedó habilitado el control parlamentario a través de los ministerios de Defensa, Economía, Relaciones Exteriores e Interior, el texto que pasó a Diputados introduce una nueva categoría de secreto de Estado que escapa a la actuación del Poder Judicial y elimina en ciertos casos el derecho de petición.
Los artículos 125 y 126 de la ley con media sanción disponen dos categorías de información relacionada con el SIEE: reservada y restringida y secreta. La primera podrá ser revelada a pedido de un juez, siempre que sea solicitada para la defensa de un indagado, mientras que la segunda quedará clasificada sin plazo solamente por decisión del presidente actuando en Consejo de Ministros.
El argumento del oficialismo es que se trata de una demanda de las agencias extranjeras para compartir inteligencia sensible y una característica de esta actividad, aunque los críticos sostienen que entra en contradicción con la ley de acceso a la información pública y con la Constitución, que prohíbe “pesquisas secretas”.
La Institución Nacional de Derechos Humanos señaló en un informe que se trata de una restricción no justificada al derecho de información por resultar argumentos genéricos, poco precisos, que no demuestran el daño que puede ocasionar su divulgación.
Información Nacional
2020-06-11T00:00:00
2020-06-11T00:00:00
