El océano de los peces gordos

Pero así fue como ocurrió en la realidad. La primera requisa gigantesca, obscena, fue en la ciudad alemana de Hamburgo. Las autoridades policiales de ese país encontraron en un solo barco cargado en Uruguay unos 4.500 kilos de cocaína, entreverados entre semillas de soja. La incautación, récord hasta ese momento, generó un escándalo que le costó el puesto al director de Aduanas, Enrique Canon, sustituido por Jaime Borgiani.

En solo tres procedimientos, uno en el exterior y dos internos, fueron cerca de 13.500 kilos los confiscados por las autoridades. El valor estimado de esa cantidad en el mercado europeo, destino probable de la droga, es de unos US$ 3.500 millones, una quinta parte del presupuesto anual de toda la administración central uruguaya. Casi US$ 1.000 millones más que el dinero destinado a la educación pública, incluyendo la primaria, la secundaria, la universitaria y la tecnológica.

Un agregado para hacer la historia todavía más pornográfica: solo la empresa detectada en el último operativo había realizado en diciembre otros tres embarques a Lomé, capital de Togo. Y así ocurre con todas las demás. Se calcula, según los especialistas, que de cada incautación hay otros nueve viajes que llegan a su destino. De ser así, los narcotraficantes operando en el puerto montevideano manejan un presupuesto mayor que el de todo el país.

 Nadie puede dudar de que alrededor de ese negocio tan millonario y redituable hay una estructura formada, que ya tiene una sede local de lujo. Los investigadores aseguran que la droga proviene de Perú y Bolivia y que los grandes líderes de las organizaciones criminales son extranjeros, pero es muy ingenuo pensar que Uruguay permanece ajeno a toda esa infraestructura y solo funciona como un lugar de tránsito.

Con ese presupuesto no debe ser tan difícil para los grupos narcotraficantes procurar aliados locales en la Justicia, en la Policía, en la política, en el fútbol y en todos los lugares donde se toman las decisiones importantes. Negar esa realidad es la forma más rápida de reproducirla.

Después de los 6.000 kilos incautados en menos de cinco meses son solo dos los empresarios procesados: Martín Mutio, primero, y Luis Murialdo, después. Fueron los responsables de los cargamentos y, por eso, los primeros en tener que enfrentarse a la Justicia. Pero es probable que sean solo actores muy secundarios, de esos que ni siquiera se recuerdan al ver la película completa.

Los peces gordos, uruguayos o extranjeros, no aparecen. Seguramente ya están preparando el próximo cargamento. “Ninguno (de los involucrados) te dice cómo son contactados”, relató la semana pasada a Búsqueda la fiscal especializada en estupefacientes, Mónica Ferrero. No lo dicen ni lo dirán, es parte del negocio.

Los procesamientos con prisión de las personas importantes en el negocio del narcotráfico o del lavado de activos en Urugauy se cuentan con los dedos de las manos. Jueces y fiscales le echan la culpa a la Policía porque dicen que no logra investigar lo suficiente ni conseguir las pruebas necesarias como para ir más fondo. Los policías derivan la responsabilidad a la Justicia porque sienten que no los respalda en su accionar y el gobierno suele lavarse las manos. Nadie se hace cargo y los resultados están a la vista.

El 12 de julio de 2018, Búsqueda publicó una nota en la que informaba acerca de la preocupación del titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, y de otros jerarcas políticos y judiciales porque en todo 2017 hubo un solo procesado por el delito de blanqueo de capitales y en la primera mitad de 2018 la situación no había cambiado demasiado. Así siguió en la segunda mitad de ese año y también durante 2019.

 “No estamos siendo eficientes”, reconoció el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al ser consultado para ese artículo periodístico. Es importante que las autoridades a cargo reconozcan el problema, pero eso es solo el principio.

No debe ser tan difícil llegar a las pistas que permitan terminar en pruebas para la Justicia. De hecho, en Búsqueda hemos publicado varias notas con evidencia sobre movimientos sospechosos de dinero o directamente con pruebas de irregularidades, que solo quedan como denuncias periodísticas. La voluntad, según el fiscal de Corte, está, pero a la hora de la verdad pocos se animan.

Al final es como dijo, también en Búsqueda en una nota publicada el 6 de junio de 2019, el argentino Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exmiembro de la Corte Suprema de su país: las cárceles están “llenas de pobres” porque ellos no saben “hacer una offshore”, y lo más fácil para la Policía es atrapar al “idiota que hace una cosa grosera”.

Y si nada cambia, cada vez estarán más llenas. Porque los peces gordos buscan un océano en el cual poder nadar tranquilos y rodearse de muchos pececitos, por más que los más pequeños caigan en las redes de los pescadores amateurs. Los reponen muy rápidamente y unos pocos hasta logran engordar y hacerles competencia. Mientras todos los peces gordos estén en el agua, la población subacuática será cada vez más grande e incontrolable. El principio del fin.