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Hace 40 años el valor promedio de un campo en Uruguay estaba por debajo de los US$ 500 la hectárea, en los ochenta superó por poco ese precio para luego decaer y hacia fines de los noventa volvió a pasar ese techo por unos pocos años.
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Pero tras la recaída que supuso la crisis financiera de 2002 y los coletazos de la epidemia de fiebre aftosa que dejaron la carne vacuna uruguaya lejos del comercio internacional, el mercado de tierras local entró en una vorágine que rompió todos los récords en cuanto a los precios, a la extensión transada y a la cantidad de negocios.
Eso ocurrió por la demanda de grandes empresas y fondos de inversión extranjeros para plantar soja y árboles, quizás en menor medida para producir carne, otros granos, pero también con fines especulativos.
Todo eso fue como el despertar de un profundo letargo que sacudió al sector agropecuario y marcó transformaciones en la propiedad de los inmuebles rurales, que en años recientes decayó en el valor promedio y la cantidad de hectáreas. No obstante, en el primer semestre de 2017 el negocio de compraventa de tierras mostró cierta recuperación.
La mitad de la superficie de tierras de uso agropecuario de Uruguay cambió de manos entre 2000 y el primer semestre de 2017, ya que se transaron algo más de ocho millones de hectáreas de un total de 15,8 millones de hectáreas, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (Diea).
El monto total de los negocios de compraventa de tierras fue de US$ 12.510 millones, correspondiente a 36.362 operaciones.
El precio promedio de la hectárea se multiplicó por 10, al pasar de un piso de US$ 386 en 2002 a US$ 3.934 en 2014; luego, entre 2015 y 2016 bajó un 14% acumulado y en la primera mitad de 2017 subió a US$ 3.716, de acuerdo con Diea.
De los ocho millones de hectáreas transadas, cerca de la mitad comprendió compraventas de campos con una extensión inferior a las 1.000 hectáreas, lo que revela la tendencia a la concentración de las propiedades en extensiones cada vez más grandes y a la disminución de las pequeñas explotaciones.
Los productores con escalas menores afrontaron dificultades para mantenerse en actividad y en un escenario de valorización de la tierra decidieron vender sus campos o entregarlos en arrendamiento. Es así que surgió la figura del productor rentista que vive en la ciudad con los ingresos que le reporta el alquiler de su inmueble rural.
Uruguayos S.A.
El 54% de la superficie de campos transados entre 2000 y 2016 fue adquirido en su mayor parte por sociedades anónimas u otras sociedades con una condición jurídica distinta a la de las personas físicas y, por lo tanto, no es posible identificar la nacionalidad, muestran los datos del anuario de Diea, divulgado el miércoles 1º.
El 39% de la extensión de tierras fue comprada por uruguayos y el resto por argentinos, brasileños y de otras nacionalidades.
En cuanto a la nacionalidad de los que vendieron sus campos, el 66% de la superficie de tierras fue vendida por uruguayos, lo que representa una extensión de 5,1 millones de hectáreas, que equivale a 33% del total de suelos de uso agropecuario de Uruguay.
Los departamentos en los que hubo una mayor extensión de campos que cambiaron de dueño en el período considerado fueron Paysandú, con unas 772.000 hectáreas, Tacuarembó con 742.000 hectáreas, Cerro Largo con 701.000 hectáreas y Durazno con 618.000 hectáreas, indican los registros oficiales.
En el período registrado se vendió el 57% de la superficie de suelos sanduceros, el 50% de la tierra tacuaremboense, el 54% de los campos arachanes y el 58% del área agropecuaria duraznense.
Esos departamentos se caracterizan por la explotación ganadera, forestal y agrícola. Principalmente las zonas del noreste del territorio registraron una creciente expansión de plantaciones forestales, mientras que en el centro y litoral oeste hubo una mayor demanda de campos para la producción de granos.
Expectativas.
Sobre la evolución del mercado de tierras, el agrónomo y exdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), Martín Buxedas, destacó a Búsqueda los efectos del crecimiento “exponencial” del precio de la tierra de uso agropecuario y las características de los compradores y los vendedores.
“El primero significó que el valor de este activo llegara al orden de los US$ 50.000 millones, equivalentes a un año del Producto Bruto Interno de Uruguay, lo que benefició a los propietarios tradicionales y a quienes compraron tierras oportunamente”, indicó.
Consideró que “un efecto del mayor precio de la tierra sería una buena noticia, en cuanto estimularía a los productores y empresas a hacer un uso más intensivo de la misma; o sea a ponerle más recursos encima para producir más y obtener mayores ingresos, tal como lo esperan la mayor parte de los economistas”.
En cuanto a los cambios en la propiedad, Buxedas dijo que “los más importantes son la extranjerización de una parte del recurso y la continuación de la tendencia declinante del número de productores familiares”.
“Cuando las expectativas de los negocios se hicieron atractivas, en el marco de políticas que solo comenzaron a dar resultado a comienzos del siglo, los inversionistas extranjeros tomaron posiciones en el agro, la agroindustria y las actividades de exportación”, analizó.
En otro orden, ese técnico valoró el aporte de las inversiones extranjeras a la innovación y al crecimiento productivo en las dos cadenas más dinámicas: la forestal, madera y celulosa, y la de granos de secano. “Sin embargo, subsisten interrogantes que requieren mayores estudios para saber, por ejemplo, si las inversiones tuvieron repercusiones favorables en otros sectores o se circunscribieron a esas empresas; o cuáles fueron las debilidades que impidieron un modelo forestal basado en su fase primaria en cientos de empresas nacionales (la industrial es obviamente concentrada), o una más temprana incorporación de innovaciones en los cultivos; o también las razones por las que hubo tantos vendedores de tierras”, comentó.
