El presidente del Círculo Militar propone una salida para “saber dónde están” los desaparecidos, “evitando circos mediáticos”

Córdoba reclamó que la investigación “se realice objetivamente, con amplitud de espíritu, sin pasiones desencajadas, evitando circos mediáticos, con lo cual se podría lograr el tan ansiado fin, pese a las cuatro décadas pasadas, en las cuales muchos de los intervinientes han muerto”.

“Dejemos de insistir con los mismos planteos. De un lado unos piden amnistía total, del otro piden verdad y justicia. Busquemos un camino objetivo que permita cerrar la etapa, encontrando la verdad sin difamar ni perseguir”, agregó.

La iniciativa de Córdoba coincide con el recomienzo de las excavaciones por orden judicial en la zona de Manga, donde hasta hace algunos meses estuvo ubicado el batallón de infantería mecanizada Nº 13, en el que ya fueron hallados restos de detenidos desa­parecidos.

“¿Trataría de colaborar?”.

Por otra parte la organización Madres y Familiares de Detenidos Desa­parecidos emitió en estos días una “Carta abierta a nuestros compatriotas” en la búsqueda de nuevas pistas de sus seres queridos. “Si usted se entera de que ha desaparecido una persona y por diversas circunstancias sabe algo, un detalle, una información, ¿qué haría? ¿Se callaría o trataría de colaborar con los familiares? Eso venimos a pedirle. (...) No recibirá ninguna recompensa, solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus compatriotas. Es su opción: identificarse o no, aporte sus datos, pero hágalo con responsabilidad, no juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias”, dice la carta.

La organización propone que se entregue información en “alguna parroquia, templo o sinagoga”, en la sede de Nicaragua y Libertador o mediante el 0800 9942 con datos que ayuden a “esclarecer lo sucedido en aquellos años, de 1971 en adelante, tanto en el Uruguay como en el exterior”.

El “modo Vázquez”.

El 19 de mayo pasado, un día antes de la tradicional marcha del 20 de mayo, Vázquez y todos sus ministros firmaron un decreto en el cual se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y se dotó de nuevas atribuciones a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

El Grupo de Trabajo, cuya sede está en la Galería Caubarrere (Convención y 18 de Julio), en el mismo piso que la Secretaría, tiene como “propósito esencial investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste” y está compuesto por siete integrantes honorarios: Macarena Gelman (coordinadora este año), Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota.

Para la Secretaría, al frente de la cual fue designada la historiadora Isabel Wschebor, el decreto previó como cometidos “constituir el soporte funcional y administrativo del Grupo de Trabajo” que trazará “planes (...) y líneas de acción”.

La iniciativa del presidente estaría dando su propio curso en materia de derechos humanos.

Un artículo del secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Wilder Tyler, publicado en el Informe 2013-2014 de Serpaj, el mismo que recibió ácidas críticas del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, elogió los avances del primer gobierno del Frente Amplio y dijo que “paradójicamente” el encabezado por José Mujica “parece olvidarse (nuevamente) de que no hay que olvidar a los desaparecidos”. Tyler dijo que se produjo un “embate reaccionario de una cúpula judicial que dio la espalda al rol que estaba llamada a jugar en la historia del país” mientras “el gobierno parece haber optado por la pasividad, cuando más se necesitaba su liderazgo”.

Los siete integrantes del Grupo de Trabajo y los 14 funcionarios que trabajan en la Secretaría, aunque tienen perspectivas distintas, actúan para poner a punto los archivos de la Secretaría, en la linea de recuperar el tiempo perdido durante años anteriores.

Una de las prioridades de Wschebor, además de ordenar la Secretaría, es la creación de un protocolo que permita una “boca única” de consulta, para facilitar el acceso a los usuarios y evitar duplicaciones.

“Las personas tienen el derecho a reclamar, pero una cosa es el papel y otra la realidad en la que existen problemas logísticos y políticos, aunque la voluntad del presidente de avanzar existe”, dijo Wschebor a Búsqueda.

El nuevo curso no estuvo exento de dificultades. Tanto el la central sindical PIT-CNT como la organización de ex presos políticos Crysol reclamaron a comienzos de año por haber sido excluidos del Grupo de Trabajo. En febrero, antes de asumir, Vázquez recibió el planteo a través de la entonces presidenta del Frente Amplio, la senadora Mónica Xavier, aunque no cambió su posición.

La Comisión de Derechos Humanos de la central sindical, conducida durante años por el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Edgardo Oyenard, marcó su discrepancia y el secretariado envió una carta al presidente Vázquez fijando varios puntos con su postura, fruto de 35 años de actividad en la materia.

En diciembre del año pasado, Ariel Julio Castro, nieto del maestro y periodista desaparecido Julio Castro, cuyo esqueleto fue hallado en 2011, dijo a Búsqueda que investigar en las condiciones que tuvo que hacerlo su familia, aun durante el gobierno del Frente Amplio, “es como pelear con una mano atada”.

Castro fue el tercer cadáver de desaparecidos encontrado desde el 2005. Los otros fueron Ubagesner Chaves Sosa, en una chacra de la Fuerza Aérea a pocos kilómetros de Pando, y Fernando Miranda, en el Batallón de Infantería 13 del Ejército. Luego fue encontrado Ricardo Blanco Valiente.

Las dificultades en la búsqueda de los desaparecidos tuvieron un momento crítico cuando la organización Familiares quitó la confianza al antropólogo José López Mazz, hasta entonces a cargo de un equipo de la Facultad de Humanidades contratado por Presidencia.