El mapa narco metropolitano, base de los homicidios, se sustenta en clanes familiares y su constante operativa desde las cárceles

Consultas realizadas por Búsqueda a diversos jerarcas policiales permitieron conocer los nombres y la ubicación de quienes componen esos grupos, su tipo de operativa y las organizaciones aún más importantes que las sustentan.

En los barrios Hipódromo e Ituzaingó, y en Ciudad del Plata, la presencia la marca la familia Figueroa Buscarón, que también tiene conexiones al norte del país desde donde coordinan el ingreso de droga. Su líder, Angelina, alias Gorda Pita, está presa desde 2021 luego de cinco allanamientos a casas y comercios. “La mujer era la encargada de coordinar y recibir la droga en cargamentos que venían desde el exterior. Luego, la droga era fraccionada por personas que reclutaba de contextos sociales críticos y vendida en bocas de su propiedad”, dijo entonces el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa. Junto con otros parientes, fue reformalizada en mayo después de la Operación Sauce.

También son organizaciones conocidas las que buscan el control de Casavalle. Una de ellas es liderada por Carlos Correa Jabiel, el Camala, preso desde 2017 por ser coautor del triple homicidio donde las víctimas fueron encontradas calcinadas adentro de un auto en Colón. Camala mantiene su poder en la zona, donde ha vuelto a operar Mónica Sosa, apodada Gorda Moni y cabecilla de Los Chingas, recordados por desalojar a vecinos de Unidad Casavalle para apropiarse de sus viviendas. Sosa también busca dominar el Borro.

En el 40 Semanas, una de las bandas activas es heredera de Wellington Rodríguez Segade (Tato), un narco asesinado en 2015. Su muerte fue el eje de una guerra que tenía en el bando contrario a Gerardo Algorta (Lalo), quien supo ser su amigo y exempleado, a quien mataron en 2017. Algunos de quienes continuaron en el grupo de Algorta se mudaron a Ciudad del Plata, sitio donde la inseguridad ha ido en aumento y donde los vecinos mantuvieron este año y el pasado reuniones con la Policía para denunciar los puntos de venta de droga.

Villa Española es un barrio con negocio repartido, entre otros, en las manos de las familias Puglia, Albín y Suárez, entre quienes destaca Alejandro Suárez López (Alito), detenido en 2016 tras meses de trabajos de inteligencia.

Ciudad Vieja, La Teja, Tres Ombúes, Marconi, Cruz de Carrasco, Las Piedras y La Paz son los otros lugares donde se mueven los 45 grupos mencionados por Heber en el Parlamento. Ese día la Policía mostró a los legisladores los rostros de quienes dirigen estas bandas, muchos de ellos presos, algunos liberados y unos pocos bajo investigación. También se exhibieron las imágenes de jugadores con menos incidencia en la seguridad diaria del país pero con más poder y dinero. Son los líderes de las organizaciones proveedoras de las bocas de pasta base, al menos seis según los informes de la Policía.

Estas se encargan de comprar la droga que viene del exterior, principalmente vía terrestre de Paraguay y aérea con salida desde Bolivia, y distribuirla para el microtráfico. El precio actual aproximado en origen es de US$ 800 el kilogramo de pasta base, que luego venden al mayoreo localmente a las bandas territoriales a US$ 4.500. Dentro de las bocas, los ladrillos se fragmentan en paquetes de 0,1 gramos a un piso de $ 50 para los consumidores, que compran en promedio 20 dosis diarias. Los cálculos policiales se sustentan en 9.000 consumidores de pasta base que hay en Montevideo y la zona metropolitana, de acuerdo a un análisis elaborado en 2019 por la Junta Nacional de Drogas.

Entre los proveedores identificados por la Policía está Juan Vigorito, procesado en 2020 por los delitos de depósito y distribución en reiteración real y lavado de activos. También está Juan Antonio González Bica, al frente de una organización golpeada en junio por la Policía en la Operación Pitágoras, que detuvo una camioneta ploteada como ambulancia con 420 kilos de droga para vender al mercado local: cocaína valuada en US$ 1.195.000 y pasta base en US$ 1.095.000. González Bica, con antecedentes en Brasil, fue imputado por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización y financiación. Otro de los distribuidores en la carpeta policial es Antoni Suárez, con raíz en Villa Española y hermano de Alito, quien a fines del año pasado fue uno de los blancos de la Operación Cartagena. Allí se incautaron 110 kilos de pasta base ingresadas por Argentina y dos fusiles, dos subfusiles, seis pistolas, un revólver, 18 cargadores con municiones y cinco chalecos antibalas.

