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Con énfasis en los asentamientos, la primera Rendición de Cuentas multicolor también abarca el CO2, el telepeaje y la marihuana
El proyecto del Poder Ejecutivo prevé que la Policía acceda a datos de autocultivadores y clubes de cannabis y habilita a que haga inspecciones en esas direcciones
Azucena Arbeleche en el despacho de presidencia del Senado en el Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cumplió con el protocolo y en la noche del último día de junio arribó al Parlamento con buena parte de su equipo detrás y el grueso cuaderno en sus manos. Entregó a la vicepresidenta Beatriz Argimón los 305 artículos de la primera Rendición de Cuentas del gobierno y luego reafirmó ante los medios la línea que lleva: un gasto presupuestal acotado y centrado en el “contenido social”, que supone regularizar los asentamientos y apoyar la primera infancia.
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Aunque esos fueron los puntos destacados por el oficialismo, el documento además se ocupa de una variedad de temas, muchos extrapresupuestales, que atañen a casi todas las secretarías de Estado. Entre ellos, un impuesto al dióxido de carbono, el telepeaje obligatorio para los automóviles, el acceso de la Policía a datos sobre cannabis, la eliminación del programa Uruguay Trabaja y la historia clínica electrónica como única fuente para acreditar enfermedades.
Tal como había adelantado el presidente Luis Lacalle Pou, dentro del Ministerio de Vivienda se propone construir el Fideicomiso Integración Social y Urbana, que será destinado a financiar programas que atiendan la situación de los asentamientos. Los recursos, según el artículo 209, serán la transferencia del 100% de lo recaudado por el impuesto adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales. Jerarcas de gobierno dijeron a Búsqueda que con este mecanismo se espera recaudar unos US$ 150 millones.
El sábado 26 Lacalle Pou anunció en Twitter que la herramienta, acordada con los socios de la coalición, permitirá “avanzar más rápidamente en la regularización y relocalización de asentamientos”.
La rendición también prevé dotar de estructura a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), que cuenta con menos de una decena de funcionarios derivados del Ministerio de Vivienda y a los que ahora se agregarán 20 más que ingresarán bajo régimen de pases en comisión. La Dinisu tiene en su órbita programas para mejorar la calidad de vida de la población en situación vulnerable.
Por otra parte, el ministerio incluyó un artículo que prevé sanciones a las intendencias que no controlen y denuncien la instalación de asentamientos irregulares: el artículo 207 afirma que se resarcirá al Poder Ejecutivo “de los costos incurridos en el desalojo y relocación” de asentamientos “cuando se constate la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia de parte de los gobiernos departamentales”.
El enfoque social de la Rendición de Cuentas que valoró Arbeleche se completa con una medida que también había sido comunicada por las autoridades semanas atrás: una partida anual de $ 2.117 millones para la atención integral a la primera infancia. La normativa crea un equipo de coordinación para definir los lineamientos y la estrategia de este programa.
Reducción de gases
El Ministerio de Ambiente, creado el año pasado y todavía en vías de fortalecerse, logró algunos de sus objetivos de obtener más recursos. La rendición le asignará, si se aprueba sin cambios, una partida de $ 4.800.000 para el programa de gestión ambiental y ordenación del territorio” y otros $ 2.500.000 para el sistema de administración del uso del agua. En ambos casos el dinero saldrá de Rentas Generales.
Ambientalmente, unas de las novedades más importantes es la creación de un impuesto al dióxido de carbono (CO2) emitido. Grava la primera enajenación y la afectación al uso propio, realizada por los fabricantes e importadores de ciertos bienes, con un monto fijo que establecerá el Poder Ejecutivo por tonelada: inicialmente es de $ 5.286 tanto para la nafta súper 30-s como la Premium 97. Parte de lo recaudado podrá destinarse a financiar “políticas que promuevan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte sustentable”, etcétera.
También en referencia a los combustibles se amplían los cometidos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en el mercado, ya que ahora deberá incidir en la “fijación de precios máximos intermedios, posibles limitaciones de participación en más de una de las etapas de distribución de combustibles, así como plazos máximos en las vinculaciones entre agentes y otras condiciones de estructuración o prestación que razonablemente lo justifique conforme al interés público”.
Uno de los artículos finales del documento, el 301, establece que los “precios de los productos no monopolizados que comercialicen los entes autónomos y servicios descentralizados” de dominio industrial y comercial “serán fijados directamente por el Directorio”, y de inmediato lo deberán comunicar al Poder Ejecutivo. Este, dentro de los 30 días después de recibida la comunicación, podrá “modificar para el futuro dichos precios”.
