El martes 28 de febrero, el diputado Álvaro Perrone, una de las figuras más cercanas al líder cabildante Guido Manini Ríos en la Cámara Baja, pidió al resto de los socios de la coalición posponer el tratamiento de la reforma para después de la Rendición de Cuentas. El pedido del portavoz cabildante, ahora coordinador de su bancada, desconcertó al resto de los socios de la coalición, quienes ya habían hecho público un calendario de tratamiento del proyecto que incluía su votación a fines de marzo.
Legisladores blancos ofrecieron a Cabildo Abierto una reunión con el principal redactor de la reforma, Rodolfo Saldain, pero Perrone se negó. Ahora se esperan instancias de negociación en los próximos días sin la participación del expresidente del Banco de Prevención Social, en busca de zanjar diferencias. Según fuentes cabildantes, los representantes de este partido no serán “tercos” si se logra un acuerdo que contemple sus aspiraciones, que incluyen varios cambios a la propuesta original.
Fuentes parlamentarias de la coalición explicaron a Búsqueda que las tratativas con Cabildo Abierto circulan por canales formales, en el Parlamento, pero también informales, donde negocian otros proyectos y pedidos que son de interés concreto de ese partido.
En el paquete, además de la mencionada reforma, se encuentran temas como el ingreso de Cabildo Abierto a la Corte Electoral, que el partido liderado por Manini Ríos viene insistiendo desde que se acordaron los criterios para su renovación, y los recursos que se incluirán en el próximo proyecto de Rendición de Cuentas, que será la última que podrá aumentar el gasto público.
La renovación de la Corte Electoral está atascada en el Senado desde hace más de un año, porque no hay acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición (ni tampoco dentro de la propia coalición), sobre quién debería ser el futuro suplente del presidente del organismo, el neutral José Arocena, cuyo nombre ya está acordado por el oficialismo y la oposición, en ausencia de otro que genere consenso.
Sandra Chá y Guido Manini Ríos. Foto: @SandraChaBurone
Cabildo Abierto insiste en el ingreso de la abogada Sandra Chá en lugar del colorado Juan Máspoli. El cambio, si bien había sido acordado en la coalición, no ha podido concretarse, dadas las diferencias entre los colorados y frenteamplistas por la suplencia de Arocena.
La oposición quiere, además, votar conjuntamente la renovación del Tribunal de Cuentas. El Frente Amplio le quitó el respaldo el año pasado a su presidenta, Susana Díaz, luego de su intervención en la sesión del tribunal en la que se decidió no observar la extensión de la concesión de la playa de contenedores a Terminal Cuenca del Plata.
La renovación del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral requiere dos tercios de los votos de la Asamblea General, por lo que un acuerdo entre oficialismo y oposición es imprescindible.
Con la renovación de sus ministros bloqueada, los restantes socios de la coalición preparan un camino alternativo para que Cabildo Abierto esté presente en la Corte Electoral, aunque no pueda tener un ministro.
En la Corte, los funcionarios que ingresan tienen que declarar su filiación política. Hasta el momento los ingresos venían siendo repartidos entre blancos, colorados y frentistas, pero la propuesta implica habilitar el ingreso de funcionarios cabildantes, como una forma de contemplar las aspiraciones de este partido.
Según pudo confirmar Búsqueda con fuentes del organismo, este año la Corte Electoral espera el ingreso de algo más de un centenar de funcionarios, para hacer frente a jubilaciones y retiros, y al refuerzo “imprescindible” que se precisa de cara al período electoral que comienza el año siguiente. El último llamado había sido poco después de las elecciones departamentales de 2020 y en esa oportunidad no habían ingresado funcionarios de filiación cabildante, dado que la regla hasta entonces había sido que los ingresos se correspondían con los ministros de los partidos representados en la Corte.
Corte Electoral. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Otros proyectos en juego
Hay otros proyectos a estudio en el Parlamento que si bien las fuentes consultadas aseguran que no son parte de la negociación primordial con Cabildo Abierto, sí son de interés para esta colectividad política.
Así, el oficialismo espera que el proyecto de reparación a las víctimas de la guerrilla, que fue enviado por el Poder Ejecutivo a pedido de Cabildo Abierto y había sido votado en el Senado a fin del año pasado, sea aprobado la semana que viene en la Comisión de Constitución de Diputados.
A su vez, el partido de Manini Ríos espera por una respuesta en el Senado al proyecto para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años. La iniciativa que presentaron los senadores cabildantes fue retocada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín y su equipo, pero todavía genera dudas en el Partido Colorado y entre algunos blancos.
Los socios de la coalición entienden que Cabildo Abierto está usando otros proyectos como moneda de cambio para que sus propuestas sean escuchadas. Un ejemplo al que recurren dirigentes blancos es la intención del gobierno de cambiar la llamada “ley de medios”, una idea que casi no pudo progresar en el Parlamento. “Cabildo Abierto toma la decisión de no avanzar en los demás aspectos hasta que no le lleven algunas cosas”, reconoció un legislador cabildante a Búsqueda.
A fines del año pasado, Cabildo Abierto dio a conocer al resto de sus socios un anteproyecto para ser votado junto con la “ley de medios” del gobierno, que, entre otras cosas, establecía la creación de una Junta de Garantías en la Comunicación Política, una institución dependiente del Poder Legislativo que tendría funcionamiento autónomo, y cuyo cometido era asegurar que los medios de difusión brinden “comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. También planteaba fórmulas sobre “espacios gratuitos en las campañas” y “publicidad electoral gratuita” para los partidos. Blancos y colorados habían calificado el proyecto como “invotable”, mientras que Cabildo Abierto sostuvo que se basa en una ley italiana votada en 2000, y que incluso contó con la oposición de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi.
Uno de los puntos centrales que cuestionan los legisladores de Cabildo Abierto sobre la propuesta del Poder Ejecutivo, que reemplazaría la Ley N° 19.307 promulgada en el gobierno de José Mujica, está vinculado con la cantidad de frecuencias de radio y televisión que puede tener una persona física o jurídica.
Cabildo Abierto no aceptó los cambios iniciales presentados por el gobierno y tampoco acompañó la idea posterior, impulsada por el Ministerio de Industria, de derogar la “ley de medios” vigente.
Martin Melazzi. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La situación actual, según dijo el diputado colorado Martín Melazzi a Búsqueda, equivale a cero avances. “En las últimas comisiones (el año pasado) veníamos insistiendo en que teníamos que avanzar en la coalición con el articulado en el que no había discrepancias, que era el 90% del total. Pero ellos (Cabildo Abierto) querían que paralelamente se avanzara con ese nuevo proyecto de ley”, aseguró.
Melazzi sostuvo que intentará un “acercamiento una vez más”, pero si fracasa, desistirá. “Y es una lástima porque trabajamos 24 sesiones en el tema recibiendo a 35 delegaciones”. Además, cuestionó que “no se ha percibido un esfuerzo importante del Partido Nacional”, socio mayoritario de la coalición, en “alinear a Cabildo”.
Desde el Poder Ejecutivo, de donde surgió la iniciativa, la línea es clara: insistir con la ley encajonada en la Comisión de Industria, que sustituya a la norma actual, “que ya no puede seguir”, reafirmó el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. Pero la realidad ya les está empezando a demostrar las bondades de un camino del medio. “Capaz que tenemos que ir por derogaciones parciales, juntar cuatro o cinco artículos que puedan salir, las rendiciones de cuenta sirven para eso”, dijo a Búsqueda, aunque aclaró que esto último es una posición “personal”.
Información Nacional
2023-03-02T00:13:00
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