Al igual que los vendedores de pasta base, la mayoría de los distribuidores ejecutan su operativa desde la cárcel, una situación que el gobierno no logra cambiar. Al iniciar el nuevo período en marzo de 2020, el Ministerio del Interior decidió redirigir a los apellidos fuertes del narcotráfico al Penal de Libertad, para tenerlos centralizados y no dispersados en unidades de rehabilitación en donde gozaban de más libertades. Allí fue derivado Vigorito, por ejemplo, que luego acordó con la Justicia ser trasladado a la vieja cárcel de Punta Rieles, menos rígida en sus controles. El gobierno también reformó el módulo 12 de Santiago Vázquez como el sector de máxima seguridad del sistema penitenciario, que alberga hoy a algo más de 10 personas procesadas por homicidios, rapiña, hurto, estafa, contrabando de drogas y armas. Pero el lugar es chico y no permite recibir a la cantidad de delincuentes que el Instituto Nacional de Rehabilitación querría.

Esto determina que muchos narcos puedan continuar su negocio desde prisión. Pese a regímenes más duros en cuanto a visitas y comunicaciones, y a megarrequisas que desembocan en decenas de celulares incautados, los narcos aún logran coordinar a sus subordinados: vía corrupción policial, a través de visitas y con la ayuda de otros presos que colaboran en hacer llegar sus órdenes de manera directa cuando quedan libres o con el acceso a celulares que luego descartan cuando son advertidos sobre las requisas.

Cámara de seguridad en la Ciudad Vieja de Montevideo. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Calificación. En 2013, por casos de corrupción policial que complicaban las operaciones antidrogas, la Policía Nacional decidió eliminar las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones, que brindaban el trabajo localizado para apoyar a la DGRTID, más enfocada en el tráfico internacional de cocaína que utiliza a Montevideo como escala. Con el gobierno de coalición se decidió establecer nuevamente ambas brigadas para descentralizar a la Dirección de Drogas y tener divisiones específicas que ataquen las bocas de pasta base en la zona metropolitana.

La Policía sostiene que este y otros cambios resultaron en un golpe al microtráfico —2021 fue un año récord en cuanto al cierre de bocas de venta de pasta base, con 1.152—, que trajo como consecuencia más homicidios entre bandas. “Esto ha llevado también a un aumento de indagados, de formalizados y de condenados. Obviamente este aumento genera pérdidas económicas significativas para las organizaciones criminales. A su vez, dichas pérdidas las llevan a un endeudamiento en los diferentes niveles de la cadena de distribución de droga. Cuanto más abajo es la pérdida de la droga, mayor es el endeudamiento, porque el que está en la boca se endeuda con el que le suministró la droga y este, a su vez, se endeuda con el proveedor. ¿A qué ha llevado todo esto? A que haya disputas por territorios. Esto existió toda la vida, pero cuando la situación es adversa y se producen pérdidas, esa violencia se incrementa. Por estos días hemos visto alguna metodología nueva que aplican estas organizaciones ante las pérdidas económicas o al verse tan golpeadas. Han implementado el ejercicio de la violencia con fines intimidatorios. Tenemos en actas los testimonios de algunas víctimas que han sido violentadas —se les ha efectuado disparos de armas de fuego y se las ha golpeado— para que vayan a comprar a determinado centro de distribución y no compren en la competencia”, dijo en el Parlamento, durante la convocatoria de Heber, el director de la DGRTID, Alfredo Rodríguez.

En Peñarol, que se vio sacudido por una ola de asesinatos en mayo, hubo en un momento cuatro familias en disputa del territorio. Una fue eliminada por la competencia a fuerza de muertes, mientras las otras tres —Vallejo, Caldera y Segales— pelean por el mercado con métodos como intimidar a consumidores, incluir dentro de la operativa a los adictos deudores que no pueden pagar o quedarse con las casas de sus familiares como forma de pago, las que generalmente terminan transformadas en bocas de venta.

Las últimas cifras del Ministerio del Interior muestran un crecimiento del 39% de los homicidios en todo el país, de 135 casos entre enero y junio de 2021 a 188 casos en el mismo período de este año. “Cuando se me pregunta cuál es la causa, tengo que contestar que es por narcotráfico, pero no lo digo con una intención de menosprecio o de calificación de los homicidios en función de que hayan sido por enfrentamientos entre familias, organizaciones, bandas o como se les quiera llamar”, dijo Heber en el Parlamento cuando fue cuestionado por los legisladores de la oposición.

El martes 12, cuando presentó los datos semestrales en conferencia de prensa, el ministro destacó que las muertes a causa de hurtos y rapiñas bajaron sistemáticamente desde 2015 hasta ubicarse en nueve entre enero y junio de 2022. “Son todos homicidios, pero lamentablemente esta es gente que se ha enfrentado contra la delincuencia y no estaba vinculada a la delincuencia. El 50% de los homicidios es por motivos de enfrentamientos de bandas de narcotráfico y de crimen organizado”, reiteró.