El impulso y el desestímulo

La semana pasada, en Galicia, Vázquez destacó que la economía uruguaya ha crecido durante trece años en forma ininterrumpida y consideró que el principal factor para invertir en el país es la confianza basada en “la estabilidad política y social, respaldada por una democracia consolidada y una fuerte seguridad jurídica”. Procuraba interesar a empresarios locales en intervenir en el plan de infraestructura (U$S 1.200 millones) de cuya ejecución depende que UPM instale su segunda planta de celulosa en el país. A su turno, los ministros de Economía y de Obras Públicas destacaron las ventajas impositivas que el país ofrece a los inversores.

Está claro que un pequeño país como Uruguay solo puede crecer hacia fuera. Debe para ello diversificar exportaciones y mercados, resolver el déficit de infraestructura física, mejorar su capital humano y recibir inversiones productivas que generen trabajo de calidad.

Aun sin obtener resultados concretos estas gestiones del presidente y de sus ministros son siempre iniciativas loables. Ahora bien, no se necesita estar muy informado para saber que algunas de las afirmaciones del presidente son cuestionadas al interior de la coalición gobernante. Y que el movimiento sindical, fortalecido en la última década por decisiones políticas del gobierno, lleva a cabo movilizaciones y “medidas de lucha” que controvierten tales enunciados y que despiertan preocupación y dudas sobre el futuro.

En la coalición gobernante coexisten un pensamiento afín a un tipo de socialdemocracia y una corriente populista influida por ideas y razonamientos propios del marxismo-leninismo. Vázquez, Astori, Nin, Rossi y otros jerarcas gubernamentales son plenamente conscientes de que “duermen con el enemigo”.

Durante la primera presidencia de Vázquez, el entonces senador comunista Eduardo Lorier lo dijo claramente. Ese era un “gobierno en disputa”. Y el que le siguió también. La declaración tenía un doble propósito: justificar el apoyo a un gobierno que el Partido Comunista del Uruguay (PCU) no compartía plenamente y, a la vez, generar expectativas de cambio a los militantes del partido, particularmente a sus cuadros sindicales. El entonces ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, declaró por esos días que sectores sindicales asumían actitudes desafiantes ante un gobierno progresista al que pretendían “tomar de rehén” para imponer sus demandas.

La “disputa” se ha sostenido en el tiempo pues ambas corrientes han convivido compartiendo cargos en el gabinete y en la Administración sin renunciar a sus convicciones ni resignar sus intereses políticos. Todo por la unidad que les mantiene en el gobierno. Un maridaje que incluye a muchos sindicalistas que pasaron a ocupar cargos y ejercer responsabilidades de gobierno. La ley de Educación, recordemos, institucionalizó la participación corporativa de los docentes en la dirección de la enseñanza pública.

Los mensajes que el presidente y los ministros dejaron la semana pasada en España poco tienen que ver con muchas de las iniciativas propuestas para reformar la Constitución en el reciente Congreso del Frente Amplio, durante el cual, los representantes de “las bases”, fieles exponentes de la ortodoxia sesentista, dejaron saber a quienes representan a partidos y movimientos que les deben tomar en cuenta.

Las alegaciones de Vázquez a favor del “libre comercio”, de la “apertura comercial”, de la “inserción en el mundo”, de una mayor y mejor inserción del país en una economía globalizada que se rige por reglas capitalistas, tienen poco que ver con las opiniones que expresan otros miembros del gobierno y de la mayoría de los legisladores oficialistas. Menos aún de estructuras orgánicas del FA que insisten en aumentar la presión impositiva y reducir las exoneraciones fiscales y otros beneficios que se otorgan para atraer a los inversores extranjeros.

Tampoco tienen que ver con los reclamos de las gremiales empresariales que se quejan de las condiciones privilegiadas que obtienen quienes llegan al país con grandes proyectos.

En las últimas semanas, Uruguay está presenciando la realización de piquetes y ocupaciones de establecimientos como parte de la presión que organizaciones sindicales afiliadas al PIT-CNT ejercen contra sus patronales en este tramo final de las negociaciones salariales en curso. Las movilizaciones también se llevan a cabo ante dependencias públicas, porque la presión se ejerce sobre los gobernantes que también deberán definir las diferencias en caso de que trabajadores y empresarios no logren acordar.

Un escenario de protesta y jolgorio que se repite una y otra vez sin que al parecer a nadie del gobierno se le mueva un pelo. Es algo que ha sido incorporado a la vida del país.

Conscientes de su poder, y de la actitud prescindente de autoridades públicas que han dado por bueno que la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión del derecho de huelga, afirmación negada por la OIT, el sindicalismo exhibe su músculo.

Mientras, el presidente y varios de sus ministros invitan al capital extranjero a radicarse en el país.

Cabe entonces preguntar: ¿cree el gobierno que los inversores son tontos? ¿Que toman sus decisiones basados solo en su palabra? ¿Que ignoran que estas hechos y tensiones pasan en el país?

Como por lo general quien va a invertir en un país suele procurarse otras fuentes de información, luego, para que decidan asumir riesgos que no se desconocen, las exoneraciones y beneficios que reclamarán deben ser tentadores. Beneficios que, casualmente, no reciben empresas pequeñas y medianas, que se quejan por el trato discriminatorio.