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“Sospechado”: así se confesó el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino. El magistrado dijo el jueves 30 de mayo en una entrevista con TNU Noticias que por “razones de delicadeza y decoro” se siente en el deber de apartarse de los expedientes sobre casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
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Ruibal fue objeto de una agudización de las críticas que recibía desde antes por parte de grupos de derechos humanos y dirigentes oficialistas, luego de que utilizó la palabra “muralla” para graficar una situación: como la Corte ya se había pronunciado en un caso contra la norma que eliminó la “ley de caducidad”, entonces las demás causas se enfrentarían a esa misma postura.
Al igual que Ruibal, los demás ministros están recusados por impulsores de esas causas con el argumento de que ya fijaron posición de antemano. Quienes “se entiendan bien recusados no van a trabajar más en esos expedientes, que hoy creo que son diez u once” casos, comentó Ruibal.
Si eso ocurre se sortearán ministros del Tribunal de Apelaciones para que ocupen los lugares de los que se concluyeron bien recusados, remarcó el presidente de la SCJ en una entrevista con radio Montecarlo.
Otra de las hipótesis probables es que las recusaciones no prosperen. “En ese caso, entonces, recién va a operar mi solicitud de abstención, que no es que yo me aparte, sino que el resto de la Corte me tiene que autorizar a apartarme porque entiende válidos los motivos que expongo”, aclaró.
Un día antes, el jueves 30, el magistrado mantuvo una reunión con el jefe para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, quien le transmitió su crítica al órgano judicial por dictaminar como inconstitucional la norma que eliminó la “ley de caducidad”.
En declaraciones al diario “El País”, Incalcaterra dijo que la decisión genera “impunidad” y advirtió que Uruguay se expone a recibir sanciones internacionales. El fallo de la Corte entendió que los crímenes cometidos durante la dictadura son delitos comunes y por eso prescribieron en noviembre del 2011.
Por otro lado el jurista español Baltasar Garzón, quien como juez cobró notoriedad internacional —entre otras medidas— por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, también criticó a la SCJ uruguaya en la misma línea argumental que Incalcaterra. En una entrevista con el programa “El tiempo no para” de radio Nacional declaró que “la Corte tiene un planteamiento muy restrictivo sobre los aspectos de los crímenes de lesa humanidad”, algo que también ocurrió en su país.
“Se anclan en una teoría muy restrictiva que en definitiva lo que produce es un ambiente de impunidad. (…) Optan porque el pasado y el olvido sea la norma que rige cuando debería ser lo contrario”, dijo.
El ex presidente y actual senador por el Partido Nacional Luis Alberto Lacalle sostuvo que ve con preocupación la situación actual y valoró como un hecho “grave” que autoridades del Poder Ejecutivo fueran a reunirse con los jerarcas del Poder Judicial para transmitirles preocupación por sus fallos en casos de derechos humanos.
El ex mandatario formuló estas declaraciones en la media hora previa de la sesión de la Cámara de Senadores del martes 4, en referencia a la reunión que algunos ministros del Poder Ejecutivo mantuvieron con los integrantes de la SCJ el miércoles 15 de mayo. Según informó Búsqueda (Nº 1.713) los jerarcas de gobierno le transmitieron a los ministros de la Corte la preocupación y críticas de organismos internacionales por sus fallos sobre derechos humanos.
Para Lacalle se trató de un hecho “singular y sin antecedentes”: “Esto se inscribe dentro de varias opiniones preocupantes, todas ellas relativas a la independencia del Poder Judicial. Pero opiniones es una cosa, planteos de hacer reformas es una cosa, críticas a decisiones: totalmente legítimas. Pero una visita de este tipo que ha tenido todo tipo de comentarios que no me voy a hacer eco, es otra cosa”.
Lacalle hacía referencia a los cuestionamientos de dirigentes de primera línea del Frente Amplio que plantearon la necesidad de reformar al Poder Judicial sobre el concepto de “democratización”.