Si se aprueba la propuesta del gobierno, los accionistas de compañías de servicios de telecomunicaciones deberán contar con autorización del Poder Ejecutivo para realizar “transferencias” de “cualquier forma de participación” que tengan.
Además, se crea en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), que funcionará en el ámbito de la Ursec y será administrado por un Comité de Acceso Universal de Telecomunicaciones. Se encomienda a la Ursec proponer al Poder Ejecutivo una nómina de integrantes para este comité en un plazo de 120 días.
Se abrirá un “concurso competitivo abierto y transparente” para conceder los fondos que deberán ser destinados a la provisión de infraestructura en zonas que hoy no tienen cobertura. Una vez instalada esta capacidad, todas las empresas que presten servicios en el país tendrán la obligación de extenderlos a estas regiones.
El gobierno prevé que el FUT sea financiado, al menos en parte, con la futura subasta de frecuencias de 5G, confirmaron a Búsqueda desde el Poder Ejecutivo.
En la Ursec también se crearía un registro denominado “No llame” para proteger a los “los titulares o usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados a través de estos”.
Prevención de delitos
En materia de transporte la nueva normativa dispone que será obligatorio para los vehículos que circulen por las rutas nacionales contar con “un dispositivo de identificación electrónica” que facilite el pago del peaje. El dispositivo será entregado de forma gratuita por el Ministerio de Transporte.
En el articulado de este inciso también hay disposiciones tendientes a establecer un control más estricto del transporte de carga con suspensiones de entre 24 horas y seis meses para las empresas. Otras modifican detalles respecto a las expropiaciones, un tema en el cual la cartera está sufriendo retrasos para el avance de la obra del Ferrocarril Central.
En cuanto a seguridad pública, la Rendición de Cuentas pretende zanjar una polémica que ha puesto en veredas opuestas a actores del oficialismo. Establece que “la información de la dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis serán de acceso” del Ministerio del Interior, bajo el objetivo de prevenir delitos. El ministerio podrá incluso realizar inspecciones y controles regulares a estas direcciones.
La disposición cumple con un largo reclamo de la cartera, encabezado públicamente por el entonces ministro Jorge Larrañaga. El Ircca y el secretario general de Drogas, Daniel Radío, habían negado a la Policía acceder a sus datos por entender que incumple con la ley vigente y perjudica a quienes confían en la regularización de la marihuana.
Accesos y madrinas
Una de las modificaciones más sobresalientes previstas en la Rendición de Cuentas se encuentra en el capítulo del Ministerio de Desarrollo Social: el artículo 212 elimina Uruguay Trabaja, un programa socioeducativo laboral simbólico, creado en 2007 por el primer gobierno frenteamplista, que propone generar oportunidades de inclusión mediante el trabajo. Sus mecanismos de financiación serán dirigidos a una nueva iniciativa llamada Accesos. Su objetivo es “la inserción laboral y el desarrollo socioeducativo de los participantes de otros programas” del Mides o de otros organismos públicos; tendrá alcance nacional y actuará mediante convenios con organismos e instituciones públicas y privadas.
El articulado aclara que “los participantes no tendrán vínculo laboral o funcional con el Ministerio de Desarrollo Social, ni con los organismos públicos que definan las tareas a realizar, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad ni injerencia en la relación laboral entre el participante y la empresa privada u organización contratante”. El programa tendrá dos fases. En la primera el Ministerio de Desarrollo Social abonará a los participantes “una prestación mensual que será equivalente a un salario mínimo nacional”, pero “no tendrá naturaleza salarial ni retributiva”. Durante la segunda fase, las empresas privadas o las organizaciones, seleccionadas por la cartera, “asumirán la calidad de contratante del participante”. El Estado las reconocerá con el sello anual de “madrinas”, que se hará público. Estas empresas u organizaciones serán responsables del pago de las cargas legales asociadas a las contrataciones, pero pueden acceder a exoneraciones de los aportes patronales a la seguridad social, entre otros beneficios.
En la órbita del Banco de Previsión Social (BPS) se establece que la historia clínica electrónica pase a ser “la única fuente válida” para acreditar las enfermedades y definir la certificación médica. El proyecto de ley indica que esta información será comunicada al BPS, que sabrá el tiempo estimado de reintegro de un trabajador. Con estos datos el organismo podrá definir si corresponde o no el pago del subsidio por enfermedad al asalariado. De aprobarse este artículo, el banco tendrá la potestad de exigir auditorías de las historias clínicas a los prestadores de salud. Las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán como fecha límite para ingresar al Sistema Nacional de Certificación Laboral el 31 de diciembre de 2022.
