El impuesto a los retirados militares

Comisión Directiva del Centro Militar

Se han expedido, tanto la Universidad Católica del Uruguay como la Universidad de la República (Udelar) expresado a través del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, acerca de la pretensión gubernamental de gravar con un impuesto lo percibido por concepto de retiro por los militares, confirmando que el texto que ahora está entrando en la Cámara de Diputados, y que fuera aprobado en el Senado de la República, es inconstitucional.

Este documento es producto de una consulta expresa realizada por la Comisión de Hacienda del Senado que se suma a uno de igual conclusión emitido por la Universidad Católica, donde también se establece que esa determinación del gobierno violenta a texto expreso lo establecido por la Constitución de la República. En este caso la redacción tampoco deja lugar a dudas o a segundas interpretaciones o a debate. Dice claramente la Udelar: “El proyecto de ley es inconstitucional”, argumentando que ante la posible insuficiencia de recursos “no corresponde gravar jubilaciones y pensiones sino recurrir a la asistencia financiera del Estado”.

Las conclusiones de ambas piezas académicas vienen a dar la razón a la justicia de nuestro reclamo, a lo que siempre hemos dicho y demostrado ante los mismos legisladores que realizaron la pertinente consulta y también ante la opinión pública. El bien ganado prestigio de esas casas de estudio las define como fuente de autoridad en el orden del conocimiento; por algo solicitaron su asistencia.

Esto, que debería aliviarnos porque nos convalida en nuestros derechos y le da objetiva razón a nuestra protesta, en verdad nos intranquiliza. La ciega determinación de la Comisión de Hacienda del Senado teniendo a la vista las advertencias clarísimas de que si continuaran adelante con su empeño estarían violando flagrantemente la Constitución; el dato desnudo de que no les importó lo que dice la Carta Magna y lo que señalan las autoridades académicas que ellos mismos habían solicitado para encuadrar la posible legalidad de su pretensión, es un signo de que algo ha cambiado para mal en el país y ya no afecta solamente a la familia militar sino a las garantías de todos los ciudadanos.

Vemos con enorme preocupación que gobernantes y legisladores persisten con todo entusiasmo en la defensa del proyecto frente a la evidencia rotunda de su desacierto jurídico, ante la advertencia de que están promoviendo de manera obstinada y militante una violación manifiesta de la Constitución de la República. En presencia de los clarísimos dictámenes académicos, el Poder Ejecutivo debería tener la noble humildad de retirar el proyecto de ley o pedirles a los legisladores oficialistas que se abstengan de agravar el error y opten por desecharlo.

Lo que nos intranquiliza es que no vemos ningún indicio en esta dirección; ninguna pista que indique obediencia al imperio de la Constitución, reconocimiento del propio atropello, ánimo para detener un proceso que nunca debería haber comenzado, por estar, desde su base, herido de crasa ilegitimidad.

Queremos dejar constancia ante la opinión pública de que no somos únicamente los militares los que resultamos maltratados cuando algunos legisladores deciden eludir el cumplimiento de la Constitución. En una República, la Constitución es el contrato social que regula los derechos y obligaciones que deben observarse entre el poder del Estado y los gobernados. Cuando esas garantías que protegen al ciudadano son violadas por ese poder de manera tan flagrante y a la vez desconociendo toda relevancia de los asesoramientos jurídicos provenientes de los centros universitarios más relevantes en Derecho y que obedecían al propio requerimiento de un poder del Estado, está claro que la República se ha violentado. No es posible sostener que existe estabilidad del orden jurídico porque se asegure el derecho al recurso de inconstitucionalidad. La antijuridicidad acaece desde el momento en que cada uno de los integrantes de un poder del Estado convalida con su acto y en forma dolosa controvertir el mandato constitucional. ¿Qué nombre se le da a un gobierno que no respeta la Constitución ni las leyes?

Comisión Directiva del Centro Militar