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El intendente de Florida, Carlos Enciso, insistió en la última semana que tras la denuncia sobre los empadronamientos irregulares en su comuna se esconde un “operativo político” con “fines electorales” y ahora su defensa legal cargó contra el denunciante, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Carlos Rodríguez. El abogado de Enciso, Jorge Reyes, señaló a Búsqueda que luego de analizar el escrito presentado por el legislador oficialista concluyó que por la “forma” en que se formuló la denuncia puede configurarse un “abuso de su cargo”.
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El diputado Rodríguez presentó el jueves 28 de agosto una denuncia penal contra Enciso por supuestas irregularidades en los empadronamientos de más de 2.000 vehículos en el departamento de Florida. Para el legislador, los hechos podrían representar “delitos contra la administración pública y contra la fe pública”. Además solicitó que se cite a declarar al intendente y a otras autoridades municipales, así como a representantes de automotoras y arrendadoras de vehículos que involucró en la “presunta maniobra” (Búsqueda Nº 1.779).
El abogado de Enciso cuestionó, por ejemplo, que Rodríguez haya realizado la demanda en su calidad de legislador, salteándose “otros pasos previos”, como el de solicitar la conformación de una Comisión Investigadora sobre el tema. Además señaló que existe una “intromisión” en la Justicia al “pretender indicarle qué es lo que debe instruir, en qué formas y en qué tiempos”. Reyes criticó la “vaguedad” de la denuncia, a la que consideró “abusiva”. Dijo que se sostiene en “trascendidos de prensa”, y además afirmó que las demandas sobre cuestiones tributarias “no pueden ser promovidas a título personal”.
En el caso concreto de las patentes, explicó que la ley de creación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) prevé que todas las denuncias o impugnaciones sean llevadas adelante “únicamente” por las intendencias.
Bancada.
El jueves 28, el mismo día en que el diputado Rodríguez se presentaba ante la Justicia con su denuncia contra Enciso, la bancada de intendentes del Partido Nacional se reunió de urgencia. En las horas previas flotaba la amenaza de hacer caer el acuerdo por la patente única, pero sin embargo los intendentes blancos salieron con un mensaje de “confianza” a los integrantes del Partido Nacional en la Comisión de Seguimiento del Sucive y con cuestionamientos a las “filtraciones de informaciones falsas”. La bancada le pidió al intendente de San José, José Falero, y a los delegados de las intendencias de Colonia y Durazno, que dejaran sin efecto las renuncias presentadas al Sucive.
En la resolución también encomendaron a sus representantes en la Comisión de Seguimiento la “culminación de acciones” destinadas a “consolidar y fortalecer el Sucive como instrumento positivo de coordinación y ponerlo al amparo de situaciones que comprometan su funcionamiento”. La bancada también ratificó los “procedimientos puestos en práctica por todas las intendencias en el ejercicio de sus competencias dentro del Sucive”.
“Operativo”.
Un día después de reunirse junto a sus colegas, el viernes 29, el intendente Enciso llamó a conferencia de prensa para insistir en el mensaje de que la denuncia del legislador frenteamplista está motivada por “intereses políticos” que buscan “enchastrarlo” en plena campaña electoral.
Según publicó el portal “Florida 24”, el jefe comunal dijo que “esto no está despegado de un ambiente electoral” y afirmó que se trató de “un buen operativo”, armado con “asesores y abogados del MPP a nivel nacional”. En cuanto a las cuestiones técnicas de la denuncia, Enciso aclaró que la cantidad de empadronamientos en estudio “no son 2.000, sino unos 400”, y que la Comisión de Seguimiento del Sucive y el Congreso de Intendentes “han estado permanentemente informados sobre la situación en Florida”.
De acuerdo con lo publicado en el portal floridense, Enciso reiteró que la información requerida por el diputado Rodríguez “no se le aportó, dado que legalmente están impedidos de hacerlo, tal como lo marcó la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que consideró los empadronamientos como datos confidenciales”.
