El magnate mexicano Ángel González compró el grupo mediático “El Comercio” de Ecuador a través de una sociedad anónima uruguaya

Según informó el diario “El Universo” de Ecuador, la compra se concretó por unos U$S 45 millones. La transacción incluye a distintas radios ecuatorianas y al diario “El Comercio”, el más importante de ese país, entre otros medios.

“Él siempre tiene muy buena relación con los gobiernos de turno. Esto es parte de su política de expansión, es parte de su política editorial, por así decirlo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es perjudicial para una democracia”, opinó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, en una nota del portal ecuatoriano “Plan V”.

Antecedentes.

En 2008, los empresarios uruguayos acusados de ser representantes de González en Uruguay, José Carlos Molinari Martínez y Diego Martín de Luca Berruti, compraron las radios Del Plata (95.5), Radio Futura (91.1) y Radio Real de San Carlos (AM 1950) de Colonia. Las transferencias fueron autorizadas por el Ministerio de Industria.

El decreto 734/978 establece que los titulares de frecuencias de radio deben de ser “ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía” y “estar domiciliados real y permanentemente en la República”. Por eso, en 2009, la ONG Grupo Medios y Sociedad (GMS) denunció al empresario mexicano por comprar —por medio de sus testaferros— emisoras de radios nacionales de forma “ilegal”. La ONG advirtió que González iba en “camino de tener la cadena de radios más grande del país”. La denuncia apuntó que, además de las radios mencionadas, el magnate había adquirido Radio Cenit de Rivera, FM Total Radio Santa Rosa de Canelones, FM La Pedrera de Rocha, y las emisoras del Grupo Sarandí, que incluyen Sarandí, Sarandí Sport, Radio Disney y Radio Integración Americana. Esta última adquisición fue realizada a través del empresario local Fernando Coelho, señaló GMS. Y agregó que la compra “sobrepasa los límites permitidos de concentración de medios en una persona”.

Varias de las radios asociadas a González luego del cambio de titularidad fusionaron sus estudios, actividades y administración en un mismo edificio. Centraron su gestión en torno a la sociedad comercial Mont Soleil SA, de la que Coelho figura como principal accionista.

A partir de las denuncias efectuadas por GMS, en mayo de 2009 la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) inició una investigación para corroborar la titularidad de esas emisoras. Hasta ese momento, la Ursec había manifestado que “todos los trámites de transferencia” habían “cumplido rigurosamente con los controles correspondientes” (Búsqueda Nº 1.510).

Luego de las acusaciones, distintos empresarios locales vinculados a González presentaron sus descargos. Coelho dijo que las denuncias en su contra eran “absurdas y maliciosas”. Molinari aseguró que él y De Luca eran los “únicos responsables de la explotación” de las emisoras de las que son titulares (Búsqueda Nº 1.553).

El 22 de diciembre del 2014, con votos del oficialismo, se aprobó en el Parlamento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de sus objetivos es impedir la concentración de medios en las mismas manos, por lo que incorporó el concepto de “grupo económico” en lugar de persona física o titular.

Pruebas “endebles”.

En diciembre de 2011, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria recomendó al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la transmisión de la titularidad de las radios relacionadas con el magnate, luego de que concluyera que había “indicios” de que esas emisoras pertenecían a un “conjunto económico”, lo cual sería una “violación” de las normas vigentes” (Búsqueda Nº 1.641). En diciembre de 2012, no obstante, la Secretaría de Estado archivó el expediente de la investigación. Para el fiscal de gobierno de ese entonces, Miguel Toma, que será secretario de Presidencia en el próximo gobierno de Vázquez, las pruebas del caso eran “muy endebles”.