Cuando los empresarios se quejan por lo que consideran es un elevado “costo país”, aluden en general a los impuestos y a las tarifas de los servicios públicos que soportan sus negocios. Ello lleva implícita otra carga, asociada a lo que les cuesta todo lo relacionado con el proceso de pagar los tributos.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que respresentan cerca de 97% de las firmas en Uruguay, dicho costo —en promedio ponderado para cada una— ascendió a U$S 2.808 anuales. La cifra es menor para aquellas de porte más reducido (U$S 2.796) que para las medianas y grandes, que ascendió a U$S 7.033 al año básicamente por la complejidad de sus procesos contables y el mayor uso de asesores externos que realizan.
Este costo de transacción tributario fue calculado en el marco de un programa de cooperación con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Este proyecto, que se inició con Costa Rica —donde dicho costo fue estimado en U$S 2.156 anuales por empresa— y Uruguay, apuntó a desarrollar un manual de medición aplicable a otros países de la región.
De esa investigación surge además que, en promedio, una Mipyme uruguaya destina 241 horas al año a cumplir con sus obligaciones con la Dirección General Impositiva (DGI). Eso se compara con las 134 horas que le lleva a las costarricenses.
Las Mipymes son las unidades económicas que ocupan a entre una y 99 personas, y cuyas ventas anuales van de entre 2 a 75 millones de unidades indexadas a la inflación. Se estima que hay unas 134.700 empresas de esa categoría (aunque la cantidad de contribuyentes a la DGI fueron aproximadamente 87.000, que estuvieron gravados por IVA mínimo, IVA o IRAE según el caso).
El costo de pagar
El estudio de los costos de transacción tributaria en Uruguay tuvo en cuenta aquellos administrativos —los incurridos por el Estado para administrar el sistema tribuatrio— y los de cumplimiento —que recaen sobre los contribuyentes.
Para las empresas, en los costos de cumplimiento inciden algunos internos (laborales directos y no laborales) y también externos (por la contratación de servicios profesionales). Su estimación se realizó mediante una encuesta a 1.151 Mipymes en actividad —comercio, servicios, profesionales, industria, agro, artesanos, feriantes y otros— de Montevideo y el interior del país, que debieron completar entre mayo y junio de 2013.
El costo interno fue estimado en función del tiempo que los recursos humanos de las firmas tomadas como muestra destinaron a desarrollar las tareas que exige el pago de tributos; fueron 135 horas al año en las microempresas, 269 en las pequeñas y 319 en las medianas (241 horas anuales en promedio). Tras asignársele un valor monetario a esas horas y extrapolarlo al conjunto de las Mipymes, se llegó a que el costo total de cumplimiento en Uruguay para 2012 fue de U$S 662,7 millones, lo que representa 1,31% del Producto Bruto Interno (PBI).
A su vez, los costos de cumplimiento representaron 1,05% de las ventas totales para el promedio ponderado de las Mipymes. Las microempresas son las que soportan el mayor costo en términos de su facturación (1,21%), lo que según la CIAT y Naciones Unidas muestra una “regresividad” en esta materia.
“Los costos y gastos externos son un componente importante” en torno al proceso de cumplimiento tributario en Uruguay, sentencian. Los asesores tercerizados colaboran básicamente en el registro y llenado de libros contables, los trámites habituales ante la administración de impuestos, la actualización y registro de la información, y la presentación de declaraciones juradas, surge de las encuestas.
Las respuestas que dieron los empresarios se consideraron una base insuficiente para estimar un costo preciso sobre los honorarios de los asesores externos. Tomando en cuenta eso y los valores proporcionados por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, se estimó que las microempresas deben pagar por tal concepto U$S 390 al año, las pequeñas con contabilidad suficiente U$S 1.560 y las medianas U$S 2.340. “En otras palabras —agregan las instituciones que elaboraron el trabajo—, los costos de asesoría externa que vienen asumiendo las empresas, fundamentalmente las micro y pequeñas, son elevados”.
Sobre este punto, en el documento se señala que “es posible también regular el rol de los asesores externos cuya capacidad de enfrentar el sistema tributario es mayor que la del contribuyente ya sea por formación (contabilidad tributaria) o por experiencia en la materia. Así, la administración tributaria del país debería encontrar un equilibrio que debiera igualar al costo de oportunidad del contribuyente”.
Cuando se le preguntó al contribuyente cuál fue la razón para contratar los servicios de un asesor externo, las respuestas que dieron con más frecuencia fueron que éste les brinda información “con mayor detalle que la DGI” y por “falta de tiempo” para ir a las oficinas de ese organismo para solicitar datos. Según los autores del estudio, esto es un indicio de que existe un campo de acción dentro de la administración tributaria para facilitar el acceso a información de modo que no sea necesaria la contratación de un asesor externo para los contribuyentes.
La mitad de los dueños de las Mipymes encuestados declaró que usó menos de una hora al mes para capacitarse en materia de obligaciones tributarias. El 18% de los responsables del pago de impuestos y el 33% de los gerentes le dedican más de tres horas.
Tres de cada cuatro contribuyentes utilizan Internet para cumplir con sus compromisos con la DGI, mientras que 59% actualiza sus registros en las propias oficinas del organismo recaudador. “Existe importante espacio de reducción de costos de cumplimiento orientando procesos de actualización al espacio virtual. Definitivamente, este puede considerarse un proceso crítico y la posibilidad de realizarlo en forma no presencial podría ser para la DGI una razón de pérdida de control”, se afirma en el estudio.
La oficina recaudadora viene trabajando en esa dirección y su plan operativo de 2014 contempla algunas acciones para simplificar el pago de tributos, y otros trámites y comunicaciones, además de un uso más intensivo de la información que obtiene de las empresas para controlarlas (ver Búsqueda Nº 1.752).
El 72% de los contribuyentes emplea formularios electrónicos para la presentación de declaración jurada de impuestos.
Las empresas más chicas usan preferentemente el dinero en efectivo para los pagos a la DGI (89%); entre las demás es más frecuente el empleo de cheques o el débito en cuentas bancarias.
Casi dos de cada 10 Mipymes aseguró haber recibido algún requerimiento o acción de control de la Impositiva con fines de control en los 12 meses previos a la realización de la encuesta, ya sea información del negocio, verificación de diferencias o fiscalización de registros contables, por ejemplo.
Recomendaciones
El costo administrativo fue estimado cuantificando para 2012 el costo de la plantilla de funcionarios identificados por cada proceso o subproceso sustantivo de la DGI. Se adicionaron los costos de suministros y otros servicios empleados por esos recursos humanos en su labor. Así, el costo de administración tributaria se calculó en el equivalente a 0,188% del PBI.
El estudio incluyó varias recomendaciones.
Por un lado, que el régimen simplificado de IVA ofrezca herramientas virtuales para el cumplimiento de las declaraciones trimestrales, de forma de reducirle los costos del cumplimiento tributario a ese segmento de contribuyentes.
Por otro, sugiere “revisar el rol de los contadores dentro de las empresas y su relación con la administración tributaria”. Eso porque se evidenció que aquellas encuestas respondidas por el contador “in house” de la empresa tenían mejores resultados cuantitativos y de efectividad en los costos de cumplimiento.
Asimismo, aconseja incluir ventanillas de asesoría técnica especializada para que el contribuyente tenga una opción frente a la contratación de asesores externos.
