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El artículo incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas que otorga la potestad a la Policía de acceder al registro de clubes y autocultivadores de marihuana provocó un debate áspero casi de inmediato. Esa discusión, sin embargo, podría tener vuelo corto porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, considera que ese polémico artículo debe ser retirado de la propuesta, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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Después de que se desatara la polémica por el artículo, el presidente transmitió a su entorno que está en contra de la medida, reafirmó su carácter liberal y aseguró que no puede ir en contra de su propio archivo en este tema, dijeron los informantes.
El proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento establece en su artículo 72 que “la información de la dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio del Interior, a los fines de la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares”.
El artículo respondía a una inquietud planteada por la Policía y contó con el respaldo de las anteriores y actuales autoridades del Ministerio del Interior.
Prácticamente desde que iniciaron su trabajo el 1º de marzo de 2020, las nuevas jerarquías de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) advirtieron al entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que iba a ser necesario un mayor trabajo en conjunto con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y una mayor participación de la Policía Nacional en el tema.
Se guiaron por dos elementos: el aumento de incautaciones de marihuana en clubes cannábicos que superaba el límite previsto por la ley de regulación de esa droga y el aumento de incautaciones de marihuana uruguaya en el sur de Brasil por parte de la Policía Federal de ese país.
En mayo de 2020 Búsqueda informó que desde la DGRTID le transmitieron a Larrañaga que la falta de fiscalizadores y controles del Ircca era aprovechada por cultivadores que en los clubes producían cannabis en exceso para comercializarlo de manera ilegal a Brasil: el kilo de cogollo en Uruguay tiene un valor actual de $ 50.000 frente a $ 150.000 en Brasil, un precio tres veces superior. Incluso sospechaban de personas con antecedentes por narcotráfico detrás de las maniobras para usar a los clubes como pantalla legal.
En un inicio Larrañaga fue cauto y eligió no plantear cambios públicamente ni ante el Poder Ejecutivo. “Hay que cumplir con toda firmeza el tema de la ley, eso me parece muy importante. Por ahora no se plantea cambiar la regulación”, dijo a Búsqueda en julio de 2020.
Sin embargo, los informes elevados por la DGRTID, que mostraban un panorama general de crecimiento en sus decomisos de plantas, semillas y flores de marihuana, terminaron por convencer a la cúpula del ministerio. En una rueda de prensa en octubre Larrañaga anunció que la Policía buscaba acceder a cierta información de la base de datos del Ircca. “No creo que con cuatro inspectores se puedan inspeccionar 159 clubes cannábicos en todo el país. Lo que nosotros queremos es tener acceso a la información de los clubes cannábicos para cruzar la información y poder tener intervención. Si está todo bien, correcto, pero si hay una situación anormal poder tener reacción”.
Larrañaga insistió con esa postura en sucesivas oportunidades y una posición similar adoptó su sucesor Luis Alberto Heber, quien la semana pasada, horas antes de que el gobierno enviara al Parlamento la Rendición de Cuentas, comunicó a la DGTRID que el documento incluiría un artículo para finalmente mejorar la vigilancia a la producción ilegal de cannabis.
El ministro Heber trabaja en la interna del ministerio una redacción alternativa al articulado, informó ayer miércolesEl País.
Luis Alberto Heber. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Fascista
Cuando Larrañaga propuso ese cambio públicamente, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, salió al cruce de esa idea. Y volvió a hacerlo la semana pasada cuando se enteró por los medios sobre el contenido de la Rendición de Cuentas.
“Esto es un error y hay que extirparlo”, declaró Radío el jueves 1º a En perspectiva. “Estamos siendo desleales con los usuarios, a los que les dijimos que sus datos iban a ser reservados. Los engañamos”.
La ley, aprobada en diciembre del 2013, estableció que era obligatorio registrarse ante el Ircca para poder comprar en farmacias, plantar en el hogar o inscribirse en un club. Algunas organizaciones que promovían el cambio legislativo cuestionaron que se creara un registro para consumir una droga legal, un requisito que no existía para otras sustancias como el alcohol.
Según datos del Ircca hay 45.129 personas inscriptas para comprar en farmacias, 12.386 para cultivar hasta seis plantas en el hogar y 5.152 miembros de clubes cannábicos.
De acuerdo con los datos del Ircca las inspecciones a clubes habilitados subieron de manera constante desde 2016. En 2018 hubo 200 inspecciones y dos sanciones, en 2019 fueron 243 las inspecciones y 21 las sanciones y el año pasado hubo 435 inspecciones y 24 sanciones, algunas de las cuales son producto de expedientes generados el año anterior. En una tendencia contraria, los controles a autocultivadores bajaron todos los años desde que se aplica la ley. Fueron 45 en 2020 y habían sido 46 y 148 en 2019 y 2018, respectivamente (Búsqueda Nº 2.123).
Lacalle Pou era entonces diputado y fue crítico con la idea. En 2012 declaró en rueda de prensa que la existencia de ese registro de consumidores era propia de un Estado fascista.
Ahora, tras la polémica desatada por la inclusión del artículo en la primera Rendición de Cuentas de su gobierno, el mandatario solicitará a la bancada oficialista que retire esa propuesta del articulado antes de avanzar con la aprobación de la ley.
