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El procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Rafael Ubiría, rechazó la acción de nulidad que la jueza Mariana Mota presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por su traslado de un juzgado penal a una sede civil en febrero de 2013, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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Según las fuentes, Ubiría opinó que el cambio de Mota fue ajustado a Derecho porque ese mismo día se produjo el traslado y ascenso de más de una decena de magistrados basado en razones de “mejor servicio”. Eso demuestra, opinó, que no existe una motivación espuria en el acto administrativo.
Por otra parte, el fiscal del Estado en lo Contencioso Administrativo sostuvo que la ausencia de consulta al fiscal de Corte no genera nulidad en el acto administrativo, porque se trata de una opinión que no es vinculante para la corporación.
El traslado de Mota generó una gran repercusión pública y determinó la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia por más de tres horas, lo que implicó que la ex jueza Gabriela Merialdo procesara por el delito de “asonada” a siete personas.